Aunque el Gobierno federal presume una reducción histórica de los homicidios dolosos, durante el primer semestre de 2026 casi nueve mil personas fueron asesinadas en México y más de la mitad de las víctimas se concentraron en sólo ocho estados.

Las cifras consolidadas hasta el 30 de junio por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaron a Guanajuato en el primer lugar nacional, con 789 víctimas de homicidio doloso.

Le siguieron Baja California, con 731 asesinatos; Chihuahua, con 704; Sinaloa, con 633; Estado de México, con 533; Guerrero, con 500; Morelos, con 498, y Veracruz, con 447 víctimas.

En conjunto, las ocho entidades acumularon 4 mil 835 homicidios dolosos, equivalentes a 54 por ciento de los asesinatos registrados en el país durante los primeros seis meses del año.

La estadística contrasta con el discurso de Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 víctimas por día.

“Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024”, declaró Sheinbaum.

La presidenta agregó que la disminución “más allá del número representa vidas salvadas” y atribuyó el resultado a una estrategia sostenida en la atención de las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia, la investigación y la coordinación con los gobiernos estatales.

Pero detrás de la reducción porcentual permanecen las masacres, las ejecuciones, los asesinatos de jóvenes, mujeres, comerciantes, policías y funcionarios públicos, así como una respuesta gubernamental que, después de cada crimen de alto impacto, suele comenzar con las condolencias y terminar con el anuncio de una nueva carpeta de investigación.

Guanajuato encabezó la lista con 789 víctimas, pese a que el Gobierno federal y la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguran que los homicidios han disminuido.

La violencia en esa entidad está relacionada principalmente con la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del robo de combustible, la venta de drogas, la extorsión y los corredores carreteros e industriales.

Uno de los crímenes más sonados ocurrió el 25 de enero de 2026, cuando un grupo armado llegó a un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, y disparó contra las personas que se encontraban reunidas.

La masacre dejó 11 muertos y 12 heridos.

Las autoridades atribuyeron el ataque a una célula relacionada con el Cártel de Santa Rosa de Lima y posteriormente informaron sobre la detención de varios presuntos participantes, entre ellos el supuesto jefe del grupo de choque que habría organizado la agresión.

“Lo ocurrido en Salamanca es un hecho inaceptable”, declaró la gobernadora Libia Dennise García.

“El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables”, agregó.

Otro asesinato de repercusión política ocurrió en marzo, cuando Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, Isabel Acevedo Mercado, fue ejecutado dentro de un establecimiento.

El ataque dejó otra persona muerta y dos lesionadas.

Baja California ocupó el segundo lugar con 731 víctimas de homicidio doloso.

La mayor parte de la violencia se concentró en Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a células locales disputan el narcomenudeo, el tráfico de migrantes, la extorsión y las rutas hacia Estados Unidos.

La administración de Marina del Pilar Ávila ha sostenido que existe coordinación con las autoridades federales y que los homicidios presentan una tendencia descendente.

Sin embargo, los más de 700 asesinatos registrados durante el semestre mantuvieron a Baja California como una de las entidades más violentas del país.

En medio de esta crisis, la gobernadora ha enfrentado cuestionamientos políticos derivados de la cancelación de su visa estadounidense, grabaciones filtradas y acusaciones de sus adversarios sobre presuntos vínculos de personajes de su entorno con actividades ilegales.

Marina del Pilar ha rechazado esos señalamientos.

“Nunca traicionaré a México, nunca traicionaré a la patria, jamás lo haría y jamás lo haré”, declaró la mandataria.

Chihuahua registró 704 víctimas y se ubicó en el tercer lugar nacional.

La violencia se concentra principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y municipios serranos donde grupos criminales disputan el tráfico de drogas, personas, armas y madera, además del control de caminos y comunidades.

La gobernadora María Eugenia Campos ha insistido en la necesidad de combatir las estructuras del crimen organizado y fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y federales.

En un mensaje público, Campos habló de “grupos del crimen organizado que causan tantísimo dolor y muerte” y llamó a enfrentar el problema mediante instituciones fuertes, investigación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

Sinaloa acumuló 633 homicidios dolosos durante el semestre, un promedio aproximado de tres víctimas y media cada día.

La violencia tiene como principal origen la fractura interna del Cártel de Sinaloa y la disputa entre las facciones identificadas como Los Chapitos y La Mayiza.

En Culiacán y otros municipios se han registrado asesinatos, desapariciones, bloqueos carreteros, ataques contra viviendas, incendios de vehículos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos que provocó mayor indignación fue el asesinato de Fernando Alan, estudiante universitario de 23 años, quien murió el 13 de enero en Culiacán durante un operativo atribuido a elementos federales.

El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que la muerte fuera resultado de un fuego cruzado y sostuvo que debía investigarse como un posible ataque directo.

“No fue fuego cruzado”, señaló el mandatario.

Por su parte, Claudia Sheinbaum declaró: “No queremos que estos casos se repitan” y confirmó que existían investigaciones para determinar la responsabilidad de los elementos participantes.

Rocha Moya informó además sobre operativos especiales después de que durante la primera quincena de enero fueran asesinadas al menos siete mujeres en Sinaloa.

