Con 470 votos de toda la Cámara de Diputados Federales aprobaron la Ley Ingrid para castigar con 10 años de prisión a los servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio y video de víctimas, que tengan relación con la violencia de género.
Con 470 votos de toda la Cámara de Diputados Federales aprobaron la Ley Ingrid para castigar con 10 años de prisión a los servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio y video de víctimas, que tengan relación con la violencia de género.
La reforma irá al Senado para su discusión, porque tiene por objetivo que aquellos servidores públicos, encargados de la administración de la justicia, jueces, fiscales, peritos, policías e investigadores, tengan prohibido la difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo, con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado al proceso penal.
De esta manera los legisladores, reformaron el artículo 225 del Código Penal Federal, un 25 de marzo, justo en el Día de No a la Violencia de las Mujeres para garantizar integridad, intimidad y dignidad de las víctimas en todo el territorio mexicano:
“Se concebirá como delito cometido por un servidor público el que por sí o por interpósita persona, por cualquier medio o fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con alguna investigación penal”.
La sanción será de cuatro a 10 años de prisión, pero se triplicará en caso de que la información difundida corresponda a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, quedando desprotegidos los caballeros, personas de la tercera edad, así como los de preferencia sexual diferentes (que son los crímenes más sádicos).
El caso del feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, sucedido el 9 de febrero de 2020, conmocionó al país debido a la saña que aplicó su pareja sentimental Erick Francisco Robledo Rosas para asesinarla y a la cobertura mediática, criticada por su crudeza, por material audiovisual cedido por autoridades de la procuración de justicia.
Un vídeo que varios medios publicaron a las pocas horas y días siguientes mostraba al presunto homicida con su pareja sentimental Ingrid, cuando confesaba ensangrentado, dentro de una patrulla, que enterró el cuchillo en el cuello y la descuartizó, tirando restos por el drenaje.
Además, se filtraron fotografías del cuerpo descuartizado de Ingrid Escamilla, que aparecieron tanto en la prensa como en las redes sociales, que, en lugar de guardar el sigilo de la investigación, se ventilaron ampliamente.