Por conservar apilados 383 cadáveres sin dar aviso a las autoridades correspondientes; por haber superado las 48 horas que se tienen para haberlos incinerado y negarse a informar; por haber hacinado cuerpos en un espacio no destinado para depósito, sino para cremación, es que José Luis, el dueño y Facundo Teófilo, empleado del crematorio Plenitud son considerados ahora presuntos responsables de ocultamiento y conservación ilegal de cuerpos sin vida.

Fueron insuficientes los argumentos de la defensa particular de José Luis A. C. (dueño) y Facundo Teófilo M. R. (empleado) de tratar de desvirtuar la investigación penal por tratarse, dijeron, de un asunto de materia administrativa, de multas, suspensiones, sanciones y trámites.

En los tribunales de justicia, José Luis dejó sin palabras a las autoridades cuando relató:

“¿De qué manera voy a ocultar 383 cuerpos en dos o tres habitaciones? Estaban apilados, sí, y es irrespeto a los restos, sí, pero es un tema administrativo”.

“Se les juntó el trabajo”.

Dijo seriamente la abogada Mara Haydee Lagunés Ávalos, en su respuesta a la solicitud del Ministerio Público, para iniciar la investigación formal contra sus representados.

Para la defensa, conformada también por Daniel Álvarez Correa y Carla Georgina García Estrada, el que se hayan acumulado 383 cadáveres de personas embalsamadas, constituía faltas por no llevar el procesamiento de los cuerpos como marca la Ley General de Salud.

La abogada Mayra explicó:

“Los cuerpos nunca estuvieron ocultos, los propios policías municipales que reportaron el hallazgo en primera instancia los hallaron sin problema. No estaban encubiertos, ni escondidos, no visibles en general, sino que estaban accesibles en el predio del crematorio”.

Como si estuvieran en un castillo tenebroso y el jurado fuera todos los monstruos de terror, en la sala de audiencias retumbó con la voz de Mayra, la abogada defensora:

“Era lógico que hubiera 383 cadáveres todos embalsamados en el crematorio, que aunque eran demasiados, no estaban ocultos, como tampoco hay ley que diga, cuántos cuerpos ya son demasiados”.

Incluso la misma abogada, acusó a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) del hecho, pues si hubieran revisado después del 7 de marzo de 2022 (última revisión), se habrían dado cuenta del acumulamiento de cuerpos desde antes:

“Debió la dependencia poner atención en ese crematorio luego de actas de verificación de 2020 y 2022 que daban cuenta de 24 cuerpos, respectivamente, acumulados esperando a ser cremados, lo que va contra las normativas que observa la Comisión”.

La mesa del Ministerio Público, conformada por Francisco Javier Rosas Esquivel, Areli Pérez Soto y Javier Barrón Núñez, respondió a los alegatos.

Rosas Esquivel tomó la palabra para afirmar que sí existen los delitos, pues no se siguieron los procedimientos administrativos pero llevaron a acumular cuerpos en un lugar destinado para cremación, no conservación.

Sobre la acusación a Coespris, se limitó a decir:

“No estamos juzgando a la autoridad sanitaria”.

Finalizó la discusión y el juez de Control, Apolinar Juárez Castro dictó un receso de dos horas que se hicieron tres horas y media.

Para el juez hubo un dato de prueba preponderante: entre los oficios que Carlos Tarín, encargado de Coespris, dio a la Fiscalía y que ésta leyó en la audiencia inicial, se da cuenta de que había permiso de funcionamiento de Plenitud desde el 9 de julio de 2020, y el titular responsable sanitario es José Luis A. C., que en la sede ministerial dijo que apenas había heredado de su difunto padre, Luis Arturo Arellano Barnola, el negocio hacía dos años.

También destacó “el trato indigno del cadáver en la carroza abandonada que era usada prácticamente como bodega”, y el desorden de los documentos de los cuerpos que procesaba el crematorio.

Sí existe delito, afirmó el juez (contrario a lo que el 27 de junio dijeron las autoridades investigadoras regionales).

La conservación ilícita de los cadáveres, penada en el artículo 462 fracción I de la Ley General de Salud, se conformó cuando se acumularon cuerpos en un crematorio, que no es un depósito de cuerpos sino un espacio de transición, donde se le da el tratamiento de incineración, explicó.

Y pese a tener allí los cuerpos, “no se invocó un solo documento de conocimiento a las autoridades del apilamiento de cuerpos y la imposibilidad de cremarlos”, añadió el juzgador

Sobre el ocultamiento, dijo que “acumular por años en habitaciones y en esas condiciones los cuerpos, es lo que se valora como ocultamiento, al no cumplir con su obligación legal de dar noticia de la imposibilidad material de procesarlos”.

Abundó: “el ocultar fue no dar noticia del acumulamiento. El conservar fue mantenerlos ilícitamente porque el fin de los cuerpos era para cremación, no para conservación. No es un lugar de depósito”.

Luego habló de la probabilidad de que José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R. fueran responsables del hecho: existen documentos que sitúan a A. C. como dueño y responsable sanitario del lugar, y entrevistas que confirman la calidad de ambos en las actividades del crematorio.

Fueron, entonces, vinculados a proceso.

La Fiscalía solicitó seis meses de investigación complementaria. Resta declarar testigos como personal administrativo de las funerarias, vecinos del crematorio, víctimas indirectas, recabar informes del Registro Civil, Protección Civil, la Dirección de Salud de Juárez, Desarrollo Urbano y ubicar a más empleados de Plenitud a través del IMSS, además de dictámenes forenses pendientes.

