El reciente descubrimiento de un crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, puso al descubierto una narco escuela del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que funcionaba hace 13 años consecutivos, descubierta y denunciada por el colectivo Luz de Esperanza AC de Héctor Flores, pero siguió operando, mataban a la gente y luego la incineraban. Todos sabían y dormían con la muerte.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco identificó al menos cinco hornos ubicados dentro del rancho Izaguirre de CJNG, donde cientos de personas fueron retenidas y obligadas a elegir entre trabajar para el crimen organizado o morir.

Si se negaban eran obligados a cavar un horno en el que después eran colocados e incinerados sus cuerpos. Posteriormente se colocaba una capa de tierra y se repetía el procedimiento para culminar con otra capa de ladrillo y tierra.

Si aceptaban se les empleaba para sintetizar droga, ser halcones o manejar armas, una pesadilla hecha realidad que compartieron dos gobernadores y sus funcionarios de primer nivel como en Tamaulipas, Egidio Torre Cantú y Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Desde septiembre de 2024 el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció el mismo predio, se volvió a denunciar en diciembre de ese mismo año y enero de 2025 otra vez, sin obtener respuesta efectiva de las autoridades.

Jalisco y Tamaulipas ocupan primero y segundo lugar en el país en el rubro de desapariciones forzadas, por eso Ceci Flores, madre buscadora y activista, declaró que denunciaron, que miembros de la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado acompañaron a la colectiva al lugar, pero las autoridades no actuaron:

“Las madres buscadoras de Jalisco entraron en diciembre y enero, y no les hicieron caso. Ellos tienen la tecnología y las herramientas para realizar una búsqueda adecuada, como el geo-radar en Jalisco, pero no lo usaron”.

Explicó que en sus primeras incursiones al Rancho Izaguirre encontraron ropa y calzado a simple vista, pero no se permitió excavar por la falta de una orden de cateo. A pesar de las evidencias y llamados a la acción, las autoridades no actuaron:

“Ahora, las excavaciones han revelado más restos humanos y pruebas del horror, que se vivió en el Rancho Izaguirre. La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades plantea serias dudas sobre su papel en la tragedia de Teuchitlán. La omisión y la negligencia también son formas de complicidad”.

En septiembre de 2024, durante el primer descubrimiento del crematorio en el Rancho Izaguirre, el entonces gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro Ramírez, ocupó el cargo del 6 de diciembre de 2018 al 5 de diciembre de 2024.

Su sucesor, Pablo Lemus, también de Movimiento Ciudadano, declaró recientemente que estaba en la mejor disposición de trabajar con la Fiscalía General de la República; sin embargo, no solicitará que el caso sea atraído por la FGR, sino que será la Fiscalía del Estado la que se haga cargo.

Actualmente se sabe que Enrique Alfaro se encuentra viviendo en Madrid, mientras estudia para convertirse en entrenador de fútbol. El exgobernador se distanció por completo de la política (como sucede con Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, multimillonario radicado en San Pedro Garza García, Nuevo León).

Los que estaban o siguen trabajando en el gobierno de Jalisco son: Ricardo Sánchez Beruben, coordinador de Estrategia de Seguridad;
José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán (reelecto).

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal de Jalisco; Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, secretario de Seguridad Pública de Jalisco; David Córdova Campos, titular de la Guardia Nacional; Blanca Jacqueline Trujillo, jefa de la Fiscalía de Desaparecidos de Jalisco; Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

Además de Alfaro, otro de los funcionarios era Ricardo Sánchez Beruben, coordinaba la estrategia de seguridad del estado y en su momento desestimó las denuncias que señalaban a la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque de ser uno de los principales puntos donde se veía por última vez a los desaparecidos.

A finales de agosto del 2024, antes de que los 10 integrantes del CJNG fueran detenidos por la Guardia Nacional, el entonces coordinador de Estrategia de Seguridad mencionó que las desapariciones ocurridas en la central camionera no necesariamente estaban involucradas con el crimen organizado o el reclutamiento.

En lo que fue el Rancho Izaguirre se han encontrado entre 200 y 400 pares de zapatos, bolsas de mano, mochilas y demás pertenencias personales de personas que muy probablemente solo buscaban una oportunidad laboral.

Para reclutar gente, el crimen organizado coloca falsas ofertas laborales en diferentes redes sociales. Tras hacer contacto, cita a las personas en la central camionera con la promesa de que serán llevados a las entrevistas o directamente a la fábrica a laborar.

Piden que el solicitante no vaya acompañado y evite llevar celulares o alimentos.

Los asistentes son transportados desde la central camionera, en Urvans o camiones.

