La declaración de Texas de que nueve islas del río Bravo son propiedad estatal provocó una respuesta del Gobierno de México, que el viernes 30 de octubre de 2026 advirtió que ninguna autoridad estatal estadounidense puede modificar la frontera internacional mediante una decisión unilateral.

El anuncio fue realizado el 26 de octubre por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, quien señaló que los terrenos abarcan aproximadamente 26.7 hectáreas y que su identificación permitirá el ingreso de policías y militares para realizar labores de vigilancia e inspección.

Las islas señaladas son Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller y Miller 2, mientras las autoridades texanas argumentaron que buscan impedir su utilización para el tráfico de personas y drogas, aunque reconocieron que no habían confirmado actividades delictivas en esos nueve terrenos.

Ante esa postura, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la línea internacional sigue el centro del cauce normal del río Bravo y que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.

Además, la Cancillería recordó que ambos países deben impedir obras que, a juicio de esa comisión binacional, puedan desviar u obstruir la corriente del río, por lo que aseguró que México dará seguimiento a cualquier intervención en la zona.

La declaración de Texas no significa por sí misma que México haya perdido territorio, pues la propiedad de los terrenos y la soberanía internacional son asuntos distintos cuya determinación debe respetar los tratados y mecanismos establecidos entre ambos países.