Tras permanecer casi seis meses prófugo, fue reportada la recaptura de José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, procesado por su probable participación en la masacre de 19 personas ocurrida en Camargo el 22 de enero de 2021, medios locales difundieron su detención entre el martes 29 y miércoles 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con Expreso, que citó el registro de detenciones, elementos del Grupo de Reacción de Victoria realizaron la captura en un camino entre parcelas del ejido El Roble, posteriormente el exagente quedó a disposición del Centro de Justicia Penal de Ciudad Victoria alrededor de las 21:00 horas del martes 29 de septiembre de 2026.

El exintegrante de los GOPES había sido detenido el 30 de marzo de 2026, pero escapó el viernes 3 de abril de 2026 después de una audiencia en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, donde fue vinculado a proceso, según la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala, la evasión ocurrió mientras esperaba su traslado al penal.

A raíz de la fuga, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas autorizó una recompensa de hasta 300 mil pesos por información útil para localizarlo y detenerlo, el acuerdo oficial estableció que existía un mandamiento de aprehensión por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones administrativas.

El proceso está relacionado con la masacre del ejido Santa Anita, en Camargo, donde fueron localizados 19 cuerpos calcinados el 22 de enero de 2021, por estos hechos el abogado de las familias, Miguel Ángel Zenteno, señaló en abril de 2026 que las investigaciones ubicaban a Alfaro Acuña entre los policías que iniciaron la persecución y dispararon contra los migrantes, señalamientos que forman parte de la acusación contra el exagente.

La fuga también derivó en la detención de dos elementos de la Policía Procesal por su posible participación, según informó Zenteno, quien exigió esclarecer cómo el imputado logró evadir la vigilancia y determinar si existieron fallas en los protocolos o actos de corrupción, al declarar que “esta persona tuvo que haber pasado mínimo por tres filtros”.