Raymundo Ramos Vázquez, asesor jurídico de los familiares que quedaron sin vida por la fuerza en el ataque armado de los Gopes en 2019, dejó claro que están inconformes con la investigación de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, encabezada por el panista Irving Barrios Mojica y en su momento, solicitarán reabrir el caso.

Para Raymundo Ramos es imposible que a seis años de la masacre en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, sigan prófugos de la justicia dos policías que participaron en el atentado:

“También vamos a pedir que los dos policías que están huyendo por los cuales se ofrece una recompensa de 250 mil pesos, sigan extrañamente sin ser capturados para que actúen en su contra”.

El defensor de los familiares de las víctimas de la masacre, dijo que en la investigación, existen elementos que dejan espacio a la sospecha de la actuación de Irving Barrios, impuesto por el entonces goberandor Francisco Javier García Cabeza de Vaca:

“En materia de Derechos Humanos el expediente sigue abierto en tanto no se cumpla la recomendación en su totalidad y en materia penal, también sigue abierta la carpeta de investigación en tanto no se detengan a las dos personas, que están huyendo y no se revise la situación jurídica de los tres elementos que son beneficiarios del criterio de oportunidad”

Aseguró Raymundo Ramos, que de los masacre ocurrida en 2019, durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, solo están en prisión dos policías pertenecientes al desaparecido Grupo de Operaciones Especiales, (Gopes) de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y le pega a Cabeza de Vaca:

“Hay tres Gopes que se adhirieron al criterio de oportunidad, es decir, se convirtieron en testigos protegidos; esa parte de la situación penal también se va a revisar. No estamos de acuerdo en que tres policías que sean beneficiarios del criterio de oportunidad, anden libres cuando no aportaron información que sirviera a la investigación”.

Recapitulando, el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estuvo al frente de la cadena de mando en el operativo policial, que derivó en la masacre de ocho personas el 5 de septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Documentos incluidos en la carpeta de investigación 406/2019, redactaron, que se trató de un despliegue, que inició el 18 de agosto, contó con la presencia de los Gopes, elementos de las fuerzas especiales de la policía estatal y del Ejército, que fue instruido directamente por Cabeza de Vaca.

Esto queda acreditado a través de un oficio firmado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, en el que pidió apoyo al general de brigada Carlos Arturo Pancardo Escudero, entonces comandante de la 8va Zona Militar, para que dé seguridad en diversos operativos de control en Nuevo Laredo y le explica que la orden llega desde el propio gobernador.

Para que se den una idea, a principios de diciembre de 2018, Carlos Arturo Pancardo, tomó posesión como comandante  de la octava zona militar, ceremonia a la que asistió su amigo Cabeza de Vaca (prófugo, oculto en Estados Unidos), la entonces alcaldesa Maki Ortiz y el entonces delegado José Ramón Gómez, JR, ambos senadores actualmente.

Actualmente Carlos Arturo Pancardo, antes panista ahora morenista, labora como secretario de seguridad pública con el gobernador Américo Villarreal, pero le asignó a finales de este septiembre a Cabeza de Vaca, como gobernador prófugo, 19 policías guardaespaldas y eso que vive en Estados Unidos.

El informe de la Secretaría de la Defensa cuando el Ministerio Público, le solicitó documentos que explicaran cuál fue el papel de los soldados aquel 5 de septiembre, respondió por los operativos permanentes implementados en Reynosa, Matamoros, Frontera Chica, San Fernando, Ciudad Victoria, Zona Conurbada Sur y Nuevo Laredo.

Según esta versión, el despliegue en Nuevo Laredo estaba previsto para agosto de 2019, pero sus elementos registraron dos ataques por parte de la denominada Tropa del Infierno”, sicarios pertenecientes al Cártel del Noreste.

Debido a esta situación de riesgo, se solicitó la colaboración del Ejército que viene reflejada en la carpeta de investigación, pero en este tema nadie de la Fiscalía de Justicia en Tamaulipas, respondió.

A principios de septiembre, se produjo la muerte a tiros de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres), que en un primer momento fue presentada por el gobierno de Tamaulipas, como un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Noreste y policías que los abatieron.

Las familias de las víctimas, que presentaron más de diez testigos presenciales, denunciaron que los agentes sacaron de madrugada a varias de las víctimas de dos domicilios, los trasladaron a un tercero, donde los torturaron, ejecutaron, disfrazaron con equipamiento táctico y armas largas.

Además, quedó acreditado que los policías trasladaron un vehículo blindado, que pertenecía al grupo delictivo y lo dejaron frente al tercer domicilio, tiroteado, para simular un enfrentamiento.

Las víctimas fueron: Enrique Pérez Chávez, Luis Fernando Hernández Viezca, Wilbert Irraestro Pérez, José Daniel Saucedo Martínez, Juana Yatzel Graciano Magaña, Jennifer Hazel Romero López, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa y Severiano Treviño Hernández.

Actualmente hay siete policías integrantes del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), cambaron el nombre a Gopes, acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.

De ellos, dos (José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre) están en prisión desde hace casi dos años, mientras que otros dos (Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal) prófugos y tres (Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, Zayra Concepción Guevara Garza y Azariel Urbina Arguelles) siguen en libertad tras ofrecerse como testigos protegidos.

La cadena de mando por escrito en la carpeta que está parada hace referencia a:

Los documentos en la carpeta de investigación muestran la cadena de mando de la policía estatal durante aquel operativo por escrito, que se alargó por espacio de al menos tres semanas.

