Tras sobrevivir a cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago, la maestra Marimar Martínez, ciudadana estadounidense e hija de migrantes originarios de Durango, presentó el lunes 5 de octubre de 2026 una demanda civil contra el gobierno federal para exigir una indemnización y rendición de cuentas por lo ocurrido.

El tiroteo ocurrió el 4 de octubre de 2025 en el barrio Brighton Park, durante el operativo migratorio Midway Blitz. Martínez circulaba en su automóvil y alertaba a vecinos sobre la presencia de agentes mediante el claxon y gritos de “la migra”, cuando su vehículo y la camioneta oficial tuvieron una colisión. Después, el agente Charles Exum abrió fuego contra ella.

Las autoridades federales la acusaron de utilizar su unidad para agredir a los oficiales, mientras el Departamento de Seguridad Nacional la señaló públicamente como “terrorista doméstica”. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025 fueron desestimados definitivamente los cargos en su contra.

Para sustentar la demanda, sus abogados contrataron a un especialista que analizó cámaras corporales, grabaciones de vigilancia, impactos en el automóvil y lesiones. Según la defensa, la reconstrucción contradice la versión de que Exum disparó para evitar ser atropellado y señala que el último tiro fue efectuado desde atrás del vehículo. Estas conclusiones forman parte de las pruebas presentadas por Martínez.

También se divulgaron mensajes en los que el agente alardeaba de haber realizado cinco disparos y provocado siete heridas. Exum sostuvo que sus comentarios fueron una manera de aliviar el estrés, mientras los abogados de la sobreviviente cuestionaron su conducta después del ataque.

La acción civil reclama daños por negligencia, agresión, arresto y encarcelamiento indebidos, persecución judicial maliciosa y afectaciones emocionales. Martínez explicó que decidió actuar después de las muertes de Renée Good y Alex Pretti durante intervenciones migratorias en Minneapolis, con la intención de crear conciencia sobre el uso de la fuerza.

El agente pertenece a la Patrulla Fronteriza, adscrita a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza —CBP—, y permanece en licencia administrativa, según la dependencia. La demanda está dirigida contra el gobierno estadounidense y todavía no cuenta con una sentencia que determine responsabilidades.