No son necesarias las identificaciones de cadáveres, afirman

A la defensa le pareció excesivo porque no debería haber, a su consideración, víctimas indirectas del delito ni eran necesarias las identificaciones de los cadáveres para continuar con este proceso penal.

Finalmente, el juez dijo que los seis meses son proporcionales a la labor pendiente, pues “el sólo identificar 383 cadáveres en descomposición tiene dificultad técnica”.

Será el próximo 4 de enero, como máximo, cuando la Fiscalía deba entregar las pruebas descubiertas para fijar fecha de la audiencia intermedia y conocer el próximo paso en el proceso.

La noche del 26 de junio, las autoridades descubrieron que en el Crematorio Plenitud, ubicado en la carretera Panamericana 10631 de la colonia Granjas Polo Gamboa, había decenas de cuerpos ocultos y en condiciones insalubres.

La noticia provocó que decenas de personas buscaran información sobre el destino de sus seres queridos, querían conocer si fueron cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron.

Ante la cantidad de personas que llegaron a la sede Zona Norte de la Fiscalía de Chihuahua, el personal pidió a las personas presentarse con fotografías de la persona fallecida, de preferencia donde se observen los dientes para comparaciones odontológicas; el acta de nacimiento e identificación del difunto, y la documentación que recibieron al contratar la cremación.

En las funerarias, las personas exigieron respuestas sobre si sus familiares fueron trasladados al crematorio Plenitud y si el procedimiento se hizo conforme a la ley.

Sentía Adriana Estupiñón Orona que empezaba a salir de un proceso de dolor y tristeza por el fallecimiento de su mamá, cuando le llegó la noticia del caso de los 383 cuerpos ocultos en el Crematorio Plenitud:

“Todo me volvió a revivir, todo, desde que ella cayó al hospital”.

Al salir Adriana de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua en la Zona Norte, a donde acudió movida por la incertidumbre de enterarse de que la funeraria Latinoamericana, la que a ella le entregó las cenizas del cadáver de su madre, es una de las que subcontrataba los servicios a Plenitud.

El peregrinar de decenas de personas que pagaron servicios de cremación a las funerarias vinculadas con el crematorio, se observó en la Fiscalía en Ciudad Juárez, en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y en algunos de los negocios que prestan servicios funerarios, para exigir información, pues temen que los restos de sus seres queridos, estén entre los localizados en el crematorio, que operaba de forma irregular y sin supervisión desde hace tres años mínimo.

Hasta la fecha es un batallar de un lugar a otro, tal vez la identificación de los cuerpos tarde más de lo esperado,

El cadáver de Yolanda Estupiñá, fue entregado para cremación el 31 de diciembre del 2024, luego de que falleció al sufrir un paro respiratorio:

“Vengo a ver si mi mamá está en el crematorio, ella fue cremada en diciembre del 2024 y fue por parte de la funeraria Latinoamericana. Entonces quiero ver si ella no está aquí, y si es así darle seguimiento a todo esto, porque no se me hace bien lo que hicieron y pues prácticamente llevo mi luto todavía, y como para saber que mi mamá está allí, no se me hace justo la verdad”.

Adriana pensaba que las cenizas de su mamá estaban en el altar que tiene en su casa, junto a una veladora y un vaso de agua, donde reza por el descanso eterno de ella y llora su ausencia:

“Siento como si mi mamá, en caso mío, como si mi mamá hubiera sido un trapo viejo y fueron a arrumbar allí, eso es lo que yo siento al darme cuenta de todo esto”.

Las familias siguen presentándose, quieren conocer la identidad de los cadáveres encontrados en el crematorio y en caso de que sean sus seres queridos, desean recuperar los restos para darles una disposición final digna.

Gloria Criollo Martínez, compró un paquete a la funeraria Latinoamericana y este se utilizó en los servicios para su mamá y papá, fallecidos en 2021 y 2024:

“Esto es algo impactante para nosotros como familiares. Imagínese: se nos entregó una urna y pues nosotros pensábamos que allí se acaba o no expresamente, que se acabe el duelo, pero se acaba el proceso y pues resulta que no.

Desilusionada, Gloria sigue:

“Ahora queremos saber si realmente son nuestros familiares y si son recuperarlos. Venimos ahorita, pero parece que hay un desorden, no se logran coordinar muy bien todavía… Hay mucha gente, no sabemos ni cuál es el paso uno, ni el paso dos, ni el paso tres.

Asoman lágrimas en su rostro mientras explica:

“Están allí unas psicólogas tratando de decirnos, que nos van a dar orientación psicológica, pero muchos de nosotros no queremos eso. Queremos que canalicen rápido el proceso de identificación de los cuerpos a ver si está el de nuestra persona que buscamos, nuestro familiar”.

Tercia Julio Alvizo, que busca si entre los cuerpos está el de su esposa Marisela, fallecida a mediados del 2021.

Julio también expresó, que el trato que se dio a los cuerpos en el crematorio es una falta de responsabilidad enorme, similar a un crimen, y lamentó la falta de vigilancia de las autoridades respecto al Crematorio Plenitud.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, al menos 89 personas se presentaron entre el lunes 30 de junio y el martes 1 de julio a solicitar información respecto a los cadáveres recuperados en el crematorio, pero va en aumento.