Están bailando 4 mil 900 millones de pesos de la Junta de Aguas […]
Están bailando 4 mil 900 millones de pesos de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, cuyo gerente Marco Antonio Hernández Acosta aparece como responsable, por eso la Auditoría Superior del Estado (ASE) lo multó con otros 92 funcionarios que entre todos han pagado tres millones de pesos por no entregar en tiempo y forma información que se le requirió cuando los auditores lo solicitaron en persona, hasta fueron a Presidencia Municipal para que se las entregaran.
El titular de ASE, Francisco Noriega Orozco, explicó el 10 de diciembre que las sanciones van de los 15 mil a los 200 mil pesos y deben ser pagadas con recursos personales, es decir por cada funcionario, ya que se trata de una responsabilidad individual, por negarse a entregar la contabilidad justificada.
Hasta el momento, se han cubierto 815 mil pesos a la Secretaría de Finanzas y se prevé que las sanciones aumenten ante nuevas faltas detectadas en 2025, caso en el que también se le involucra al matamorense Marco Antonio Hernández, protegido por todos los consejeros y diputados de la JAD, que sesionan alejados del pueblo y periodistas.
En abril de 2025, se descubrió que Mario Alberto López, La Borrega, dejó bien endeudado a Matamoros, Tamaulipas y protegido con la capa del fuero que le da la diputación federal del Partido Verde Ecologista, dejó una quiebra financiera con más de 558 millones de pesos sin justificar y otra suma millonaria detectada en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD), según la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Francisco Antonio Noriega Orozco.
Francisco Noriega, explicó que de 94 auditorías municipales en Tamaulipas, solo 13 cumplieron. El resto, incluido Matamoros, nada solventó, que protegen los diputados matamorenses.
Con la llegada de José Alberto Beto Granados, tomó protesta al nuevo Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD) el 18 de octubre de 2024, porque desde allí se maneja. En representación de Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, Raúl Quiroga, secretario de Recursos Hidráulicos estatal, allí los integró.
Al igual que los diputados locales Elvia Eguía Castillo, Isidro Vargas Fernández, Eliphalet Gómez Lozano y Víctor García Fuentes, se integraron como nuevos miembros del consejo.
En esa reunión, también tomaron protesta Cuauhtémoc Manuel Perusquía Ramírez, secretario del Ayuntamiento; Antonio Alfaro Caballero, secretario de Salud Municipal y Alfonso Treviño Robles, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyas sesiones se hacen en lo oscurito, nada informan, mucho menos del millonario desfalco.
Meses después, los consejeros de la JAD expulsaron a los de la Canaco, hasta un representante de los Usuarios y entraron en su lugar Oscar Macario Farías García, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Delegación Matamoros; Oscar Rodríguez Serna, representante del Colegio de Ingenieros Civiles del Noreste de Tamaulipas, A.C. y Gabriela Mercedes Reinhardt Rodríguez, representante del Colegio de Arquitectos del Noreste de Tamaulipas, A.C.
Pero las reuniones ya nunca son públicas, hora son en lo obscurito, nada de transparencia, hay que proteger los desfalcos de Morena y proteger ahora a La Borrega, aunque sean enemigos políticos.
A juicio de Francisco Noriega, las multas alcanzaron a alcaldes, tesoreros, primeros síndicos y funcionarios de áreas financieras en distintos entes públicos de Tamaulipas:
“Esta omisión impide hacer auditorías a tiempo y debilita los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Son multas como para ir educando”.
Entre las denuncias por mal manejo de cuentas públicas en Tamaulipas, ubican a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, Universidad Tecnológica de Altamira, Colegio San Juan Siglo XXI, Universidad Politécnica de la Región Ribereña, el ITACE, la Secretaría de Finanzas en el ejercicio 2016 (gobiernos de Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca) y hasta el propio Tribunal de Justicia Administrativa; cabe destacar que un ente público puede tener más de una carpeta de investigación abierta.
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