Al frente aparece el gobernador Cabeza de Vaca, que es quien ordena el operativo y tras él, el vicealmirante Augusto Cruz Morales, antiguo secretario de Seguridad Pública. Se da la circunstancia de que su sustituto, el capitán José Jorge Ontiveros Molina, también aparece mencionado en la investigación.

Él fue, según testimonios recogidos por los investigadores, el oficial que solicitó una grúa para trasladar un vehículo blindado, que fue estacionado en el lugar de la masacre y al que los policías dispararon para simular un enfrentamiento, según ellos mismos declararon.

A pesar de estos señalamientos, ninguno de los dos funcionarios fue citado a declarar y Ontiveros Molina, que ejercía como subsecretario de Operación Policial, en el momento de los hechos, fue ascendido como jefe máximo de la Seguridad Pública en julio de 2020.

Tras los dos responsables políticos estaría Félix Alberto Rodríguez Rodríguez, que en aquel momento estaba al frente del CAIET y luego dirigió el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de la policía estatal.

En realidad, se trata del mismo cuerpo que fue rebautizado menos de un año después de la masacre de Nuevo Laredo, pero que ejerce como grupo de élite y que recibió entrenamientos tanto de policías en Estados Unidos como de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, acusada también de perpetrar desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018.

En la investigación no ha sido citado a declarar a Félix Alberto, ni tampoco se ha explicado si tuvo algún papel en los hechos, aunque es la persona al mando del grupo de operaciones especiales.

El oficio clave para comprender mejor el operativo que derivó en la masacre, es el SSP/00673/2019, que fue emitido el 16 de agosto y viene firmado por el vicealmirante Cruz Morales.

Allí, solicita el apoyo del Ejército para proporcionar seguridad en la instalación de tres filtros de sellamiento en las principales salidas de Nuevo Laredo, acompañamiento de unidades de reacción “para hacer operativos rastrillo” en colonias “identificadas como conflictivas” y apoyo a operativos de la secretaría de Salud, Finanzas, Protección Civil y otras dependencias.

El operativo debe comenzar dos días después y no tiene fecha de conclusión, según el documento. Además, pide que las instalaciones militares, preparen un lugar para su alojamiento en los días en los que supervise directamente el operativo, así como espacio para el aterrizaje de un helicóptero y la pernocta de sus pilotos.

Ese es el oficio en el que se señala que la instrucción viene directamente de Cabeza de Vaca.

Una semana después de la masacre, el entonces gobernador Cabeza de Vaca, anunció a los medios de comunicación, que pediría apoyo al FBI y a otras agencias internacionales “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”, sin mencionar que los hechos se produjeron, en un operativo que él mismo había ordenado.

La clave está en que este documento, forma parte de las pruebas presentadas por la secretaría de la Defensa (Sedena) ante los requerimientos de la FGE para que el Ejército explicase su papel en aquellos operativos.

Al ser interrogado sobre cuál fue su rol en los hechos del 5 de septiembre y sobre cuántos elementos castrenses estuvieron desplegados, el mando militar presentó, el oficio de la Secretaría de Seguridad Pública como prueba de que ellos estaban allí por haber sido requeridos al más alto nivel estatal.

El papel de los soldados sigue siendo una incógnita, ya que ellos siempre han alegado que solo proporcionaron protección perimetral a los policías, pero que jamás vieron el operativo.

Sin embargo, imágenes aportadas a la causa muestran que los soldados llegaron a patrullar junto a los policías estatales.

En un informe, la secretaría de Seguridad Pública explicó, que la petición de apoyo al gobierno ,tiene que ver con los operativos permanentes implementados desde octubre de 2018 y “cuyos resultados han sido favorables para disminuir la incidencia delictiva en el estado”.

Según explicó, el primer operativo, denominado Monarca, se estableció en octubre de 2018 en Reynosa y fue seguido por el denominado Monclova en Matamoros y Yankee en San Fernando.

En agosto de 2019, fecha en la que se remite el oficio, debía iniciar el operativo Ribereña en Nuevo Laredo, con la instalación de un filtro en la carretera hacia Piedras Negras, Coahuila. Aquel día, sujetos armados identificados como miembros de la Tropa del Infierno, atacaron a los policías, matando a una oficial y provocando heridas a otro elemento.

Por el momento sigue sin haber claridad sobre qué ocurrió aquel 5 de septiembre y cuáles fueron las órdenes y la actuación de cada uniformado.

Al inicio de las pesquisas, el MP que se hizo presente en el lugar de los hechos señala, que encontró al agente Pérez Villalpando (uno de los dos únicos encarcelados) al mando de otros 20 hombres. Sin embargo, solo siete fueron citados a declarar y posteriormente, acusados.

Documentos incluidos en la carpeta de investigación señalan que el 6 de septiembre, solo un día después de la masacre en Nuevo Laredo, 77 oficiales de la policía estatal fueron trasladados en autobús de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria. Un día después, el propio Villalpando aparecerá en San Fernando en otro evento armado en el que, según sus informes, murieron cuatro civiles armados.

Siete años después de la masacre en Nuevo Laredo, nada se investiga, solo por encimita y eso que Cabeza de Vaca comandó el ataque, dicen los escritos de la acusación, pero claro en la Fiscalíamanda el panista Irving Barrios, el gobernfor de Morena, Américo Villarreal, solo ve.