El Gobierno de México informó que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua, presuntamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia, no contaban con autorización para realizar actividades operativas en territorio nacional, La aclaración fue emitida por el Gabinete de Seguridad, que precisó que ninguno de ellos tenía acreditación formal para participar en acciones dentro del país.

En una tarjeta informativa, las autoridades federales detallaron que en el incidente murieron cuatro personas: dos elementos de corporaciones estatales y los dos ciudadanos de Estados Unidos. De acuerdo con los registros migratorios, uno de los extranjeros ingresó a México bajo la condición de visitante, sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

El Gabinete de Seguridad subrayó que, conforme a la legislación mexicana, los agentes extranjeros no pueden intervenir directamente en operativos dentro del territorio nacional. En ese sentido, el Gobierno aseguró que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en acciones de campo en Chihuahua.

Asimismo, se indicó que ya se iniciaron revisiones en coordinación con autoridades estatales y con la Embajada de Estados Unidos en México, con el objetivo de esclarecer las condiciones en que se dio la presencia de estos individuos y determinar posibles responsabilidades.

El caso se produce en medio de tensiones entre el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la administración estatal de Chihuahua, liderada por María Eugenia Campos. La mandataria federal ha señalado que la comunicación con el gobierno estatal se canalizará a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras revelarse que no se siguieron los protocolos establecidos para la cooperación internacional.

Autoridades estatales han reconocido que existía colaboración con agencias estadounidenses en operativos contra laboratorios clandestinos, pero admitieron que dicha coordinación no fue notificada al Gobierno federal. El episodio ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.