La presidencia del Instituto Nacional Electoral quedó vacante luego de que Guadalupe Taddei formalizara su renuncia el 26 de octubre de 2026, en medio de una investigación por posibles irregularidades en contratos otorgados a empresas proveedoras del organismo.

La funcionaria presentó su separación ante la Cámara de Diputados, un día después de anunciar que dejaría el cargo, al que llegó en abril de 2023 para un periodo que debía concluir en 2032.

Su salida ocurre luego de que se difundieran señalamientos sobre su relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas que recibieron contratos del instituto durante su administración.

Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación investiga posibles conflictos de interés, acuerdos entre proveedores y triangulación de recursos, mientras también se revisa si algunas empresas simularon competir para obtener contratos de material electoral.

Antes de renunciar, Taddei defendió las contrataciones del organismo y aseguró que habían sido auditadas, además de rechazar que existieran empresas favoritas, mientras que al anunciar su decisión señaló que buscaba proteger la estabilidad y credibilidad del instituto.

En la carta entregada a la Cámara de Diputados expresó que se retiraba con serenidad y orgullo por sus más de tres décadas de servicio en materia electoral, además de afirmar que conservaba sus principios y convicciones.

Tras su salida, los diez consejeros y consejeras que permanecen en el Consejo General deberán elegir a una persona de entre ellos para ocupar provisionalmente la presidencia, en tanto la Cámara de Diputados iniciará el proceso para designar a quien complete el periodo hasta 2032.

La renuncia se presenta a menos de un año de las elecciones de junio de 2027, aunque el Instituto Nacional Electoral aseguró que continúa con los trabajos de organización del proceso electoral.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se esclarezcan las contrataciones y consideró adecuada la salida de Taddei para atender los posibles conflictos de interés, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existieron irregularidades y responsabilidades.