Buscar a un familiar desaparecido también pone en peligro a quienes intentan encontrarlo en México, advirtieron expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas este miércoles 30 de septiembre de 2026, al exigir al Estado protección para las mujeres buscadoras ante agresiones que han terminado en asesinatos y desapariciones.

El pronunciamiento difundido en Ginebra señaló que esta violencia ocurre en un contexto de impunidad casi total, mientras recordó que la búsqueda y la investigación corresponden principalmente a las instituciones y que las familias deben contar con condiciones de seguridad para participar.

Como ejemplo, los especialistas citaron la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, denunciada el 29 de agosto de 2026 en Sinaloa, así como la agresión contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada ese mismo día junto con su hija y dos menores.

A estos hechos sumaron el atropellamiento de integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación pacífica en Mazatlán el 1 de septiembre de 2026, además del asesinato de Rubí Gómez-Tagle en 2026 y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025.

“Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”, expresaron los expertos, quienes reclamaron prevenir las agresiones, investigar a los responsables, sancionarlos y reparar los daños, además de reconocer públicamente la labor de las buscadoras.

Ante el señalamiento, el Gobierno mexicano respondió mediante un comunicado de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, en el que condenó los ataques y negó que los datos disponibles acrediten un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras.

Las autoridades afirmaron que atender las desapariciones constituye una prioridad nacional y destacaron acciones como la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura de investigaciones desde el primer reporte y el fortalecimiento de los registros forenses, aunque reconocieron desafíos en identificación humana y acceso a la justicia, además puntualizaron que los especialistas ejercen su mandato de manera independiente.