Inaugurado en el Día de los Muertos en 1882, el panteón civil de Dolores, el más grande nuestro país, alberga la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan figuras como Venustiano Carranza, Dolores del Río, Agustín Lara, Amado Nervo, Diego Rivera y las víctimas de la Masacre de los Migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que después de 15 años, una parte sigue sin identificar.

Ningún letrero anuncia la fosa común del Panteón Civil de Dolores. A diferencia de la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como el compositor de “María Bonita, María del Alma” y la escritora Rosario Castellanos, este espacio permanece anónimo, casi inexistente, como esos hombres, mujeres y niños que en San Fernando, siguen sepultados entre el monte.

Ahora hay otras nueve sepulturas en la tierra; aquí, quince años después de ser asesinados, depositaron los cuerpos de ocho hombres y una mujer, que siguen sin identificar, de los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

El deterioro que sufrieron los cuerpos por la negligencia de las autoridades, el deficiente manejo forense y la falta de cooperación entre los países impidieron conocer sus nombres y apellidos.

Aca en Matamoros hay un desbarajuste jurídico, porque Faustino Gutiérrez Pérez, juez segundo de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas (se acaba de jubilar), sentenció a 50 años de prisión a una parte de Los Zetas por el homicidio calificado de 122 migrantes en San Fernando, de los cuales, 72 ocurrieron en 2010 y en 2011 registraron otros 193.

Los abogados de la FGR, argumentaron, que Faustino, juez de la causa penal, perdonó el secuestro, la desaparición forzada, entre otros delitos, por tanto rechazó el monto de la pena de 50 años, que debería modificar a 100 mil, 100 años de prisión para Los Zetas, porque todavía hay fosas semiabiertas y otras ya llenas de maleza en el monte, por eso no hay sentencias.

La FGR acreditó a Los Zetas, 265 asesinatos en San Fernando de acuerdo con la causa penal 18/2013, en los gobiernos priístas de Eugenio Hernández Flores 2005-2010 (actual dirigente del Partido Verde Ecologista) y Egidio Torre Cantú 2011-2016, nuevo rico residente en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Luego Los Zetas, se vieron favorecidos con la entonces gubernatura del panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de 2016-2022, que gastó 18 millones de pesos en la construcción de dos panteones en El Mante y San Fernando, asesorado por Irving Barrios Mojica, actual Fiscal de Justicia, pero que al llover se inundaban por eso fueron inservibles.

En septiembre de 2024 se emitió la sentencia, en el expediente ahora en poder de Mabel Cortez Navarrete, nueva Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, cargo que obtuvo mediante acordeón, le faltará tiempo para leer el expediente, que apilado mide como cinco metros.

Así en enero de 2025, se desconoce si fue intencional, el caso es que la FGR comunicó a Los Zetas de San Fernando, Martín Omar Estrada Luna, El Kilo; Román Palomo Rincones, El Coyote y Juvenal Burciaga Venegas, El Alacrán, su sentencia por los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores, relacionados con el asesinato de los 72 migrantes.

Pero ojo, el juez jubilado Faustino Gutiérrez, esos delitos los desestimó, para nada los tomó en cuenta, solo el homicidio calificado.

Uno de Los Zetas, Martiniano de Jesús Jaramillo, El Pata de Queso, murió en prisión tres días después de su captura en noviembre de 2017 y la autopsia desapareció o nadie la hizo, por lo tanto se desconocen las causas de la muerte.

En el expediente sentenciaron a varios halcones, cuyas identidades se desconocen, solo que Jesús y Manuel recibieron 15 años y seis meses de cárcel, así como 19 años y seis meses de cárcel respectivamente, porque supuestamente escucharon de sus jefes Zetas decir: ¡mátenlos!

En Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y La India, las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó la noche del 21 de agosto de 2010 en el rancho ubicado a 30 minutos de San Fernando.

Mirna Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano, de El Salvador, una de las 72 víctimas, abre su corazón:

“Ya pasaron muchos años y nosotros seguimos con el dolor, como si fuera el día uno. Necesitamos exigirle a México que cumpla, porque nos han seguido engañando”.

El único avance en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue la negociación para la reparación moral de las familias.

El proceso para determinar la indemnización económica se retomó después de que el Instituto Nacional de Migración, por instrucciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), procediera a pagar la reparación del daño a familiares de las 40 personas que murieron y a las 27 lesionadas, en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023.

Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) dijo:

“Eso permitió colocar nuevamente los pendientes en los casos de las masacres de San Fernando. Como fundación no representamos a todas las víctimas, pero tratamos de que eso sirva para todos. En estos momentos estamos integrando los expedientes de los fallecidos por la fuerza de Guatemala y El Salvador, pronto vamos a trabajar en los de Honduras y en la víctima brasileña”.

Para Guillermina Vega Sagastume, de Guatemala, la posibilidad de concretar la reparación, significa cumplir el sueño de su nuera Nancy Pineda Lacan. En 2010, antes de partir a Estados Unidos junto a su papá, hermano, prima y tío, la joven madre prometió que mandaría dinero para construir una casa para sus hijos, entonces de tres y cinco años de edad.

