El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra ocho individuos y doce compañías mexicanas presuntamente ligadas a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, las autoridades norteamericanas acusan a los señalados de facilitar el tráfico de precursores químicos empleados para fabricar fentanilo, sustancia responsable de una crisis de sobredosis en territorio estadounidense.

De acuerdo con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), las restricciones forman parte de un operativo financiero para desarticular la red internacional de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Los implicados habrían colaborado con laboratorios clandestinos que elaboran opioides sintéticos destinados al mercado ilícito de Estados Unidos, el subsecretario del Tesoro, John Hurley, destacó que frenar el ingreso de drogas sintéticas es una prioridad de seguridad nacional y que se continuará atacando las estructuras financieras que sostienen a dichas organizaciones.

Entre los sancionados figuran Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López, María Gabriela Favela López, Jairo Verdugo Araujo, Gilberto Gallardo García, César Elías López Araujo y Martha Emilia Conde Uraga, las empresas señaladas incluyen a Sumilab, Agrolaren, Favelab, Store Lab, Qui Lab, Prolimph Químicos en General, y Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, entre otras. Varias de ellas tienen su sede en Sinaloa y se dedican a la distribución de insumos químicos y materiales de laboratorio.

El gobierno estadounidense explicó que estos negocios funcionaban como frentes de lavado de dinero y proveedores de materias primas para la elaboración de fentanilo y metanfetaminas, según la OFAC, los acusados mantenían vínculos comerciales con empresas estadounidenses que, sin estar identificadas públicamente, adquirían sustancias utilizadas en la producción de drogas ilegales, las autoridades advirtieron que dichas entidades también podrían enfrentar penalizaciones bajo las leyes contra el narco-terrorismo.

Las consecuencias legales implican el congelamiento de cuentas bancarias y la confiscación de bienes bajo jurisdicción estadounidense, además, cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos que mantenga relaciones con los sancionados se expone a multas millonarias y penas de prisión de entre cinco y quince años. Con esta acción, Washington reafirma su compromiso de atacar las redes de suministro químico que fortalecen al Cártel de Sinaloa y a su estructura más activa: “Los Chapitos”.