Cinco niñas y 15 niños, sin amor por los juguetes y los dulces, se levantan muy temprano, el desayuno está olvidado, así como su pueblo, el apenas pronunciable Ayahualtempa, Guerrero, se visten por si solos con uniforme verde olivo, con sus rostros cubiertos, se encaminan a hacer sus ejercicios matinales con sus fusiles, ellos son: la policía comunitaria contra el crimen organizado, le pese a quien le pese.

Los 20 menores, fueron armados y presentados como nuevos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, allá en Guerrero, con su hermano Acapulco.

En esa zona, eran víctimas del narco de Los Rojos, esos que traen en el expediente de Ayotzinapa y ahora de Los Ardillos, así que, desde entonces, pidieron ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fueron abandonados a su suerte.

Por el desinterés del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, poco a poco los menores de Ayahualtempa, irán entrando en el sistema de justicia y defensa de su pueblo, haciendo valer usos y costumbres de la etnia para combatir a los narcos, que abusan de todos, hasta de sus cosechas.

En presencia de los padres de familia y del pueblo, Luis Morales Rojas, uno de los mandos de la Policía Comunitaria, dijo que armar a los menores de edad, es una necesidad para defenderse, luego de que las autoridades los abandonaron.

Entre los mismo narcos, Los Rojos fueron desapareciendo a raíz del asesinato de los 43 de Ayotzinapa y el lugar fue ocupado por Los Ardillos, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más poderosos que existen en Guerrero.

Los Ardillos controlan la zona del Centro del estado, sobre todo los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín Herrera (donde corresponde Ayahualtempa) y Chilpancingo, liderados por los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.

El otro hermano del clan, Bernardo, fue alcalde de Quechultenango por el PRD y diputado local en dos periodos. En todos sus cargos públicos, fue señalado por presuntamente colaborar con su familia y cobro de piso.

Ese grupo delincuencial tuvo sus inicios hace más de 20 años, cuando se dedicaban al secuestro y la extorsión, por la impunidad que disfrutaban, se metieron al narcotráfico.

Uno de sus fundadores fue Celso Ortega Rosas, La Ardilla, ex policía rural y que al dejar sus actividades de guardia de seguridad, se dedicó a la siembra de amapola en Quechultenango.

La Ardilla fue detenido en el 2008 por el asesinato de dos agentes de la procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), salió en 2011 de prisión y ese mismo año murió.

Sus hijos Jorge Iván y Celso Ortega Jiménez, continuaron con el grupo por eso se llaman Los Ardillos, los que acusan de matar a 10 músicos, integrantes del grupo Sensación en 2020.

En junio de 2023, una docena de comunidades de José Joaquín de Herrera y Chilapa denunciaron públicamente una serie de agresiones cometidas por Los Ardillos contra sus pobladores y exigieron, la inmediata intervención de las fuerzas federales, para que los detuvieran y fueran expulsados de ese territorio, que tienen asolado.

Allí en el poblado Ayahualtempa, las autoridades de le etnia, enviaban peticiones de ayuda a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero por correos electrónicos, WhatsApp, en Facebook cada semana sin obtener respuesta, desde 2023 a la fecha, con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, Semar y Sedena.

Cansados Los Ardillos de que los acusaran a diario, porque “alguien” les pasaba el pitazo, el 19 de enero se armaron hasta los dientes y en sus vehículos, con ametralladoras, entraron a la casa de los líderes comunitarios.

Secuestraron a Cecilia Gaspar Hernández; su esposo, José Teodoro Domingo y sus hijos, Gaudencio Chencho y Teodoro Teo Gaspar.

Luis Morales Rojas, miembro del gobierno autónomo de Ayahualtempa e integrante de la policía comunitaria, dijo sin temor:

“Tenemos conocimiento que hay comunidades que ya están controladas por Los Ardillos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros. Por eso pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales que nos apoyaran con agentes de seguridad, pero ni nos oyeron”.

