Carlos Alberto Manzo Rodríguez llegó a la alcaldía de Uruapan en septiembre de 2024 como el primer presidente municipal independiente del municipio. Su promesa fue clara: no pactaría con el crimen, erradicaría la corrupción policial y devolvería seguridad a una ciudad desgarrada por la narcopolítica.

Con esa espada retórica y una tenacidad visible, Manzo reformó inmediatamente la policía local: descuentos salariales del 30 %, destitución de policías coludidos con el narco, prohibición de pasamontañas y vidrios polarizados, y coordinación directa con Guardia Nacional, Ejército y Guardia Civil. Un signo simbólico de esta transformación fue la adquisición de patrullas blindadas, evitando arrendamientos que sobrecargaran las finanzas municipales.

En mayo de 2025, tras el asesinato de una empleada municipal, el alcalde pronunció una frase que lo colocó en el centro del debate: “Si ven que están disparando…, hay que abatirlos; no hay que tener ninguna consideración”. Sus palabras no quedaron en el aire: en abril se involucró personalmente en una persecución, ordenando disparar desde un helicóptero contra presuntos criminales.

Apenas un mes después, en junio, Manzo reveló el hallazgo de un campamento paramilitar en la meseta purépecha, con uniformes tácticos, municiones AK-47 y calibre 50. Señaló que también se hallaron colombianos y venezolanos entrenando: mercenarios extranjeros en alza en las filas del narco. Incluso mostró pruebas fotográficas y pidió apoyo federal para intervenir esa “amenaza que viene con material de guerra”.

Manzo ha sido descrito como una figura que ha expuesto su vida —y reputación— al zafarrancho armado. No rehúye mostrarse en operativos de alto riesgo, respaldado por la Ley del Uso de la Fuerza. Ha aceptado el desgaste político, la presión de los derechos humanos y el cuestionamiento público, mientras sostiene que “alguien tiene que hacerlo”.

Su postura agresiva —adornada con incentivos como bonos por decomisos (hasta por un millón de pesos mensuales) y recompensas— ha sido comparada con estrategias autoritarias, semejando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Defiende que es el camino para retomar el control, aunque su crítica directa a estrategia federal (como “abrazos, no balazos”) le ha granjeado tensiones políticas.