Después que transcurrieron 14 años, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal de Tamaulipas, obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, una sentencia condenatoria contra Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, jefes y sus nueve integrantes de Los Zetas, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de 122 migrantes que fueron asesinados y otros sepultados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

Aunque de acuerdo con el veredicto del juez, Los Zetas mataron mínimo a 193 migrantes en total, comprobados, cuyos cuerpos entre otros, fueron encontrados atados con las manos hacia atrás, amarrados de los pies, con una venda en los ojos; por alguna razón incomprensible, en el expediente se manejan 122, excluyendo a los 72 en San Fernando, por lo que inicialmente se llamó La Masacre.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, los sentenciados y cómplices de El Kilo y La Ardilla son:

Luis Manuel Salazar Sánchez, El Gordo Flow; Sergio Córdova Martínez, El Diablo; Samuel Moreno Saavedra, El Chiquilín; Erick Rubén Zetina Hernández, El Guacho (militar desertor); José Mauro Oñate Rodríguez, El Vegueta.

En la lista aparece Johnny Torres Andrade, El Sombra; Juan Pablo Cabrera Escalante, El Cacharpas; Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, El Comandante Degollado y Elfego Cruz Martínez, todos ellos encontrados culpables por homicidio calificado con todas las agravantes: premeditación, alevosía, ventaja y traición.

Todo empezó un 22 de agosto del 2010, Los Zetas de San Fernando, liderada por El Kilo, asesinó a 72 personas originarias de Sudamérica —58 hombres y 14 mujeres— en el municipio de San Fernando en el ejido El Huizache, Tamaulipas.

La masacre ocurrió en El Huizache, no “El Huizachal”, como erróneamente reportó la prensa extranjera que no visitó el lugar a conveniencia de los militares, que les metieron miedo de que todavía había gente demasiado peligrosa.

El cobertizo del rancho abandonado donde se llevó a cabo la masacre está en una calle empedrada y lodosa (en ese momento), llamada La Noventa, a 16 kilómetros de la carretera federal 101. El retén de la Marina en la historia del sobreviviente estaba en esta avenida, alrededor de la marca con el kilómetro 114, en una desviación que lleva a la carretera principal “y que nadie vio”.

Aquí entran los inmigrantes, que fueron extorsionados para comprar su libertad o unirse a Los Zetas, por lo que ante la negativa, fueron asesinados y sepultados clandestinamente.

Las víctimas fueron bajadas de los autobuses en los que viajaban, y luego de ser asesinados, fueron hallados en fosas clandestinas del estado un año después de la masacre, pese a que los choferes hacían informes internos que hombres armados les bajaban pasajeros entre 10 y 20 personas a diario.

Todo coincidía con lo que decían Los Zetas durante su testimonio, porque aseguraban autobuses y retenían a sus pasajeros, para que un integrante de esa organización seleccionara a las personas.

La podredumbre comenzó un 22 de agosto de 2010, se presentó la primera Masacre de San Fernando, mejor conocida fuera de México como Masacre de Tamaulipas.

El crimen fue cometido por el Cártel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes, durante su tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos, por ello este nefasto suceso también ha recibido el nombre de Masacre de los 72.

A los 72 ejecutados, según la carpeta de investigación, se les asesinó a la mayor parte de ellos por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición.

Las personas migrantes fueron secuestradas por el Cártel de Los Zetas y retenidas en un rancho donde, al negarse a trabajar para el grupo, fueron asesinados. Al menos dos personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran.

Por eso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordó hacer público el expediente sobre el caso del 24 de agosto de 2010 en San Fernando con la recomendación 80/2013, menciona, es decir tres años después de los 193 ejecutados.

Luego se les juntó los asesinatos del Fiscal Roberto Jaime Suárez Vázquez y Juan Carlos Sánchez Suárez, secretario de Seguridad Pública de San Fernando, respectivamente.

Según los registros de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público Federal inició en abril de 2012 una indagatoria en contra de integrantes de un grupo delictivo (les daba miedo anotar Los Zetas), por ser presuntos responsables del delito de homicidio calificado en agravio de 122 personas, ya que la autoridad identificó que fueron responsables de bajar de transportes de pasajeros en el municipio de San Fernando.

Era justo cuando se notaba el desprecio del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque sus fiscales y todavía tienen órdenes, de negar cualquier información a los medios de comunicación.

Por eso los familiares de los migrantes desaparecidos, en ese momento, los mandaban los fiscales de Matamoros a San Fernando y viceversa para que presentaran una denuncia, que era más o menos así:

—¿Su familiar salió de Matamoros y pasaría por San Fernando?
—Entonces allá presente su denuncia.

Si tenía carro pues iría, pero sino, pagaría el camión con el miedo a ser secuestrado y antes de llegar a San Fernando, la gente rezaba un Ave María, ¡sigue siendo una pesadilla viajar!

Por eso la gente se molestaba y decidió negarse a presentar denuncia, porque los traían vuelta y vuelta. Aunque los homicidios fueron en 2010 y 2011, en más de 14 fosas clandestinas encontraron los cuerpos, las acusaciones en contra de Los Zetas se hicieron cinco y 7 años después.

Todavía existe temor por mencionar a Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, porque una parte de los que se fugaron ocupan filas delictivas, por ejemplo:
Armando Rivera, El Payaso, escolta personal de El Kilo, nadie sabe si está en el reclusorio o ya salió en la voluminosa carpeta de investigación.

Mayra Esther Ramos Cortés, que era la encargada de la renta de inmuebles para el establecimiento de casas de seguridad para Los Zetas.

Sergio Armando Alvarado, Comandante Checo, que era un jefecillo de una célula de sicarios con presencia en Ciudad Victoria.

Felipe Morales Santiago y Óscar Osiel Juárez Zamarripa: Integrantes de la célula de sicarios del Comandante Checo.

Ana Janete Reyes Martínez, es hermana de El Pollo e integrante de la vigilancia de las autoridades federales en San Fernando o sea un halcón de esos que andan bien recio.

Adriana Chávez Salazar y Elena Enríquez Escandón, que operaban como encargadas de vigilar a las autoridades estatales en San Fernando.

Luis Arturo Reyes Martínez, El Pollo, un operador responsable de las comunicaciones del grupo criminal y de vigilar a autoridades federales en San Fernando, Tamaulipas.

Pero a pesar de la sentencia benévola, porque el juzgador absolvió a Los Zetas de secuestro, desaparición forzada, extorsión, chantaje, inhumación y exhumación clandestina, levantaron las manos al cielo y dijeron “Abrazos no Balazos”.