Declaró Luis Morales que es legal, la formación de menores, el gobierno de Guerrero ha dicho que la ley estatal, reconoce la autoridad de los pueblos indígenas y su autogestión, incluido el aspecto de seguridad, pero de ninguna manera la integración de niños en autodefensas.

Así, sin pena, Ludwig Marcial Reynoso, secretario de Gobierno de Guerrero dijo, sin tocar que tienen abandonado la seguridad del pueblo de Ayahualtempa, ni buscan a la familia secuestrada, porque ni fotos hay, son demasiado pobres que nunca alcanzó:

“Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes, porque nadie puede atentar contra los derechos de los niños. Armar a los niños no es una estrategia adecuada”.

Sin embargo, situaciones como las que se ventilan para nada son nuevos, el periodista Arturo de Dios Palma comparte parte de la historia de Ayahualtempa:

“En 2020 también fueron presentados varios niños como parte de una policía comunitaria en el pueblo vecino de Alcozacán, como una medida de presión a las autoridades ante la violencia que se vive”.

Con movido por lo que ve, Arturo de Dios Palma expresa:

“Son niños que sí están preparados para el uso de armas, pero no los ponen al frente contra los enfrentamientos o ataques. Esta es la segunda o tercera generación. Probablemente los niños de hace cuatro años ya son mayores de edad, que ya estén en los frentes cuando es necesario”.

Los habitantes de las comunidades de estos pueblos de la región de La Montaña de Guerrero, por años han sufrido la violencia de los grupos criminales, pero que se agudizó desde 2021.

Primero fue el grupo delictivo Los Rojos (supuesto participante en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el mismo estado) el que ejercía el control de la región, que es un centro de producción y tráfico de drogas como la amapola y la marihuana.

Palma señala:

“Conformaron la policía comunitaria, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que es la policía histórica de Guerrero, casi todas las comunidades se unieron ante el acoso constante del crimen organizado, de todo el catálogo de violencia: asesinatos, desapariciones, ataques, etcétera”.

Sin embargo, la policía comunitaria regional se fragmentó y en Ayahualtempa crearon su propio grupo de autodefensa.

De hecho la formación de niños armados hace cuatro años, causó reacciones a nivel nacional e internacional, pero las autoridades negociaron con los pobladores para su desarticulación.

Sin embargo, en Ayahualtempa han vuelto a tomar esta medida ante el aumento de la violencia y la desatención de las autoridades, porque históricamente fueron marginados, hablan nahua, su pobreza es extrema, sin caminos, televisión, radio, internet, redes sociales, celulares, sin caminos, ni profesores, ni médicos.

El porte de armas de calibre .22 es legal, pues está amparado por la ley conocida como 701 que garantiza los derechos y autonomía de los pueblos indígenas.

Aunque los niños policías solo vigilarán, nunca estarán al frente, en el pasado algunos menores tomaron la autodefensa como un deber con la seguridad de todos en la comunidad, hasta las últimas consecuencias.

Arrancó lágrimas entre los que vieron la pequeña entrevista de Imagen Noticias con el niño morenito Luis Gustavo, del poblado de Alcozacán, con el rostro cubierto y portando un rifle:

“Si hay alguno de los contrarios, que ya mató a uno de nuestros compañeros, pues ni modo, le tengo que dar si ya lo tengo de frente”.

Después de la presentación de niños armados en Ayahualtempa por los medios de comunicación, funcionarios del gobierno de Guerrero se trasladaron a Alcozacán donde celebraron una reunión conjunta de las dos comunidades.

Además de asegurarles que hay un operativo para la búsqueda de la familia Domingo y Gaspar, los funcionarios dijeron que tendrán presencia de militares y miembros de la Guardia Nacional y de la policía del estado para evitar la violencia.

La gobernadora Evelyn Salgado ha optado por reemplazar al jefe de seguridad estatal por un militar, el general Rolando Solano Rivera, en un intento de atajar la situación, pero allá los niños y niñas armados, patrullan su querido pueblo, ni cantan el himno nacional, porque nunca lo han escuchado.