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POR SUS ACUERDOS CON ESTADOS UNIDOS CABEZA DE VACA TAMBIÉN HABRÍA COMETIDO TRAICIÓN A LA PATRIA…

Revista Vertical - 26 octubre, 2026

La colaboración que Francisco García Cabeza de Vaca promovió con agencias estadounidenses y […]

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La colaboración que Francisco García Cabeza de Vaca promovió con agencias estadounidenses y los compromisos de seguridad que firmó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, abren un frente de escrutinio sobre su administración: determinar qué información entregó, qué operaciones autorizó y si respetó las atribuciones del gobierno federal o comprometió facultades del Estado mexicano.

Sobre el exgobernador panista de Tamaulipas se han acumulado acusaciones judiciales, señalamientos políticos y denuncias mediáticas de corrupción, presuntos vínculos con la delincuencia organizada, persecución de adversarios y hechos de violencia, incluidos homicidios y desde Estados Unidos, García Cabeza de Vaca ha sostenido que es víctima de persecución política.

Ahora, el proceso contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, hacen ver que si se aplicara el mismo rasero que a cabeza de vaca quedaría atrapado en medio del delito de traición a la patria, por sus acuerdos, y por la que aún sigue colaborando, con el gobierno de los Estados Unidos, en materia de seguridad.

Jáuregui fue vinculado a proceso el 25 de octubre de 2026 por presunta traición a la patria, en un caso relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, en un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua; se trata de agentes de la CIA, no del FBI, como señala la versión inicial del texto.

En Tamaulipas existen antecedentes públicos que permiten examinar cómo se construyó la relación de García Cabeza de Vaca con las autoridades estadounidenses.

El 13 de junio de 2018, el Congreso local aprobó el acuerdo LXIII-221 para reconocer al entonces gobernador por la consolidación del programa binacional “Campaña de Seguridad y Prosperidad”, emprendido entre el gobierno tamaulipeco y siete agencias federales estadounidenses.

La iniciativa fue impulsada por el grupo parlamentario del PAN, con la participación de Guadalupe Biasi Serrano, representante de Movimiento Ciudadano; Rogelio Arellano Banda, de Nueva Alianza, y el diputado sin partido Humberto Rangel Vallejo. El propio Congreso describió el programa como una colaboración internacional sin precedentes en inteligencia y seguridad para combatir a la delincuencia.

La campaña fue presentada como una estrategia para enfrentar el tráfico de armas y drogas, la trata de personas, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero, entre otros delitos que afectan la frontera, donde el intercambio oportuno de información constituía uno de sus componentes centrales.

Entre las instituciones estadounidenses mencionadas en la presentación figuraban el Departamento de Seguridad Nacional —Homeland Security— y sus componentes Air and Marine Operations, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol, además del Departamento de Estado, la DEA y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Aunque el programa se difundió como una colaboración con “siete agencias”, esa enumeración reúne departamentos, agencias y unidades con distintas jerarquías administrativas y la participación estadounidense se articulaba mediante la Joint Task Force-West y su estructura en el corredor de Texas.

La estrategia también tuvo una expresión visible: anuncios espectaculares con fotografías de presuntos dirigentes criminales a ambos lados de la frontera.

En junio de 2018 se documentó la colocación de anuncios y el ofrecimiento de recompensas de entre un millón 500 mil y dos millones de pesos por información que permitiera localizar y detener a determinados objetivos.

No eran recompensas por ejecutarlos, sino por aportar información para su captura donde debiera de precisarse quién contrató y pagó cada anuncio: la existencia de publicidad en ambos países es algo que debió haberse aclarado, pues se desconoce si el pago de esos espectaculares los hizo el gobierno de Tamaulipas o el de Texas.

El segundo antecedente central es el memorándum de entendimiento que García Cabeza de Vaca firmó con Greg Abbott el 15 de abril de 2022, en Weslaco, Texas.

El acuerdo se produjo durante la crisis comercial provocada por las inspecciones adicionales de Texas a los camiones procedentes de México y la negociación vinculó el reforzamiento de la seguridad fronteriza con el retiro de esas revisiones.

Los compromisos descritos en el documento abarcaron controles fronterizos, combate al tráfico de personas y al contrabando de drogas, operaciones conjuntas y recurrentes en la ribera del río Bravo e intercambio de información entre el Centro de Vigilancia C5 de Reynosa y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Se trataba de decisiones relacionadas con personal, recursos públicos, vigilancia e información de seguridad.

Para aclarar realmente que pasó en este acuerdo deben de conocerse los oficios enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, si es que los hubo, los dictámenes correspondientes, los registros disponibles y las comunicaciones entre las autoridades involucradas, tanto del gobierno de Tamaulipas como el de Texas.

El artículo 117, fracción I, de la Constitución prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras. Sin embargo, la Ley sobre la Celebración de Tratados contempla acuerdos interinstitucionales con órganos gubernamentales extranjeros, siempre que se circunscriban a las atribuciones de las autoridades que los celebran.

En agosto y septiembre de 2026 García Cabeza de Vaca reconoció una colaboración de más de 20 años con gobiernos y agencias estadounidenses, así como el trabajo de su administración con siete agencias de ese país.

Según ese planteamiento, el exmandatario defendió la cooperación como una contribución al restablecimiento del orden, la paz y el Estado de derecho en México.

La traición a la patria trae a la memoria de personajes como Antonio López de Santa Anna, Victoriano Huerta, Miguel Miramón y Tomás Mejía, aunque sus circunstancias históricas y jurídicas fueron diferentes.

La soberanía nacional no puede defenderse con una medida para Chihuahua y otra para Tamaulipas, sin embargo García Cabeza de Vaca debe explicar los acuerdos que firmó y los compromisos que asumió con el Gobierno de Estados Unidos de America.

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