El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, enfrenta cuestionamientos por presunta ocultación de patrimonio, tras reportar en su declaración oficial el costo de sus propiedades con valores muy por debajo de la realidad, en un condominio de lujo en Reforma 222, acto que pone en la mira la transparencia del gobierno federal y despierta críticas entre expertos y ciudadanos.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, Delgado Carrillo adquirió un departamento de 165.81 metros cuadrados en el condominio Magno, Reforma 222, con un valor real de 15 millones de pesos, sin embargo, en su declaración patrimonial el funcionario reportó un costo de apenas 1.5 millones de pesos, generando dudas sobre la veracidad de sus reportes.

Este inmueble se suma a otra propiedad en el mismo piso, comprada en 2015 por 4.8 millones de pesos y declarada oficialmente con un valor de 4.3 millones, departamento más pequeño que cuenta con 119 metros cuadrados y comparte terraza con la reciente adquisición, información que especialistas señalan como movimientos sospechosos que podrían asociarse con operaciones de lavado de dinero, según análisis consultados por Latinus.

El secretario, apenas un mes después de asumir su cargo, liquidó la hipoteca de 4 millones de pesos adquirida en 2024 para su primer departamento, acción que refuerza la atención sobre sus finanzas y genera cuestionamientos sobre la congruencia entre patrimonio declarado y registros oficiales, situación que coincide con las críticas surgidas luego de que el periodista Claudio Ochoa Huerta publicara imágenes de Delgado Carrillo de vacaciones en Portugal, desayunando en un hotel de lujo, momento que provocó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que cada persona es libre de tomar sus decisiones y afirmó: “Qué cada quien lo juzgue (…) el poder se ejerce con humildad”

La polémica en torno al secretario de Educación Pública aviva el debate sobre transparencia, manejo de recursos y la confianza ciudadana en los funcionarios del nuevo gobierno, situación que mantiene la atención de la opinión pública sobre los movimientos inmobiliarios y financieros de Mario Delgado, mientras expertos y legisladores advierten la necesidad de claridad en la declaración de patrimonio de los altos funcionarios.