Para la tríada maléfica compuesta por el secretario de Desarrollo Económico en el […]
Para la tríada maléfica compuesta por el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Carlos García González Chito; Rosy Torres, presidenta de Index y Rogelio García de Canacintra, fue fácil eliminar a Susana Prieto Terrazas y convencer al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de ejecutar el decreto para tomar seguridad pública en Matamoros, sin importar conculcar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 constitucional que protege la autonomía de los municipios.
Con la llegada del grupo de élite, la tranquilidad del municipio quedó en manos del secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González Chito, a quien el nuevo jefe de seguridad pública en Matamoros, Francisco Javier Rojas Bárcenas le avisa cada movimiento del grupo especial de la Policía Estatal.
La incursión del gobierno del Estado tiene como objetivo revelar los malos manejos de funcionarios morenistas en seguridad, para dañar su imagen y elevar el rating de la gestión panista, así como completar el trabajo de inteligencia para usar la información a su favor; la decisión se da a unos meses de las elecciones y luego de cuatro largos años de la administración panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El acuerdo lanzado por el gobierno estatal por recomendación del panista Carlos García González Chito, la presidenta de Index, Rosy Torres y Rogelio García de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra -tríada ampliamente rencorosa- también busca favorecer a la diputada Ivett Bermea en su camino a la Alcaldía de Matamoros, pues es la esposa de Carlos García González Chito, secretario de Desarrollo Económico a quien el pueblo le dio la espalda en los comicios de 2018 y votó por Mario Alberto López La Borrega.
A esta tríada le interesa más saciar su interés personal que beneficiar al pueblo y como ejemplo está el caso de Susana Prieto Terrazas, abogada que consiguió el aumentó salarial de obreros y un pago de 32 mil pesos por empleado, desafiando a los representantes de la industria y sus intereses empresariales, sin embargo, la eliminaron de un solo tajo, por un tiempo no podrá pisar tierras tamaulipecas.
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