José Hemel Quintero Ley, sobrino de Caro Quintero y la empresa “Asesora QL-Peon SA de CV”,   representantes de 4 campesinos,  interpusieron una demanda legal ante el Tribunal Agrario 28 para exigir se anule el decreto de “Área Natural Protegida” que ejidatarios del Ejido el Bajío acordaron voluntariamente ante la Procuraduría Ambiental, para proteger sus tierras de las empresas mineras ya que su subsuelo cuenta con vetas de oro, denunciaron a Proceso representantes del ejido.

Los 4 Campesinos, Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, José Concepción Cruz Pérez y Luis Enrique Crz Figueroa, que  son asesorados por  el senador del Partido del Trabajo  José Narro Céspedes, formaban parte del Ejido el Bajío pero perdieron sus derechos ejidales por rentar sus tierras a la Mina la Herradura sin la autorización de la Asamblea Ejidal.

El pasado  11 de diciembre de 2023, José Hemel Quintero, y los representantes legales de la empresa “Asesora QL-Peon SA de CV, pusieron ante el Tribunal Agrario del Distrito 28, con sede en Hermosillo, Sonora, la demanda que “reclama como acción principal la nulidad absoluta del acta de la asamblea general de los ejidatarios”, con la cual los ejidatarios acordaron voluntariamente destinar parte de sus tierra como “Área Natural Protegida”.

La demanda exige que se anule el certificado CONAP 56-2023 de fecha 15 de agosto del año 2023 firmado por Humberto Adán Peña Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con la cual se protegen más de 2.4 millones de hectáreas de las actividades mineras.

“Son precisamente las zonas donde la Minera Penmont, subsidiaria de Minera la Herradura, estuvo saqueando oro ilegalmente de las tierras del Ejido el Bajío”, informó a Proceso el abogado Sergio García, representante legal de los ejidatarios.

Los cuatro ejidatarios que reclaman la nulidad, que son asesorados por el senador José Narro Céspedes,  ya perdieron sus derechos ejidales ante la autoridades agrarias, precisó el abogado.

Los ejidatarios denunciaron que detrás de  esta nueva ofensiva legal está  Minera la Herradura, propiedad del  “Grupo Fresnillo plc”, que se niega a pagar la compensación que ordenó el Tribunal Agrario por el usufructo ilegal de sus tierras durante cerca de  cinco años, tiempo en el cual sacaron oro con valor a más de 300 millones de dólares.

Con ese supuesto “título de propiedad” que le otorgaron los 4 campesinos asesorados por el Senador del Partido del Trabajo,  la empresa minera Penmont edificó en el Ejido el Bajío  la mina Dipolos,  una “pequeña ciudad” de 5,000 trabajadores, para explotar un enorme tajo a cielo abierto, del cual estuvieron extrayendo oro de manera ilegal durante unos cinco años.
En ese periodo el inmenso hoyo se profundizó en unos 7 niveles mientras la tierra y piedras extraídas conformaron una gran montaña artificial que obstruye el horizonte
del desierto y ahora esa zona está protegida por  decretó  de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

Al inicio del año 2013, 67 ejidatarios interponen ante el Tribunal Agrario 28 de Hermosillo, Sonora, una demanda de forma individual contra minera Penmont, por daños ambientales, el usufructo ilegal de sus tierras y solicitan resarcir sus terrenos y la devolución del oro.

Para mediados de ese año, el 9 de junio, el Tribunal Agrario número 28 dicta sentencia a favor los ejidatarios, comenzando así una desigual lucha para que se respetara el fallo a su favor.