Arrepentido Alejandro Torres Joaquín, entonces director de la Aduana del Puerto de Tampico, aceptó que entraron 14 buques con huachicol fiscal, aceptando sobornos por 24 millones, 500 mil pesos, se lee en su declaración vertida en la Fiscalía General de la República, surgiendo El Cartel del Mar, por eso empezó una frenética búsqueda contra los responsables en un paso a paso.

El Cartel del Mar, lo comandaba en Tamaulipas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, ambos sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio del entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El Capitán Alejandro Torres Joaquín, dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025, pero fue detenido, pero acalambrado por todo lo que venía, se declaró como testigo protegido por el pseudonimo de El Santo (por bañado).

Según su testimonio ante la FGR, El Santo permitió personalmente el desembarco de 14 buques cargados con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025, recibiendo 24 millones 500 mil pesos en sobornos.

De acuerdo con su declaración, El Santo, entre abril de 2024 y enero de 2025 permitió el desembarco de 14 huacho-buques, por los que recibió 24 millones 500 mil pesos.

El Santo reveló que, de cada entrega de 1.7 millones de pesos, solo entregaba 330 mil a seis de sus once subordinados y se quedaba con la mayor parte: 1 millón 420 mil pesos.

En total, de los 24.5 millones recibidos, repartió apenas 4.7 millones y se quedó con casi 20 millones de pesos en sobornos personales, por eso su dieta cambió de Coca Cola a vino tinto, rosado o blanco, según fuese su estado de ánimo.

Entre los funcionarios que recibieron parte de los miles de pesos, se encuentran el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, entonces subdirector de Operación de la Aduana; Sergio Varela, subdirector de Vigilancia y Control de la Aduana; Endira Xóchitl Palomo Chávez, jefa de departamento de Recintos Fiscales en la Aduana.

También estaban en el ajo, Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de Departamento y Operaciones; Anatalia Jocelyn Gutiérrez, verificadora de mercancía, así como Ismael Ricaño Matías, verificador de mercancía.

El dinero, según El Santo, llegaba mediante el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como NK en la aplicación de internet Threema. Aunque supuestamente nunca lo conoció en persona, lo señaló como intermediario de los Farías, antes de huír porque es prófugo de la justicia.

Según El Santo, de cada entrega de un millón 750 mil pesos que debía repartir entre once subordinados, sólo dio 330 mil a seis personas y se quedó con un millón 420 mil pesos. El acuerdo de darles 50 por ciento a la red del puerto de Tampico nunca se cumplió.

Por los 14 barcos de huachicol fiscal, Alejandro Torres aseguró que obtuvo sobornos por 24 millones 500 mil pesos. Cuatro millones 720 mil pesos los dividió con su equipo y se quedó con 19 millones 780 mil pesos, ocultos en su búnker.

Su declaración tomada el 13 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, ante representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), El Santoexplicó, que al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel Solano, era uno de los intermediarios del vicealmirante Manuel Roberto Farías:

“Preguntando entre conocidos del medio naval, hicieron referencia a que se trata de un capitán de corbeta retirado de nombre Miguel Ángel Solano Ruiz, a quien no tengo el gusto de conocer en persona y cuyo nombre no me suena”.

Con el dedo bien puesto:

“Solo sé que es una persona que tiene que ver con el sistema aduanal en México y que tiene muchos contactos en puestos de alto nivel en el gobierno.”

El relato fue ante la dependencia del secretario Omar García Harfuch.

Los funcionarios marinos sobornados, todas fueron capturados y recluidos en penales federales del Estado de México y Nayarit el 6 de septiembre.

Así El Santo, afirmó que la organización de Los Primos, liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano Fernando, controló el puerto del sur de Tamaulipas.

La red de tráfico utilizó seis buques cargados con millones de litros de huachicol para transportarlo hasta 14 veces, con el conocimiento del personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La declaración de El Santo, permitió determinar que la red corrompió al personal naval en instalaciones aduaneras con la creación de manifiestos falseados, cayendo la venda de la honestidad tantas veces presumida.

De acuerdo con la causa penal 305/2025, judicializada en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, en esta supuesta red participaron titulares, subdirectores, jefes de departamento, verificadores, agentes aduanales y hasta personal de alto nivel de la Dirección de Supervisión de Aduanas Marítimas de la ANAM:

“Me siento triste, impotente, avergonzado por no haber actuado antes, fui engatusado y manejado por esa persona”, declaró El Santo, durante su entrevista ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Femdo).

Pero tres días después de la captura, es decir el 8 de septiembre, fue hallado sin vida en su lugar de trabajo, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la unidad de protección portuaria de Altamira, Tamaulipas, luego de ser implicado en la red de huachicol fiscal investigada en Tampico.

Presuntamente Abraham Pérez, se quitó la vida en su oficina, tras salir a la luz que presuntamente recibía sobornos de 100 mil pesos por buque involucrado en el contrabando de combustible, pero la Secretaría de Marina, de inmediato que publica en la redes sociales:

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas”.

El agregado:

“La institución (Marina), extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden”.

Esto, forma parte de una investigación federal que destapó una red criminal conocida como “huachicol fiscal”, operada a través de la aduana de Tampico y protagonizada por familiares de mandos navales, convirtiendo en El Cartel del Mar.

De acuerdo con la información revelada del caso, la red cobraba cuotas millonarias por cada embarcación de combustible ilegal, que entraba de Texas a Tampico, Tamaulipas, mientras se falsificaban manifiestos de aditivos para aceites lubricantes.

La FGR, en colaboración con la Semar y la SSPC, logró la detención de 14 personas entre empresarios, marinos activos y retirados, y exfuncionarios de aduanas. El decomiso de 10 millones de litros de diésel en un buque en marzo pasado fue clave para impulsar esta operación.

En tanto la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el 8 de septiembre en La Mañanera, que el caso de huachicol fiscal detectado en Tamaulipas, será investigado tope hasta donde tope, con el compromiso de que no haya impunidad ni para empresarios ni para funcionarios, que resulten involucrados.