La voracidad del gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD), Marco Antonio Hernández Acosta, que presume compartir sus jugosas ganancias con el secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga, no tiene límites, y por unos pesos ha puesto en riesgo de inundación de aguas negras a los habitantes del fraccionamiento Arecas, un módulo habitacional de casi 4 mil viviendas, al que ya le han adherido 5 mil más y que están obligadas a expulsar el drenaje por una sola tubería de 18 pulgadas, sin que se respetara la norma de construcción sanitaria.

Para llevar a cabo su maligno objetivo, Marco Antonio Hernández Acosta, echó mano de su socio incondicional, Salvador Treviño Garza, quien, con un simple oficio, sin dar cuenta al alcalde José Alberto Granados Favila, ni al Consejo de Administración del Organismo Operador del Agua, tampoco al cabildo de Matamoros, mucho menos a la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, a cargo de Alfonso Treviño, ordenó modificaciones al convenio previamente establecido entre Construcciones Aryve y la JAD.

De esta manera, tanto Hernández Acosta como Treviño Garza decidieron favorecer a la empresa, burlándose del gobernador Américo Villarreal Anaya y, lo peor, de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien autorizó en su visita a Matamoros 5 mil viviendas para el Bienestar, ya que estos funcionarios sin escrúpulos, han permitido la modificación de las normas hidráulicas, poniendo en riesgo de inundación por aguas negras esa comunidad, agraciada con un programa tan noble promovido por la jefa de la nación para beneficio de quienes más lo necesitan.

De acuerdo con un convenio administrativo firmado en 2016 entre la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAD) y la empresa Construcciones Aryve, para dotar de servicios hidráulicos a la primera etapa de un programa de casi  4 mil viviendas, este se ha seguido modificando hasta 2026, para favorecer a la empresa y a la fecha ya se le agregaron otras 5 mil viviendas más, con la misma infraestructura sanitaria e incluso reducida, sin que el fraccionamiento haya sido entregado aun, ni recibido formalmente por el organismo operador del agua, ni el municipio.

Mientras tanto, las familias que habitan ya ese desarrollo dependen de una infraestructura sanitaria deficiente que, según muestra el expediente, se fue ajustando de acuerdo con los intereses de los gerentes en turno de la JAD y de Construcciones Aryve, donde funcionarios sin escrúpulos de la JAD, en complicidad con empresarios deshonestos, han dejado a Matamoros con el drenaje escurriendo por las calles sin desagüe, por obras autorizadas a su conveniencia y no a la de la población. 

Se presume que en cada modificación a favor de Aryve el gerente de la Junta de Aguas, Marco Antonio Hernández Acosta y sus achichincles reciben millonario embolso para ellos dejando un grave problema para el municipio que preside el alcalde Morenista José Alberto Granados Favila.

El convenio administrativo número JAD-CF-004/2016 fue firmado el 11 de julio de 2016 en H. Matamoros, Tamaulipas, entre la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad, representada por su entonces gerente general, José Luis de la Garza Meléndez, y la empresa Construcciones Aryve, S.A. de C.V., representada por Guillermo Gámez Tapia.

Como testigos firmaron Raúl de la Garza Gallegos, entonces gerente comercial de la Junta, y el ingeniero Gilberto Escobedo Leos, entonces gerente técnico del organismo.

El objeto del convenio fue la aprobación de planos y memorias de cálculo de los proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria, la supervisión de la obra y la entrega-recepción de la misma, para la incorporación de un nuevo asentamiento humano en un predio de 70-85-85.15 hectáreas, localizado al norponiente de la ciudad, sobre el libramiento Emilio Portes Gil, donde Aryve construyó el fraccionamiento Arecas.

Una acotación en el documento consigna que el desarrollo contemplaba 3,728 viviendas.

Apenas cuatro meses después de firmado el convenio, el 23 de noviembre de 2016, se inauguró la primera etapa del fraccionamiento Arecas, en un acto encabezado por el entonces presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante y el empresario José López Sarmiento, de la empresa Aryve.

El proyecto se presentó con una inversión anunciada de mil 100 millones de pesos para las 3 mil 728 viviendas proyectadas sobre las 70 hectáreas del predio.

En el evento participó el entonces director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quien señaló que los inmuebles estarían cerca de los centros de trabajo, contarían con todos los servicios básicos y tendrían áreas de convivencia social, y detalló que el Instituto construiría 28 mil viviendas distribuidas en ocho municipios de Tamaulipas, entre ellos Reynosa con 7 mil, Matamoros con 5 mil, Altamira y Tampico con 4 mil cada uno, Nuevo Laredo con 3 mil, y Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Río Bravo con 2 mil 500 cada uno.

Así, el anuncio oficial de servicios básicos garantizados contrasta con el hecho de que, según el propio convenio firmado meses antes, la infraestructura hidráulica y sanitaria del fraccionamiento apenas comenzaba a definirse en sus términos técnicos y aún dependía de una factibilidad con vigencia de solo seis meses.

