Desde su madriguera en Texas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirmó que pretende buscar la Presidencia de la República en 2030, aunque reconoció que no regresará por ahora a México ante la posibilidad de ser detenido por la orden de aprehensión vigente en su contra delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exgobernador panista de Tamaulipas, nacido en Estados Unidos, hizo el anuncio durante una extensa entrevista con la periodista Azucena Uresti, en la que combinó su defensa jurídica con acusaciones contra funcionarios de Morena y la afirmación de que distintas agencias estadounidenses poseen información sobre una supuesta red de huachicol fiscal y financiamiento político.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó en febrero de 2026 el amparo que protegía al exmandatario y dejó nuevamente vigente la orden de captura.

Esa resolución no lo declara culpable, pero permite que continúe el procedimiento penal y que la Fiscalía General de la República intente ejecutar el mandamiento judicial.

—Antes de meternos en Honduras, ¿quieres ser candidato a la Presidencia de la República? —preguntó Azucena Uresti.

—Por supuesto que ahora con más ganas lo vamos a buscar —respondió Cabeza de Vaca.

El panista recordó que en 2024 ya había intentado participar en el proceso interno de la oposición y sostuvo que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la renuncia a una segunda nacionalidad a quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura está dirigida en su contra.

La propuesta enviada al Congreso pretende reformar la Constitución para que una persona con doble nacionalidad deba renunciar a la extranjera antes de registrar su candidatura a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La iniciativa ya se presentó este 27 de agosto 2026.

Cabeza de Vaca, quien posee las nacionalidades mexicana y estadounidense, calificó la iniciativa como una restricción de derechos políticos y aseguró que la verdadera preocupación del gobierno federal se concentra en quienes mantienen vínculos jurídicos con Estados Unidos.

“Ahora resulta que tener otra nacionalidad te limita para ocupar un cargo de elección popular. La verdadera preocupación es la doble nacionalidad mexicana y estadounidense”, afirmó.

También acusó a Sheinbaum de mantener una “fijación” contra quienes aspiran a sucederla y dijo que la reforma tiene “nombre y apellido”. Sin embargo, la modificación constitucional, de aprobarse, tendría efectos generales y no exclusivamente sobre el exgobernador tamaulipeco.

Azucena Uresti lo confrontó entonces con la dificultad principal de su proyecto político: la orden de captura que pesa sobre él.

—Si tú vienes a México, te van a detener, ¿cierto?

—Bueno, eso es lo que pretenden. Nos estamos defendiendo desde acá. Tiempo al tiempo.

—¿No vas a venir a México?

—No, pues imagínate.

—¿Pero cómo vas a competir por la Presidencia?

—Vamos a ver. Ya estaremos revisando esto con mis abogados y de qué manera puedo participar.

Con esa respuesta, Cabeza de Vaca admitió que pretende construir una eventual candidatura presidencial sin abandonar territorio estadounidense, desde donde ha enfrentado los procesos iniciados por la Fiscalía General de la República.

Aunque el exmandatario se declaró víctima de una persecución política, el hecho jurídico es que existe una orden de aprehensión vigente. No hay, hasta ahora, una sentencia definitiva que lo declare culpable, pero tampoco conserva el amparo que impedía su captura.

El expediente se relaciona con la compraventa de un departamento y con operaciones que la FGR considera posiblemente vinculadas con recursos de procedencia ilícita. Cabeza de Vaca rechazó esa acusación y sostuvo que el inmueble siempre apareció en sus declaraciones patrimoniales.

“No fue por desvío de recursos públicos de mi gobierno, no porque hayan encontrado dinero ni porque existiera algún delito en mi estado. Fue por la compra y venta de un departamento que tenía en mis declaraciones patrimoniales. Yo no he escondido absolutamente nada”, aseguró.

El panista argumentó que las otras personas involucradas en las operaciones ya obtuvieron resoluciones favorables, por lo que, desde su perspectiva, el caso construido contra él se quedó sin sustento. No obstante, la situación procesal de otros imputados no cancela automáticamente la orden existente en su contra.

Durante la conversación surgió el nombre de Baltazar Hinojosa. Cabeza de Vaca lo describió como un empresario de Reynosa que habría permanecido dos años encarcelado antes de quedar absuelto. Nada tiene que ver con Baltazar Hinojosa Ochoa, exalcalde de Matamoros, exdiputado federal y excandidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas.

