El bloqueo de la carretera en San Fernando, Tamaulipas, liderado por Guillermo Aguilar Flores y Juana Elizabeth Espitia, continúa, y se suma a la paralización del puente internacional Reynosa–Pharr, generando afectaciones graves a miles de ciudadanos, transportistas y empresas en una protesta impulsada por el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas. (FEPAT)

El conflicto nace por la intención de los productores por imponer un precio al sorgo distinto al que marca el mercado internacional, lo que ha desencadenado grandes pérdidas económicas y complicaciones en la movilidad de la región y pese a que existen canales abiertos para el diálogo con el Gobierno Federal, este grupo insiste en mantener la protesta negandose a negociar.

Diversas fuentes señalan que detrás de esta estrategia de presión está la diputada local Casandra de los Santos Flores, quien ha sido señalada como la autora intelectual de este movimiento, que muchos consideran una estrategia para desestabilizar la economía local más que una protesta legítima.

Transportistas atrapados en largas filas de espera han expresado su desespero y frustración a través de redes sociales, denunciando pérdidas económicas, retrasos y el desgaste en combustible. “Esto ya no es protesta, es una agresión contra quienes trabajamos día a día”, comentan usuarios afectados.

El Código Penal Federal contempla sanciones severas, incluso hasta 30 años de prisión, para quienes bloqueen o interfieran en vías federales de comunicación, lo que convierte esta acción en un delito penado por la ley.

Los bloqueos no sólo impactan al sector transporte; familias, estudiantes, personal médico y diversas empresas han visto afectadas sus actividades cotidianas también han llevado a que organizaciones ciudadanas y cámaras empresariales exijan la intervención de las autoridades para establecer el orden y liberar las vías.

Mientras la protesta social es un derecho constitucional, su uso para presionar al Estado sin considerar el daño colateral a la sociedad ha sido catalogado como extorsión política con fines personales o electorales.