Durante años, los transportistas que circulaban por la autopista Puebla-Orizaba atravesaron una zona donde los asaltos, el robo de mercancías y las privaciones de la libertad se habían convertido en una amenaza constante.

En septiembre de 2026, una investigación federal puso al descubierto una presunta red de protección a los delincuentes que alcanzaba a la presidencia municipal de Esperanza y a una trabajadora de la caseta de cobro.

El señalado era José Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza por Morena, quien antes de llegar al gobierno municipal trabajó durante casi dos décadas como cobrador de Caminos y Puentes Federales, Capufe, en la misma ruta utilizada por miles de vehículos de carga.

De acuerdo con las autoridades federales, el entonces presidente municipal estaba relacionado con Los Zúñiga, una organización señalada por el robo de autotransporte, asaltos, extorsión y secuestro en el corredor carretero que comunica a Puebla con Veracruz.

La madrugada del 7 de septiembre de 2026, fuerzas federales y estatales realizaron 23 cateos en Esperanza como parte del Operativo Enjambre.

El despliegue terminó con la detención del alcalde y otras ocho personas, entre ellas su hermano Manuel Rodríguez Ochoa y Abigail Contreras Camacho, quien había sido directora de Seguridad Pública municipal hasta unos días antes.

Entre los detenidos también se encontraba Verónica García Ramírez, trabajadora de Capufe asignada a una caseta de la autopista Puebla-Orizaba. De acuerdo con información publicada por medios poblanos, la mujer mantenía una relación sentimental con Manuel, hermano del alcalde.

La versión difundida señala que Verónica habría aprovechado su posición en la caseta para avisar a integrantes de Los Zúñiga sobre el paso de unidades de carga, de manera que pudieran identificarlas e interceptarlas más adelante.

Antes de ser alcalde, Isaac Rodríguez había trabajado como cobrador de Capufe en Esperanza y con conocía la operación de una autopista por la que durante años circularon transportistas que denunciaron amenazas, despojos y ataques armados.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, declaró después de las detenciones que las investigaciones apuntaban a una presunta colaboración entre autoridades municipales y operadores de caminos, que en Esperanza utilizaban inmuebles para almacenar mercancía y desmantelar tractocamiones robados.

Las autoridades federales identificaron como principal líder de Los Zúñiga a Genaro “N”, alias “May”, quien había sido detenido el 15 de agosto de 2026 en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas; ademas se les investiga por hechos cometidos, entre otras vías, en las autopistas Puebla-Orizaba y Cuacnopalan-Oaxaca.

Durante los cateos en Esperanza, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, así como cargadores, vehículos, ropa táctica, un dron e inhibidores de señal.

El 16 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a Isaac Rodríguez y a las otras ocho personas detenidas, a quienes impuso prisión preventiva.

En el caso del exalcalde y de Verónica, la vinculación se informó por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, mientras que a Manuel Rodríguez se le procesó por delitos relacionados con la portación de armas y cartuchos, mientras que a la exdirectora de Seguridad Pública se le atribuyó, además, el presunto ofrecimiento de dinero a agentes para impedir uno de los cateos.

Aunque las autoridades relacionan a los detenidos con una estructura dedicada al robo de transporte, la vinculación a proceso informada en septiembre de 2026 corresponde a los delitos específicos mencionados por la Fiscalía.

La captura del alcalde provocó también una crisis en el gobierno municipal y tras la salida de los integrantes del cabildo, el 12 de septiembre de 2026 el Congreso de Puebla declaró la desaparición del Ayuntamiento de Esperanza y designó un Concejo Municipal encabezado por Raúl Pineda Raygoza.

La detención de Rodríguez Ochoa y de los demás señalados no puso fin de inmediato a las preocupaciones por la seguridad. El 13 de octubre de 2026, autoridades estatales afirmaron que Los Zúñiga mantenían presencia en la zona y que buscaban movilizar a habitantes para impedir operativos.

En noviembre de 2026, Morena también suspendió de manera preventiva los derechos partidistas del exalcalde, de su hermano Manuel y de la exdirectora de Seguridad Pública, mientras se esclarece su situación jurídica.

Hasta el 8 de noviembre de 2026, la última resolución judicial localizada sobre Isaac Rodríguez, Verónica y los demás detenidos era la vinculación a proceso con prisión preventiva dictada en septiembre; aún no se ha dictado una sentencia condenatoria.