“Se han implementado operativos especiales”, afirmó.

El gobierno estatal ha presumido reducciones mensuales en los asesinatos y la llegada de miles de elementos federales, pero los homicidios, las desapariciones y el temor continúan presentes en la vida cotidiana de la población.

El Estado de México reportó 533 homicidios dolosos.

La administración de Delfina Gómez y el Gobierno federal han destacado una reducción superior a 50 por ciento en el promedio diario de homicidios respecto del comienzo de la actual estrategia de seguridad.

La disminución ha sido atribuida al Mando Unificado de la Zona Oriente, al despliegue de fuerzas federales y estatales y a la detención de integrantes de grupos dedicados al homicidio, la extorsión y el robo.

No obstante, la entidad permaneció entre las ocho con más asesinatos del país.

Los municipios conurbados con la Ciudad de México continúan padeciendo ejecuciones, desapariciones, extorsiones y disputas entre organizaciones locales por el control de mercados, transporte público, venta de drogas y cobro de piso.

Guerrero registró 500 víctimas de homicidio doloso.

La violencia se encuentra relacionada con la operación de grupos como Los Ardillos, Los Tlacos, la Familia Michoacana y otras organizaciones regionales que disputan municipios, rutas, mercados y gobiernos locales.

Acapulco, Chilpancingo, la región Centro, la Montaña y la Tierra Caliente permanecen como zonas de riesgo por los asesinatos, las extorsiones, los desplazamientos y los ataques contra transportistas, comerciantes y autoridades.

La gobernadora Evelyn Salgado ha reiterado que su administración trabaja en coordinación con la Federación y que no habrá protección para quienes participen en actividades delictivas.

Las autoridades estatales anuncian después de cada hecho de alto impacto el inicio de investigaciones y operativos para ubicar a los responsables, pero numerosas carpetas permanecen sin una resolución pública.

Morelos acumuló 498 homicidios dolosos y, por su número de habitantes, se mantuvo entre las entidades con mayor impacto proporcional de la violencia.

Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y municipios de la zona oriente han sido escenario de ejecuciones, extorsiones y enfrentamientos entre células criminales.

La gobernadora Margarita González Saravia sostiene que el Plan Morelos y la coordinación con la Guardia Nacional y las fuerzas federales permitieron una disminución en el promedio diario de homicidios.

Sin embargo, la violencia alcanzó nuevamente a las estructuras municipales.

Después del corte estadístico del primer semestre, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín, fue asesinado dentro de las instalaciones del Ayuntamiento.

La investigación derivó posteriormente en detenciones de personas cercanas al gobierno municipal, incluida su esposa y un responsable de seguridad, aunque corresponderá a los tribunales determinar responsabilidades.

El crimen exhibió nuevamente la posible infiltración de organizaciones delictivas en gobiernos municipales y la fragilidad de las instituciones locales.

Veracruz cerró el grupo de las ocho entidades con mayor número de asesinatos al contabilizar 447 víctimas durante el primer semestre.

En el norte y sur del estado operan organizaciones que disputan la extorsión, el robo de combustible, el narcomenudeo, las rutas carreteras y el control de comerciantes, ganaderos y transportistas.

La gobernadora Rocío Nahle ha rechazado que su administración proteja a grupos criminales y sostiene que existe coordinación con la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

También ha evitado revelar públicamente información sobre móviles y personas investigadas, bajo el argumento de no entorpecer las indagatorias de la Fiscalía.

La entidad fue colocada dentro de los ocho estados que acumularon más de la mitad de los homicidios del país, pese al discurso oficial de reducción de la violencia.

En Palacio Nacional, la respuesta ante los asesinatos de alto impacto mantiene una fórmula casi invariable.

La presidenta lamenta los hechos, expresa condolencias a las familias, informa que se abrirá o que ya existe una carpeta de investigación y promete coordinación entre el Gobierno federal, la Fiscalía y las autoridades estatales.

“Es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación”, ha dicho Sheinbaum al responder sobre distintos ataques.

En otros casos anuncia que “no habrá impunidad”, que el Gabinete de Seguridad dará seguimiento y que la Fiscalía correspondiente deberá esclarecer los hechos.

El pésame es obligado y la carpeta de investigación nunca falta.

Lo que no siempre llega con la misma rapidez son los resultados, la identificación de los autores intelectuales, el esclarecimiento de los móviles y las sentencias contra los responsables.

El Gobierno federal tiene elementos para sostener que el promedio nacional de homicidios disminuyó y que junio de 2026 fue el mes de junio con menos asesinatos desde 2015.

Pero la reducción estadística no elimina a las víctimas ni resuelve el drama de las familias que continúan esperando justicia.

Durante el primer semestre de 2026 fueron asesinadas casi nueve mil personas.

Para ellas hubo cifras, condolencias y miles de carpetas de investigación.

La verdadera evaluación de la estrategia no dependerá únicamente de contar cuántos homicidios bajaron, sino de saber cuántos crímenes fueron realmente esclarecidos, cuántos autores intelectuales terminaron ante un juez y cuántas familias recibieron algo más que un pésame y la promesa de que el caso será investigado.