De acuerdo con el texto del convenio, la factibilidad otorgada por la JAD tenía una vigencia de apenas seis meses contados a partir de la fecha de la firma, plazo en el que la empresa debía iniciar los trabajos o tramitar una nueva factibilidad ante el organismo.

Para garantizar el cumplimiento de lo pactado, Aryve quedó obligada a presentar una póliza de fianza equivalente al diez por ciento del importe de los trabajos a realizar, a favor de la Junta de Aguas y Drenaje.

Entre las obligaciones más relevantes asumidas por la empresa se encuentra el reequipamiento de la Planta Potabilizadora número 2 con dos equipos de bombeo tipo turbina vertical marca BNJ, con capacidad de 170 litros por segundo cada uno, así como la construcción de aproximadamente 4.45 kilómetros de tubería de 16 pulgadas de diámetro sobre el libramiento Emilio Portes Gil, frente al cuartel de la Sedena, para cerrar circuito con la tubería existente de 14 pulgadas y garantizar el abasto de agua potable al nuevo desarrollo.

Esa tubería de 16 pulgadas corresponde al suministro de agua potable, no al desalojo de aguas residuales, distinción que resulta relevante frente a lo que ocurrió después con la obra de drenaje sanitario.

Para el desalojo de aguas negras, el convenio obligó a la empresa a construir una sola estación de bombeo de aguas residuales, calculada con el gasto de todo el desarrollo, equipada con bombas sumergibles marca Flygt, planta de emergencia, tablero de control, subestación eléctrica y reja perimetral, ubicada en el área de equipamiento del fraccionamiento.

El acuerdo signado no contempla una segunda estación ni sistemas de respaldo adicionales, de manera que la totalidad de las descargas sanitarias de un desarrollo de casi cuatro mil viviendas depende de ese único punto de bombeo para salir del fraccionamiento.

Considerando que cada vivienda cuenta al menos con un baño completo, taza sanitaria y fregadero de trastes, el volumen de aguas negras que debe procesar esa única estación resulta considerable, y cualquier insuficiencia en la capacidad de la línea de descarga o saturación aguas abajo puede traducirse en el regreso de aguas residuales hacia las tuberías internas de las casas, con el consecuente riesgo de brotes de aguas negras dentro de los propios domicilios. Lo mismo ocurriría en caso de que se vaya la luz.

Ese riesgo cobra relevancia ocho años después de firmado el convenio original, cuando el organismo operador y Aryve continuaban ajustando los términos de la obra de cabecera.

El 4 de septiembre de 2024, el arquitecto José Jaime Rodríguez Vázquez, entonces representante legal de Construcciones Aryve, dirigió un oficio al ingeniero Salvador Treviño Garza, gerente técnico de la Junta, solicitando una actualización o addendum al convenio JAD-CF-004/2016.

La petición buscaba modificar el punto de descarga de la línea de presión de aguas residuales del fraccionamiento, argumentando cambios en el proyecto de descarga en su punto de entrega final.

Originalmente, el convenio obligaba a la empresa a descargar la línea de presión hacia una estructura de inspección ubicada en la trayectoria de la línea interceptora del sistema oeste, sobre el lado poniente del dren principal, en el cruce del libramiento Emilio Portes Gil y la avenida 12 de Marzo, previa construcción de una caja rompedora de presión.

La empresa Aryve solicitó sustituir esa obligación por la descarga hacia una línea existente de 16 pulgadas, ubicada sobre el mismo libramiento, a la altura del fraccionamiento Unidos Avanzamos, con la instalación de una válvula check para evitar el regreso de aguas residuales por la presión de la línea, algo totalmente perjudicial para los habitantes de Arecas.

El funcionario, sin más, respondió a su conveniencia el 5 de septiembre de 2024 mediante el oficio JAD-GTIC-293/2024, firmado por él mismo, Salvador Treviño Garza, autorizando el cambio solicitado, aunque con una diferencia notable respecto a lo pedido por la empresa. Mientras Aryve había solicitado conectarse a una línea de 16 pulgadas, la Junta respondió que, en revisión del cálculo con los gastos combinados del fraccionamiento Arecas Residencial y del fraccionamiento Unidos Avanzamos, es la línea de presión existente de 18 pulgadas de diámetro la que cuenta con capacidad para desalojar el caudal de ambos sistemas, sin que el oficio explique el origen de la discrepancia entre los dos diámetros mencionados en ambos documentos.

Lo relevante de esa modificación es que la nueva descarga del fraccionamiento Arecas no se conecta a una línea exclusiva ni de nueva construcción, sino a la misma tubería que ya recibe las aguas residuales del fraccionamiento Unidos Avanzamos, un desarrollo que, de acuerdo con la propia justificación del organismo, ya opera con un gasto propio que debió sumarse al cálculo para determinar si la línea existente soportaría ambas cargas.

Así, dos fraccionamientos completos, con miles de viviendas entre ambos, quedaron descargando sus aguas negras hacia un mismo tramo de tubería que en su diseño original no fue concebido para recibir el volumen combinado de los dos desarrollos.

