El expediente completo llegó a manos del gobernador Américo Villarreal Anaya y su sorpresa fue mayúscula. Nombres de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Salud están señalados como parte de una red de abuso y apatía en contra de prestadores de servicios.

El gobernador se interesó por el tema y prometió meter orden y, sobre todo, hacer justicia.

Américo no sabía de la lucha de la empresa Grupo Comercial Tamaulipeco, S.A. de C.V., para lograr que se cumpla, entre otros, con los pedidos 5570108700 y 557018723, referentes al arrendamiento de equipo médico para el Hospital General de Altamira y al servicio integral de lápices de electrocauterio para las unidades médicas hospitalarias del estado.

Quien entregó los documentos personalmente al gobernador y pudo cruzar palabra con él fue el presidente de la Fundación Qishle, Alfredo Vargas, una víctima más del exsecretario de Salud, Vicente Navarro.

Grupo Comercial Tamaulipeco, S.A. de C.V., ha venido señalando y documentando oportunamente el incumplimiento de los contratos y el funcionamiento de los equipos en los hospitales de Tamaulipas, los cuales son objeto de mantenimiento constante para evitar su deterioro.

Son 19 hospitales administrados por la Secretaría de Salud los que siguen utilizando los equipos desde 2025 y que son propiedad de Grupo Comercial Tamaulipeco, empresa que ha documentado la utilización de dichos aparatos durante el presente año.

También cuenta con los documentos correspondientes al arrendamiento de arcos en C y equipos de rayos X rodables proporcionados durante todo 2025 al Hospital Rodolfo Torre Cantú, incluyendo actas de entrega-recepción, capacitaciones, firmas de personal administrativo y operativo, así como mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante la vigencia de los servicios.

Américo Villarreal tiene la última palabra y, como hombre de justicia, seguramente habrá de tomar cartas en el asunto, porque no es justo que una empresa que realiza un esfuerzo enorme por contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas se encuentre con la cerrazón y el desinterés de algunos funcionarios estatales que, con pretextos absurdos, le niegan el derecho a recibir sus honorarios.

Hoy, el licenciado Alfredo Vargas pudo alzar la voz y ser escuchado por el gobernador para pedir no un trato especial, sino solamente un acto de justicia.