La abuela Guillermina, que espera el regreso de su nieto, que migró a los 17 años a Estados Unidos. La hija de Nancy, de 18 años, vive casada en Guatemala:

“Usted sabe que el dinero en todo momento sirve y prácticamente para ellos, pues qué felicidad sería decir yo le voy a comprar su casita para que ellos vivan y no vayan a andar rodando el día que yo falte o algo así,  ¿verdad?”.

La renovación del Poder Judicial en México, es una nueva preocupación para las familias de los más de 72 asesinados en San Fernando y el equipo legal que las representa.

No obstante, el viraje en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preocupa a la fundación, ya que el acceso a los expedientes de las masacres de los 72 migrantes, de las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando y el reconocimiento de las familias extranjeras como víctimas indirectas, se ha dado vía amparos resueltos por el máximo tribunal.

La aceptación de que la masacre es una violación grave a los derechos humanos, ha sido parte esencial de la estrategia legal, pero la FJEDD desconoce si la nueva corte respetará la jurisprudencia que les permitió tener acceso a los expedientes judiciales.

En su propuesta electoral, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que los derechos humanos son la base para la impartición de justicia. Pero la falta de resultados de la FGR hace sentir a las familias de los migrantes que la verdad y la justicia se alejan.

Por eso de los nueve cuerpos pendientes de identificación, uno se quedó en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) por un error en el acta de defunción, pero los ocho restantes fueron sepultados en el panteón de Dolores.

Hasta la fecha, entregaron 63 cuerpos a sus familias en Guatemala (13), Honduras (26), El Salvador (14), Ecuador (5), Brasil (4) y La India (1).

Para recapitular, la noche del 21 de agosto de 2010, 77 migrantes fueron secuestrados al pasar en camión por San Fernando con rumbo a Estados Unidos.

Hombres armados con ametralladoras pararon los dos autobuses en que viajaban y los condujeron a una bodega del rancho El Huizache.

Allí les propusieron unirse al crimen organizado, pero quienes se negaron fueron asesinados, con las manos, los pies amarrados, los ojos vendados y apilados junto a una pared de cemento.

El gobierno mexicano se enteró de la matanza por Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano que tras recibir un disparo en la cara, se hizo pasar por muerto y luego caminó hasta un puesto militar.

Así, el 24 de agosto los marinos, guiados por el testimonio de Freddy encontraron a 14 mujeres y 58 hombres asesinados. Al día siguiente por la noche, la presidencia de Felipe Calderón hizo público el relato del sobreviviente y responsabilizó al grupo criminal de Los Zetas. Nunca se explicó qué había sucedido con los otros cuatro migrantes que nunca aparecieron.

Al otro día, los cuerpos comenzaron a ser trasladados de San Fernando, al Servicio Médico Forense (Semefo) de Matamoros, Tamaulipas, debido al número de cadáveres estuvieron apilados, en tanto en San Fernando, algunos permanecieron hasta cinco días expuestos, a cielo abierto, en pleno verano.

Otros estuvieron en el mismo Semefo pero en el piso por falta de espacio. Luego, el camión que los trasladó a la Ciudad de México se le averió la refrigeración. Al llegar, pasaron nuevamente semanas a la intemperie antes de que fueran embalsamados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 80/2013, emitida el 23 de diciembre de 2013, el personal de las procuradurías estatal y federal violó los protocolos de manejo de restos humanos y de la escena del crimen, pero nadie fue castigado.

Entre 2010 y 2013, los policías de la PGR ahora FGR, detuvo a 17 presuntos integrantes de Los Zetas que controlaban San Fernando, los acusó de la muerte de los migrantes y de las víctimas encontradas en las fosas clandestinas de San Fernando.

Además, 17 policías municipales fueron aprehendidos acusados de trabajar para el grupo criminal, que después de un año en la cárcel, fueron liberados sin cargos, así sin más, sin explicaciones al pueblo, ni a nadie.

La versión que la presidencia del entonces Felipe Calderón dio a los medios no correspondió con la realidad jurídica. Los agentes del Ministerio Público federal, nunca aportaron pruebas contra los supuestos líderes de Los Zetas vinculados a la masacre.

Martín Omar Estrada Luna, El Kilo; Édgar Huerta Montiel, El Guache y Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, mandos regionales de Los Zetas, no fueron consignados en la carpeta de investigación abierta por la masacre de los 72, a cargo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas.

Lo mismo sucedió con los jefes Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, entonces líder máximo de Los Zetas. Extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con su hermano Omar, el Z-42, enfrentan cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. No por cada homicidio y desaparición que cometieron en San Fernando, Tamaulipas.

Así, Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho dijo:

“Creemos que la justicia ordinaria mexicana no ha dado respuesta a esos casos y difícilmente la va a poder dar en los contextos que estamos viviendo. Estamos observando que las cabezas mismas de Los Zetas ya fueron entregadas a Estados Unidos. Eso también ha generado mucha duda para los familiares de las víctimas, porque finalmente, se va a seguir debilitando la posibilidad de acceso a la justicia en México”.

En la fosa común de Dolores de 2002 a 2023, hay más de 18 mil cuerpos y restos humanos no reclamados que fueron sepultados, pero la cifra total de cuerpos que albergan sus ocho mil metros cuadrados de extensión, nadie los conoce, pues son inexistentes los registros anteriores a esa fecha y los migrante enterrados, ni una plaquita los identifica.