El oficio fue recibido con copia para el gerente general de la Junta, Marco Antonio Hernández Acosta, y para el director general de Agua Potable y Drenaje Sanitario de la Gerencia Técnica, Gilberto Escobedo Leos, el mismo funcionario que en 2016 había firmado como testigo del convenio original en su carácter de gerente técnico.

Quien firmó como gerente técnico la autorización del cambio en 2024, Salvador Treviño Garza, no es un funcionario nuevo dentro del organismo.

Ha ocupado la titularidad de la gerencia general de la Junta de Aguas y Drenaje en dos ocasiones anteriores. Ingresó en el año 2000 como subgerente técnico y, dos años después, fue promovido a gerente general, cargo que ocupó de 2002 a 2005, cuando lo dejó para convertirse en secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Matamoros.

Volvió a ser nombrado gerente general el 5 de abril de 2011, en sustitución de Jesús de la Garza Díaz del Guante, y permaneció en el cargo hasta agosto de 2012, cuando fue relevado por Gerardo Guerra Astudillo.

En enero de 2023 regresó a la Junta, ya no como gerente general sino como gerente técnico, cargo que continuó desempeñando y desde el cual autorizó la modificación al convenio del fraccionamiento Arecas.

A lo largo de esa trayectoria al frente del organismo operador del agua, Treviño Garza ha estado vinculado a obras que, de acuerdo con el recuento de la investigación, nunca cumplieron su función y representaron un perjuicio para la comunidad.

Durante su gestión estuvo a cargo de la recepción de dos tanques elevados de 3.8 millones de litros cada uno, uno construido en la colonia Marte R. Gómez y otro en el rumbo de México Agrario, ninguno de los cuales ha funcionado desde que fueron edificados.

En su primera administración como gerente de la Junta también fue responsable de la construcción, aguas arriba del Río Bravo, de un reducto al que se le llamó “bypass”, obra de costo millonario que fue inaugurada por el entonces gobernador Tomás Yarrington, y que la primera crecida del Río Bravo derribó.

Pese a ese historial de obras fallidas, el actual gerente general de la Junta, Marco Antonio Hernández Acosta, decidió reincorporar a Salvador Treviño Garza como gerente técnico del organismo en enero de 2023, a pesar de conocer las arbitrariedades y el daño que su gestión había causado previamente a la comunidad. Treviño Garza permaneció en el cargo hasta que, ya con la nueva administración municipal encabezada por el alcalde José Alberto Granados, fue finalmente separado de la JAD. Sin embargo, fue precisamente en ese periodo previo a su salida cuando emitió el último documento en el que autorizó al fraccionamiento Arecas a reducir el diámetro de la línea de bombeo de aguas negras, una decisión que no solo afecta a los habitantes de ese desarrollo, poniéndolos en riesgo de que se inunden de aguas pestilentes, sino a todos los conjuntos habitacionales y departamentos ubicados en esa misma zona, que en conjunto suman cerca de 15 mil viviendas.

Se trata de una determinación técnica que, por su alcance, debió someterse no únicamente a la aprobación del consejo directivo de la Junta de Aguas y Drenaje, sino también a la revisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Matamoros, dependencia que, en última instancia, es la que recibe los reclamos de la comunidad cuando este tipo de decisiones, tomadas de manera unilateral por un solo funcionario, resultan insuficientes.

Pero esta usurpación de funciones de Salvador Treviño Garza no termina aquí, pues el 11 de abril de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en la ciudad para dar el banderazo al Programa Vivienda para el Bienestar y anunció la construcción de 5 mil viviendas más del Infonavit para Matamoros, las que están a punto de inaugurarse en el conjunto habitacional de Arecas, es decir, si había casi 4 mil viviendas unifamiliares allí, ahora se agregaron 5 mil más, pero con la novedad de que estas no son unifamiliares, sino que son unidades multifamiliares en construcción vertical, que van de 16 a 20 departamentos cada una, serían cerca de 300 edificios.

Toda esta descarga de aguas negras, por un tubo no mayor de 18 pulgadas de diámetro, para desfogar al menos 12,000 tazas de baño, fregaderos y regaderas, es lo que sin escrúpulos autorizó Salvador Treviño Garza, siendo gerente técnico del organismo operador, en complicidad con su socio, el gerente general Marco Antonio Hernández Acosta, todo esto, desde luego, en acuerdo con el secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno del estado de Tamaulipas, Raúl Quiroga. Todos estos personajes están de acuerdo para recibir componendas de parte de las constructoras y tomar los organismos operadores del agua como si fueran de su propiedad, y decidir sin la intervención de los cabildos ni de los consejos: seguido, las decisiones las toman ellos emitiendo un simple oficio, como fue en este caso de Arecas.

A casi una década después, sin una entrega formal de su infraestructura hidráulica y sanitaria ante la Junta de Aguas y Drenaje, ni con evidencia de que la reducción del diámetro de bombeo autorizada sea la adecuada, el cuerpo edilicio de Matamoros, ni regidores ni síndicos, han llamado a comparecencia a Marco Antonio Hernández Acosta, responsable de todo este fraude hidráulico en Arecas, que está debidamente articulado para favorecer a la constructora Aryve y no a la población.