El activista Héctor Flores en reiteradas ocasiones ha señalado que hay otros campamentos clandestinos en la zona del balneario Los Camachos , así como en Los Altos, Valle de Guadalupe, Ameca y Tala. Estos se ubican en la sierra, donde podrían tener cientos de personas retenidas contra su voluntad.

Desde la administración de Aristóteles Sandoval (antecesor de Enrique Alfaro), ya se reportaban campamentos de adiestramiento criminal en el municipio de Tala.

Aunado a ello, han surgido versiones que mencionan que Beruben ya no simpatiza con Movimiento Ciudadano sino con Morena.

El presidente municipal de Teuchitlán desde 2021 a 2024 y que ahora repite cargo es José Ascensión Chencho Murguía Santiago, también de Movimiento Ciudadano que supuestamente, nunca se dio cuenta que en su municipio había una narco escuela.

Chencho Murgía redactó en su muro de Facebook que se compartieran mensajes positivos:

“De estas publicaciones son las que Teuchitlán necesita (en referencia a una imagen de que no decaiga el ánimo). Hagamos una campaña de motivación para nuestro pueblo. No querrán destruir nuestro municipio con malos comentarios. Teuchitlán nos necesita.”

En 2024, el fiscal estatal de Jalisco era Luis Joaquín Méndez Ruiz que asumió el cargo en 2019 tras ser designado por el Congreso del Estado. Días antes de dejar el puesto, reconoció que quedaban pendientes en diversas áreas incluyendo desaparecidos:

“Aún quedaban pendientes en materia de desaparecidos, todo el tema de violencia de género, todo el tema de los delitos patrimoniales (…), el tema de homicidios. Por eso les digo, todo es prioritario en la dependencia”, mencionó el 16 de septiembre.

Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano fue el secretario de Seguridad Pública de Jalisco en ese período, ocupó el puesto desde 2018 hasta el cambio de administración en 2024.

Mientras que el titular de la Guardia Nacional a nivel federal fue David Córdova Campos. Cabe destacar que Córdoba ya era un militar en retiro cuando llegó al cargo el 16 de enero de 2023 y durante la administración de Sheinbaum no se le otorgó ningún cargo público.

De acuerdo con la información disponible, en 2024 fueron elementos de la Guardia Nacional quienes entraron al rancho, por lo que quedaba bajo sus órdenes la decisión final que se tomará en torno a los hallazgos.

Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, quien también conoció del tema, Daniel Espinosa Licón, declaró en 2024:

“(Era) un campamento totalmente equipado para reclutar a gente y capacitar, casi casi con entrenamiento militar, para cooptarlos o incorporarlos a la delincuencia organizada. Las 10 personas estaban cuidando y adiestrando, por lo que todos tienen relación con el delito de desaparición forzada y homicidio”.

Añadió que las dos víctimas rescatadas habían sido interrogadas para conocer lo ocurrido. Sin embargo, todo parece indicar que Rancho Izaguirre siguió operando sin ser desmantelado.

Esto pese a que medios informaron que la Guardia Nacional se encargó de desmantelar el lugar, además, de que se informó que la finca, ubicada en medio de sembradíos y alejada de viviendas, fue vigilada por la Guardia Nacional.

El 18 de septiembre de 2024, los agentes encontraron a dos hombres aparentemente víctimas de secuestro y el cadáver de otro, quien estaba envuelto en plástico. Sin embargo, al parecer, las autoridades no notaron las pilas de ropa, zapatos y pertenencias esparcidas en el sitio. Tampoco detectaron señales que indicaban que el lugar estaba habitado de manera constante.

Además, un convoy de la Guardia Nacional y la Fiscalía de Desaparecidos de Jalisco, de la cual es titular Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, ingresó a la zona en busca de posibles fosas clandestinas.

El actual fiscal del estado, Salvador González de Los Santos, informó que entre septiembre y octubre se llevó a cabo un operativo donde las autoridades utilizaron una retroexcavadora, medidores de compactación del suelo y binomios caninos, con la participación de al menos 10 personas, sin embargo, pese a contar con un mejor equipo que los grupos de familiares buscadores y a que las evidencias estaban a simple vista, no reportaron nada. Ahora es el jefe de las investigaciones.

En un autovideo declaró Salvador:

“La evidencia encontrada indica que el lugar no fue utilizado desde septiembre cuando por primera vez entró la Guardia Nacional, hasta marzo que ingresaron los grupos activistas, pero ya se está realizando una investigación por posibles omisiones por parte de las autoridades y que incluso se invitó a colaborar a las instancias Federales”.

Ahora, en 2025, gracias al trabajo de los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco se ha revelado que está narco escuela también funcionaba como crematorio. Sin embargo, la identidad y cantidad de quienes pasaron el horror de estar en el “campo de exterminio” aún está lejos de ser revelado.