A 13 años del asesinato de 72 migrantes, conocido mundialmente como La Masacre de San Fernando, la impunidad cala en las familias, como el personal de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que siguen pidiendo justicia y se proceda.

La impunidad, la duda y la tortura de tener cuerpos enterrados que todavía se desconoce en norte y centroamérica si son sus familiares, como doña Ángela Pineda y don José Hernández que fallecieron, según parte médico, por diabetes y gastritis.

Sus familias tienen otros datos: los mató también la violencia institucional, que acarrea la impunidad y la estela de enfermedades que los atacaron, a raíz de la tragedia que les arrebató la vida a sus hijas Mayra y Eva respectivamente, hace 13 años, en San Fernando, Tamaulipas, México, de las que siempre tuvieron duda, si fueron ellas las sepultadas.

Todo empezó el 24 de agosto de 2010, la Marina informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. En la matanza que conmocionó a México, participaron miembros del cartel, también hay policías bajo investigación, pero ningún sentenciado.

Los representantes de las víctimas denunciaron desde hace años, numerosas irregularidades y negligencias tanto en las indagaciones como en la identificación de los cuerpos, la mayoría de migrantes centroamericanos.

Algunos de los familiares participaron en una audiencia virtual con autoridades mexicanas, exigieron que permitieran exhumar cuerpos cuyas identificaciones, una década después de los hechos, generan muchas dudas.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, se comprometió a colaborar para que se hiciera una identificación correcta de los cuerpos que se entregaron a las familias, indicó su departamento en un comunicado.

Por su parte, la organización de derechos humanos estadounidense WOLA denunció que sin sentencias por la masacre, demuestra que la falta de justicia en crímenes contra migrantes, en los que muchas veces hay funcionarios implicados, es generalizada.

Documentos oficiales mexicanos describen, cómo una decena de personas en vehículos marcados con una Z interceptaron en agosto de 2010 en el noreste del país a dos camiones cargados de migrantes a quienes les preguntaron si querían trabajar para la guerra.

En aquellos momentos el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) había declarado la guerra a los carteles y éstos también luchaban entre sí. Solo uno aceptó. A todos los demás les vendaron los ojos, les ataron las manos y tumbados en el suelo los ejecutaron. Un ecuatoriano que sobrevivió logró huir del lugar y alertó a la Marina.

El drama de los migrantes desaparecidos fue abordado por el papa Francisco, quien se solidarizó con las familias de los 72 masacrados en San Fernando hace una década:

“El Señor pedirá cuentas por todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza, han sido victimas de la cultura del descarte”.

Para los medios internacionales, el hecho se conoció como “La Masacre de 72 Personas Migrantes de San Fernando, Tamaulipas”, la primera de varios hechos atroces que vendrían después y que se alimentan de una impunidad sistémica:

Fueron 48 Fosas Clandestinas de San Fernando, Tamaulipas (196 víctimas), la Masacre de Cadereyta (49 víctimas), la Masacre de Güémez (16 víctimas), la Masacre de Camargo (19 víctimas), solo por citar las más reconocidas. Cinco casos que suman, por sí solos, 352 asesinados y ni una sola persona responsable, símbolo de la impunidad.

La cifra real de la tragedia, sumada a las desapariciones de personas migrantes en territorio mexicano es incalculable, pues los registros oficiales ni dan cuenta de ellas, en Tamaulipas, el Fiscal de Justicia, el panista Irving Barrios Mojica, dice que hay duplicidad de denuncias de desaparecidos forzados.

En las manos de las administraciones públicas pasadas y en la actual debe pesar la memoria de las madres y padres de las víctimas, que han fallecido sin recibir una gota de justicia ni reparación.

El pesar de sus múltiples reuniones con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración (de la Segob), y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), están sin resultados. Ni atención, ni reparación, ni justicia, sólo violencia institucional, comer galletitas con café.

El gobierno de Tamaulipas, ni de nuestro país ha podido –o no ha querido– procurar verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Tampoco ha cumplido con sus compromisos internacionales, dicen aquellas familias que instalaron el monumento 72 a la impunidad.

La Fundación para la Justicia, publicó una dolorosa carta el 24 de agosto en las redes sociales, que encierra todo el pesar de las familias de los 72 migrantes ejecutados en San Fernando, con reproche a México y a Tamaulipas:

“Doña Ángela murió sin saber dónde estaba realmente Mayra, mientras que Guatemala (su país de origen) y México (en donde Mayra fue ejecutada), se llenan de pretextos para no coordinar una acción binacional, que debiera ser sencilla: que los restos enterrados en Guatemala sean exhumados y su identidad verificada por peritos de su confianza”.

Tanto en Guatemala como en México, existe el derecho de tener peritos independientes que los saquen de dudas, ambos países están obligados a proporcionar a las familias de víctimas de desaparición y ejecución, todas las herramientas para encontrar e identificar a las personas. Ni Guatemala ni México, cumplen con sus obligaciones internacionales.

Por si fuera poco, siete familias de Guatemala y Brasil siguen esperando la revisión de la identificación de los restos de sus seres queridos, esperanza puesta en el juzgado de distrito a cargo del amparo, presentado por la Fundación para la Justicia en contra de las omisiones y negligencias de las autoridades, de garantizar su derecho a la verdad.

Al mismo tiempo, varias familias guatemaltecas esperan la resolución de la Corte Constitucional de Guatemala, también llamada a pronunciarse sobre los derechos de las víctimas en el caso.

Acompañan a la carta de inconformidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra:

Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P. Colectivo justicia y esperanza.

Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Sin Fronteras IAP

Comité De Familiares De Migrantes Desaparecidos Del Sur De Honduras (COFAMIDESURH) Carovane Migranti (Italia)
Patricia Zamudio, CIESAS-Golfo
Coalición de Derechos Humanos, Arizona.

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC.

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena AC
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.), entre otras 40 organizaciones de toda América.