En el primer semestre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum protagonizó dos de las acciones más relevantes y controversiales en su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico: la entrega de 29 presuntos narcotraficantes en febrero y una segunda entrega de 26 criminales en agosto de 2025.

En febrero, las autoridades enviaron a EE.UU., sin seguir el proceso formal de extradición, a 29 reclusos recluidos en distintas cárceles del país. Entre ellos, destacaron figuras como Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, y los hermanos Treviño Morales (“Z-40” y “Z-42”), líderes de Los Zetas.

El operativo involucró a más de 3,500 elementos de seguridad, 342 vehículos y 20 aeronaves, lo que fue calificado como un “acto de autoridad sin precedentes”. Según Omar García Harfuch, titular de la SSPC, esta acción derivó de riesgos como posibles demoras o liberaciones en los procesos judiciales.

El argumento jurídico para actuar sin confrontar los procesos de extradición fue el uso de la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 89 constitucional y la Convención de Palermo. Las autoridades señalaron que estos individuos representaban una amenaza directa a la seguridad nacional, por lo que se justificó una entrega expedita.

El segundo episodio, el 12 de agosto, involucró a otros 26 criminales vinculados con los cárteles más violentos: CJNG, Cártel de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Cártel del Noreste. Entre los extraditados destacaron nombres como Abigael González Valencia (“El Cuini”, brazo financiero del CJNG), Kevin Gil Acosta (“El 200”, de Los Chapitos), y Servando Gómez Martínez (“La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios). Esta entrega, al igual que la anterior, se realizó bajo el compromiso de EE.UU. de no solicitar la pena de muerte para los acusados.

La Embajada de EE.UU. elogió ambos operativos como un “hito histórico en la colaboración bilateral contra el crimen organizado” y agradeció el liderazgo de Sheinbaum.

El analista del Colmex Manuel Pérez alertó sobre las implicaciones: al no ser procesos de extradición formales, la responsabilidad sobre estos criminales se transfiere por completo al sistema de justicia estadounidense, sin posibilidad de devolución o supervisión por México.

Bajo este esquema Sheinbaum se ha distanciado del enfoque “abrazos, no balazos” estrategia impulsada por Andrés Manuel López Obrador y en contraste ha adoptado una política de mano firme, enfocada en detenciones, decomisos y traslados rápidos de delincuentes peligrosos.

Estas dos operaciones reflejan un cambio profundo en la política de seguridad de México, bajo la presión estadounidense, y marcan un patrón de colaboración más activa, aunque polémica, entre ambos países.

Las entregas buscan mostrar eficacia y firmeza, aunque su legalidad y soberanía siguen siendo discutidas en diversos ámbitos políticos y sociales pues se entiende que si no actúa ante las peticiones del gobierno del presidente Donald Trump se le impondrán sanciones como los aranceles o más drásticas como la intervención en México para acabar ellos con los carteles de la droga.