De manera brutal seis elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional perdieron la vida la noche del martes 27 de mayo tras la explosión de una mina terrestre colocada en un paraje conocido como El Santuario, en la sierra limítrofe entre Michoacán y Jalisco, mientras realizaban patrullajes en una zona dominada por el crimen organizado.

La tragedia se desató cuando los militares, en medio de maniobras para desactivar el artefacto, fueron sorprendidos por la fuerza del estallido, el cual no solo cobró seis vidas al instante, sino que dejó destrozada la unidad blindada en la que se trasladaban, una imagen dantesca que reflejó el nivel de violencia que persiste en esta parte del país.

Dos soldados más resultaron gravemente heridos, fueron rescatados de la zona bajo condiciones extremas y trasladados vía aérea hasta un hospital en Apatzingán, donde permanecen bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante su conferencia matutina del miércoles 28 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el lamentable suceso y envió sus condolencias a las familias de las víctimas, condenando enérgicamente el uso de explosivos contra personal militar, una práctica que se ha vuelto alarmantemente común en regiones de alta tensión.

Este ataque se suma a una creciente ola de violencia en la región, donde los operativos militares se han intensificado tras múltiples enfrentamientos entre cárteles rivales, apenas la semana pasada un joven jornalero de 23 años murió al pisar otra mina en Apatzingán, lo que evidencia la gravedad de la situación que se vive en estas tierras abandonadas por la paz.

El gabinete de seguridad nacional ya tomó control de las investigaciones, sin embargo, el dolor por la pérdida de estos elementos del Ejército y la Guardia Nacional permanece latente, mientras crece la presión sobre las autoridades para frenar esta guerra silenciosa que cobra vidas en las montañas.