En los últimos 30 días, Matamoros acumuló por lo menos siete muertes en accidentes viales, entre ellas, las de cuatro menores, mientras el gobierno municipal presume los resultados de los operativos antialcohol, pero no presenta un programa integral para vigilar los cruceros peligrosos, ordenar los vehículos sin placas, reparar semáforos y proteger a los estudiantes que regresan a clases.

La tragedia más grave ocurrió la noche del 23 de agosto en la carretera al Mezquital. Un automóvil Nissan Sentra habilitado como taxi chocó frontalmente contra una camioneta Chevrolet. Diez personas estuvieron involucradas, seis murieron y cuatro resultaron lesionadas.

Entre las víctimas mortales había dos adultos y cuatro menores de edad, incluida una bebé. La familia regresaba de un paseo cuando encontró la muerte en una carretera que días antes ya había sido escenario de otro choque frontal.

El 16 de agosto, a la altura del kilómetro 14 de la misma carretera al Mezquital, una camioneta Dodge Ram y una Ford Escape se impactaron después de que, de acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores invadió el carril contrario. El saldo fue de cuatro personas lesionadas, una de ellas prensada.

Una semana después, en el mismo corredor, ocurrió el choque que acabó con una familia completa. La repetición de accidentes obliga a revisar si la carretera cuenta con iluminación, señalamientos preventivos, delimitación visible de carriles, vigilancia, control de velocidad y condiciones suficientes para el tránsito nocturno.

Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que la falta de señalización provocó directamente el accidente. Tampoco se ha dado a conocer si alguno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Esas circunstancias deberán ser determinadas mediante los peritajes correspondientes.

Sin embargo, después de dos choques frontales en menos de ocho días, la autoridad no puede limitarse a levantar los cuerpos, retirar los vehículos y esperar la siguiente tragedia.

El 26 de agosto se registró otra muerte en el cruce de las calles 14 y Laguna Leona, en la colonia San Francisco. Dos camionetas chocaron violentamente y uno de los conductores quedó atrapado dentro de una Jeep Cherokee. El hombre murió a consecuencia de las lesiones.

Con estos dos acontecimientos, durante el periodo comprendido entre el 31 de julio y el 30 de agosto se localizaron reportes periodísticos confirmados de siete personas fallecidas en choques ocurridos dentro de Matamoros y en sus carreteras municipales.

En ese lapso no se encontró un reporte periodístico plenamente confirmado de un atropellamiento mortal ocurrido después del 31 de julio. Esto no significa que no se hayan registrado atropellamientos o personas lesionadas, sino que la Dirección de Tránsito no ha publicado un concentrado actualizado que permita conocer cuántos peatones, ciclistas y motociclistas fueron embestidos durante agosto.

El atropellamiento mortal más próximo al periodo ocurrió el 24 de julio, apenas una semana antes del corte. Vidal Hernández Castellanos, de 75 años, murió después de ser embestido cuando circulaba en bicicleta por la avenida Del Niño, a la altura de la calle Teotihuacán.

El caso demuestra que el riesgo no se limita a quienes conducen automóviles. Los ciclistas y peatones siguen desplazándose por avenidas sin protección adecuada, con escasos cruces seguros y sin la presencia permanente de agentes que obliguen a reducir la velocidad.

Al terminar julio, el alcalde José Alberto Granados Fávila reconoció que durante 2026 se habían registrado mil 943 accidentes viales y por lo menos nueve fallecimientos. También afirmó que el consumo de alcohol aparecía en una parte importante de los percances fatales.

Después de los siete decesos confirmados en agosto, el saldo anual ascendería a por lo menos 16 muertes, siempre que las cifras municipales anteriores hayan utilizado el mismo criterio de registro. Corresponde al Ayuntamiento aclarar y actualizar oficialmente ese balance.

Frente a este escenario, la administración municipal concentró buena parte de sus esfuerzos en los operativos antialcohol.

Granados informó que 219 vehículos fueron retirados de circulación durante dos semanas por conductores detectados con algún grado de alcohol.

El gobierno municipal también aseguró que los accidentes disminuyeron 15 % entre mayo y agosto después de ampliar los alcoholímetros.

La cifra, sin embargo, no fue acompañada por un informe donde se indique cuántos accidentes se registraron cada mes, cuántos estuvieron relacionados con el alcohol, cuántos dejaron personas lesionadas y cuáles fueron los cruceros con mayor incidencia.

Los alcoholímetros pueden retirar de las calles a conductores peligrosos, pero no sustituyen una política completa de seguridad vial.

Tampoco resuelven los semáforos descompuestos, las vialidades sin iluminación, los señalamientos borrados, los automóviles sin identificación y la ausencia de agentes en los puntos de mayor riesgo.

Mientras los elementos de Tránsito son enviados a filtros donde se revisa a los automovilistas y se remolcan vehículos, numerosos cruceros permanecen sin vigilancia.

La corporación no ha presentado públicamente un mapa actualizado de accidentes que permita conocer dónde deben colocarse agentes, reductores de velocidad, semáforos, cámaras o señalización preventiva.

También permanece sin aclararse cuántos vehículos circulan en Matamoros sin placas, con láminas vencidas, permisos provisionales o identificaciones pertenecientes a otras unidades.

Un vehículo sin placas dificulta la identificación del responsable cuando ocurre un atropellamiento, un choque con fuga o cualquier hecho delictivo. La falta de control también impide conocer si el conductor cuenta con licencia, seguro y documentos que acrediten la propiedad de la unidad.

El Ayuntamiento también tendría que publicar los resultados completos de los operativos antialcohol, incluidos los vehículos retenidos, conductores sancionados, pruebas aplicadas, accidentes evitados, ingresos por multas y el destino de los recursos recaudados.

La tragedia de la carretera al Mezquital no puede reducirse a una estadística ni a las fotografías de seis ataúdes. La muerte de cuatro menores revela el costo de una ciudad y una zona rural donde las autoridades continúan actuando después del accidente y no antes.

Matamoros necesita alcoholímetros, pero también requiere agentes en las calles, semáforos funcionando, señalización visible, carreteras iluminadas, control de velocidad, vehículos identificables y protección real para los escolares.