La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, encabezan la lista de figuras políticas mexicanas a las que el Gobierno de Estados Unidos les ha cancelado la visa, en una medida que, según la agencia Reuters, forma parte de una nueva estrategia de Washington para endurecer su lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. En total, al menos 50 políticos y funcionarios habrían sido afectados por esta decisión, de acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio británico.

Reuters, que obtuvo la información a través de dos funcionarios mexicanos que pidieron el anonimato, señala que la mayoría de los visados retirados corresponderían a miembros del partido Morena, aunque también hay representantes de otras fuerzas políticas involucrados. Entre los casos más notorios se encuentra el de Ávila, quien habría perdido su permiso de entrada junto con su entonces esposo, Torres, desde mayo pasado. Tras el escándalo, la mandataria anunció públicamente su divorcio la semana pasada.

Durante su conferencia matutina de este martes 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no cuenta con detalles sobre las personas afectadas. Explicó que Washington no comparte esa información con el Gobierno mexicano y que las notificaciones se hacen de manera individual. “No tenemos información. El Gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en esto, en que es una información personal. Quien lo sabe es la persona a la que se le retiró la visa”, señaló.

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó a Reuters que las visas pueden ser revocadas “en cualquier momento”, incluso a funcionarios de alto rango, si se considera que sus actividades son “contrarias al interés nacional” de Estados Unidos.

La plataforma ProPublica había adelantado meses atrás que la Casa Blanca preparaba una lista extensa con nombres de políticos mexicanos —principalmente gobernadores, líderes de Morena y aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador— que podrían enfrentar restricciones de viaje y sanciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Analistas internacionales consideran que esta ofensiva marca un giro más duro en la política exterior de Donald Trump, quien ha retomado una estrategia de “mano dura” hacia el narcotráfico mexicano. También advierten que esta medida podría tensar nuevamente la relación bilateral, justo cuando ambos gobiernos intentaban reconstruir la cooperación en materia de seguridad.