Con recompensas que suman más de 100 millones de dólares por sus líderes, el gobierno de Estados Unidos desató una ofensiva sin precedentes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y advirtió que usará todas sus herramientas legales, financieras y de inteligencia para desmantelarlo.
En una conferencia conjunta encabezada por funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI, la DEA y otras agencias federales, Washington aseguró que la persecución no se limitará a los jefes visibles del narcotráfico, sino que alcanzará también a operadores financieros, empresas fachada, redes de lavado de dinero y presuntos colaboradores del CJNG.
El director del FBI afirmó que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y sostuvo que las investigaciones continuarán “hasta llevar ante la justicia a todos los responsables”. El mensaje fue claro: la presión se ejercerá sobre toda la estructura de los cárteles y no únicamente sobre sus líderes.
Como parte de esta embestida, el Departamento de Justicia reveló nuevas acusaciones penales contra integrantes de alto nivel del CJNG y anunció el incremento de recompensas por información que permita capturar a varios de sus dirigentes. Además, se anunciaron sanciones económicas contra decenas de personas físicas y empresas presuntamente vinculadas con la organización, con el propósito de congelar activos y debilitar su capacidad financiera.
La investigación, señalaron las autoridades, abarca delitos relacionados con el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, tráfico de armas, lavado de dinero, fraude mediante esquemas de tiempos compartidos que afectaron a ciudadanos estadounidenses y diversas operaciones financieras atribuidas al grupo criminal.
Frente a esta arremetida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su gobierno mantendrá la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero “sin subordinación” y “con respeto absoluto a la soberanía nacional”. En su conferencia matutina de este jueves, insistió en que México no aceptará acciones unilaterales de autoridades extranjeras dentro del territorio nacional.
Así, la mandataria subrayó que las decisiones anunciadas por Washington corresponden al ámbito de competencia de ese país y reiteró que la estrategia de seguridad mexicana continuará basada en inteligencia, investigación y atención a las causas de la violencia, sin modificar su rumbo por anuncios provenientes del extranjero. “La estrategia de seguridad en México la decide el Estado mexicano”, afirmó.
De igual forma, especialistas en seguridad coincidieron en que la ofensiva anunciada por Washington representa un cambio importante en la presión ejercida sobre las organizaciones criminales mexicanas.
La doctora Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales de la Institución Brookings, escribió que “una campaña militar estadounidense a gran escala en México es improbable”, aunque advirtió que “las operaciones de fuerzas especiales contra objetivos de alto valor, como líderes de los cárteles y laboratorios de fentanilo, sí son una posibilidad real”. Agregó que cualquier acción de ese tipo tendría profundas implicaciones para la soberanía mexicana y para la relación bilateral.
Por su parte, el doctor Christopher Sabatini, investigador principal y director para América Latina de Chatham House, planteó que las amenazas de una acción directa de Washington deben analizarse con seriedad, pues “México enfrenta una situación particularmente compleja por su profunda integración económica y de seguridad con Estados Unidos”. Consideró además que “una intervención directa difícilmente alcanzaría los objetivos planteados y podría resultar contraproducente”.
En ese mismo tono, el analista Edgardo Buscaglia declaró en entrevista para “Aristegui en Vivo” que “bloquear extradiciones e investigaciones es un delito en México y Estados Unidos”. Añadió que “la soberanía mexicana está sujeta a los tratados internacionales que el propio Estado mexicano ha firmado”, por lo que consideró indispensable mantener la cooperación bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales.
En otra entrevista concedida a Aristegui Noticias, Buscaglia sostuvo que “todo caso de delincuencia organizada en México va a ser vinculado a actores políticos”, al considerar que las investigaciones estadounidenses ya no sólo buscan detener a los capos, sino desarticular las redes financieras, empresariales y de protección política que sostienen a los cárteles.
Finalmente, los funcionarios estadounidenses insistieron en que la estrategia no se limitará al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que continuará contra las demás organizaciones criminales que trafican drogas hacia territorio estadounidense y que han sido catalogadas por Washington como organizaciones terroristas extranjeras. Mientras tanto, Sheinbaum reiteró que “habrá coordinación, no subordinación” en la relación bilateral y que cualquier acción conjunta deberá realizarse dentro del marco de la ley y con pleno respeto a la soberanía nacional.