Por el atropellamiento que dejó gravemente herido al trabajador mexicano Miguel Parra […]
Por el atropellamiento que dejó gravemente herido al trabajador mexicano Miguel Parra Hernández, de 48 años, un gran jurado del condado de Harris, Texas, acusó formalmente el 30 de octubre de 2026 al agente de ICE Mario Alberto Morales de agresión agravada con un arma mortal, al considerar como arma la camioneta que conducía.
Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2026 en un estacionamiento cercano a Clay Road y la carretera 6, en Houston, donde el mexicano corría a pie cuando fue alcanzado por el vehículo sin distintivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras se desarrollaba un operativo migratorio.
A consecuencia del impacto, el trabajador de la construcción sufrió múltiples fracturas y requirió atención quirúrgica, por lo que permanece bajo custodia migratoria en un centro de rehabilitación mientras se recupera de las lesiones.
Durante la presentación del caso, el fiscal Sean Teare sostuvo que el agente dirigió deliberadamente la camioneta contra Miguel y señaló que las grabaciones contradicen la versión de ICE, cuya explicación es que el mexicano corrió frente al vehículo, además de informar que la víctima llevaba décadas en Houston sin antecedentes penales ni orden de deportación.
Como parte de la investigación fueron difundidos videos de vigilancia, imágenes de cámara corporal y una llamada al 911, mientras documentos judiciales señalan que los agentes retiraron la camioneta antes de concluir las diligencias y que, hasta el 23 de octubre, las autoridades federales no habían facilitado su revisión pese a una orden de registro.
Por su parte, ICE rechazó que el atropellamiento fuera intencional y calificó la acusación como una maniobra política, mientras el abogado del agente sostuvo que su cliente giró para evitar otro vehículo y defendió que se trató de un accidente.
Tras los hechos, Morales fue colocado bajo licencia administrativa y su defensa anunció que se entregaría el lunes 2 de noviembre de 2026 para responder a la orden de arresto, mientras la acusación sigue pendiente de resolverse ante los tribunales.
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