Autoridades colombianas detuvieron el domingo 13 de septiembre al documentalista mexicano Samuel Adrián en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá para cumplir una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali, el director de “Colombia Fábrica de Niños Trans” deberá cumplir 10 días privado de la libertad y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, mientras la Policía Nacional aclaró que no se trata de una captura por un delito penal sino del cumplimiento de una sanción judicial.

Antes de abordar un vuelo desde Panamá dejó preparado un mensaje ante la posibilidad de ser detenido y declaró “Si estás viendo este video, es porque fui arrestado en Colombia”, además sostuvo “No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, pidió apoyo al Gobierno de México y señaló que sus abogados asumirían su defensa.

El conflicto que terminó con su arresto está relacionado con publicaciones y con el documental en el que cuestiona tratamientos y protocolos médicos asociados con procesos de transición de género en niños y adolescentes en la Fundación Valle del Lili de Cali, parte de la investigación involucra al endocrinólogo pediatra Mario Angulo, vinculado a esa institución, quien acudió a la justicia por contenidos en los que fueron utilizadas su imagen, voz y conversaciones.

Dentro de la producción se abordan bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y posibles consecuencias de estos procedimientos, mientras Samuel Adrián ha defendido la difusión del material al considerar que se trata de un asunto de interés público, el incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas con el contenido derivó finalmente en el proceso por desacato.

La detención provocó la reacción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien pidió que el caso abra una discusión nacional y declaró “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”.

Desde la Presidencia también lanzó un llamado directo al Poder Legislativo al señalar “Hago un llamado al Congreso, llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, además sostuvo que existen vacíos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva y agregó “No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales”.

El mandatario cerró su postura con el mensaje “La Patria Milagro comienza defendiendo a nuestros niños, sus familias y la potestad de los padres, en mi Gobierno, los niños son sagrados”, colocando nuevamente en la discusión política colombiana los tratamientos médicos relacionados con la transición de género durante la infancia y adolescencia.

El debate ya había llegado al Congreso desde el 26 de agosto con la presentación del proyecto conocido como “Ley Laura, niños no experimento”, impulsado por una bancada de legisladores que busca prohibir procedimientos quirúrgicos de cambio de sexo en menores de edad al argumentar riesgos irreversibles y la necesidad de una protección especial durante la infancia.

La iniciativa lleva el nombre de Laura, una joven de Palmira, Valle del Cauca, que comenzó un proceso de transición de género cuando tenía 15 años y posteriormente inició una detransición, su defensa sostiene que durante el tratamiento no recibió una evaluación integral ni el consentimiento informado necesario y emprendió acciones legales contra la Fundación Valle del Lili, mientras la institución rechazó esos señalamientos y aseguró que actuó bajo protocolos médicos y con los consentimientos correspondientes.

Durante la presentación del proyecto la congresista Sara Castellanos declaró “Vamos a prohibir el procedimiento de transexualidad en niños porque es experimentar con ellos”, mientras los promotores explicaron que el caso de Laura fue tomado como referencia para impulsar restricciones a este tipo de intervenciones antes de alcanzar la mayoría de edad.