En la continuación de la audiencia inicial celebrada en Ciudad Victoria, el Juez de Control de la Primera Región Judicial de Tamaulipas, vinculó a proceso a María de Lourdes Arteaga Reyna, entonces Secretaria de Finanzas de la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, imponiéndole una garantía de 300 mil pesos y la prohibición de salir de Reynosa, Tamaulipas.

A la tesorera como le conoce la gente, se le acusa de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, por haber distraído de su fin recursos públicos por 181 millones, 454 mil 615 pesos con 91 centavos, destinados para el Desarrollo de la infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública en Tamaulipas, durante el ejercicio fiscal del 2021.

De esa fortuna mencionada, se comprarían cámaras de audio y video de alta gama, así como los pagos reposición e instalación de las que se desprendieron de sus bases, así como otras tareas que tampco fueron cumplidas.

Por cuanto hace al plazo de investigación complementaria, el juez penal, otorgó un término de seis meses, que comprende desde ahora hasta el 14 de abril de 2026.

Durante la audiencia celebrada este jueves 10 de octubre en Ciudad Victoria, el juez determinó que la a exfuncionaria le será imposible salir de Reynosa, donde reside para ir al mercado, al super, al cine, sus activcidades rutinarias, ni podrá dalir del país, además de que deberá firmar cada ocho días obligatoriamente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA).

Según la acusación de la Fiscalia Anticorrupción, los hechos se remontan al cinco de agosto de 2021, cuando María de Lourdes, en su carácter de titular de la Secretaría de Finanzas, dio una aplicación distinta a recursos públicos por un monto de 139 millones 328 mil 239 pesos con 47 centavos, que después aumento en otros rubros distintos a los paquetes económicos ya establecidos.

Aunque Tania Conteras, asesora del gobenador Américo Villareal, ahora Magistrada presidenta del Supremo Tribunal Superior de Justicia en Tamaulipas hizo “una feroz batalla legal”, contra el entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero la mayoría de los acusados y sus cómplices, llevaban sus procesos penales en sus residencias, hogares, fincas, con toda libertad, solo uno sí, está en prisión.

Por ejemplo Mario Gómez Monroy exsecretario de Educación, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con desvío de recursos públicos por más de 8 millones de pesos mediante un convenio irregular con la aseguradora MetLife México. En agosto de 2025 se dictó una condena de 19 años de prisión por esos delitos, pero está internado en un hospital, grave supuestamente.

Como todavía la cárcel, Mario Gómez, es primo de los Cabeza de Vaca, de Mariana Gómez, esposa de José Francisco y del senador morenista José Ramon JR Gómez

A Gloria de Jesús Molina Gamboa, profuga, tiene orden de aprehensión, de panista cambió a Morenista se le investiga dentro de una presunta “red de corrupción en Salud” durante la administración de Cabeza de Vaca.

Gloria Molina, entonces Secretaria de Salud, fue señalada como parte de los exfuncionarios que firmaron contratos millonarios en mantenimiento hospitalario, sin licitación, ni comprobación fiscal, lo que dejó un presunto quebranto de 343 millones de pesos en los ejercicios fiscales 2017–2018.

En los delitos denunciados están: uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, adjudicaciones irregulares, pagos sin facturas o contratos, triangulación de recursos. A empleados fantasmas se les pagó salario, vacaciones, prima, préstamos, horas extras, Navidad y Año Nuevo.

Gloria Molina anda como si nada de Ciudad Victoria, Tamaulipas a Sabinas, Coahuila donde trabaja, despacha y se publica en las redes sociales, así que ni anda huyendo, al contrario trabaja con el Presidente Municipal, José Feliciano Díaz y la Congregación María Trinitaria.

Rómulo Garza Martínez fue titular de Bienestar Social de Tamaulipas fue vinculado a proceso en julio de 2025 por su probable responsabilidad en la compra ilícita de despensas durante 2021.

Se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades y desempeño ilícito de funciones administrativas, por haber autorizado adjudicaciones directas sin licitación para la adquisición de 2.6 millones de despensas (valor total de contrato señalado: 650 millones de pesos) para el programa Bienestar Alimenticio.

En este caso, la medida cautelar impuesta fue prisión preventiva justificada por el juzgador, pero es el único que está en prisión, por perra flaca.