“Lo utilizaron como instrumento para su narrativa. Lo quisieron vincular conmigo en la compraventa de un departamento y lo metieron a la cárcel durante dos años. Después, un juez revisó el caso y determinó que no tenía nada que ver”, relató el exgobernador.

Azucena Uresti le recordó que el amparo concedido previamente había sido revocado.

—Pero ¿no te revocaron el amparo?

—Sí, pero jamás en la historia de México una Fiscalía había pedido que se recusara a 12 magistrados. Lo hicieron para ganar tiempo y esperar a que llegara la nueva Corte —contestó.

Cabeza de Vaca aseguró que la Fiscalía General de la República retrasó deliberadamente la resolución de su expediente y posteriormente buscó que fuera atraído por la Suprema Corte. Acusó directamente a la ministra Lenia Batres de evitar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y de actuar conforme a una supuesta instrucción política.

El pleno de la Corte respaldó la revocación del amparo, aunque sus integrantes expresaron diferencias sobre la metodología y los razonamientos empleados. El efecto central de la sentencia fue permitir que el proceso penal continuara, no establecer anticipadamente la culpabilidad del exgobernador.

Cabeza de Vaca insistió en que las autoridades pretenden presentarlo ante un juez de control y mantenerlo encarcelado mientras se desarrolla el procedimiento.

“Quieren que llegue con un juez de control a modo y que me digan: ‘Como es ciudadano norteamericano, por lo pronto se queda en la cárcel y después averiguamos’. No les voy a dar ese gusto”, expresó.

Cuando Azucena le preguntó si existía una solicitud formal de extradición, el panista evitó confirmar documentalmente su existencia.

—¿Está la solicitud para extraditarte?

—Eso que lo digan ellos y que lo demuestren. Tienen que presentar elementos suficientes y demostrar los motivos, no solamente actuar por contentillo de Morena —respondió.

De esta manera, Cabeza de Vaca reconoció que no se presentará voluntariamente ante la justicia mexicana, pero tampoco mostró durante la entrevista algún documento que confirmara o descartara un procedimiento de extradición iniciado por México ante el gobierno de Estados Unidos.

La segunda parte de la conversación se convirtió en una ofensiva política contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el diputado Humberto Prieto Herrera y otros personajes vinculados con ese partido.

Cabeza de Vaca los acusó de mantener relaciones con grupos delictivos, recibir financiamiento ilegal y participar en una estructura de huachicol fiscal. Las afirmaciones fueron formuladas por el entrevistado y no estuvieron acompañadas durante la transmisión por resoluciones judiciales que acreditaran la responsabilidad penal de las personas señaladas.

El exgobernador se refirió despectivamente a Humberto Prieto como “Ñoño Prieto” lider de la bancada morenista en el Congreso de Tamaulipas, y aseguró que existe una denuncia formal ante la FGR contra el diputado y su padre por haber recibido contratos de obra pública.

—Esto es una denuncia, ¿verdad? ¿Una denuncia formal? —preguntó Uresti.

—Es una denuncia formal y también fue enviada con copia a la Embajada de Estados Unidos —respondió Cabeza de Vaca.

El panista aseguró que Prieto y su padre habrían sido beneficiados con obras cuando el primero presidía el Congreso de Tamaulipas, a cambio de atacar públicamente a los adversarios del gobierno estatal. También cuestionó que la esposa del legislador hubiera trabajado en el Congreso.

El exgobernador afirmó que tanto él como sus antiguos colaboradores han presentado más de 18 denuncias relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles, corrupción política y financiamiento electoral.

—¿Las pruebas fueron presentadas ante autoridades estadounidenses o mexicanas? —preguntó Azucena.

—Ante ambas. Ahí que se preocupen —contestó.

Cabeza de Vaca aseguró que las agencias estadounidenses poseen trabajos de inteligencia que relacionarían a políticos de Morena con Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco asesinado en 2021 y señalado en diversas investigaciones periodísticas como presunto operador financiero y traficante de combustibles.

“Ya tienen la información diferentes agencias de Estados Unidos. No es ningún secreto. No se trata de dar nombres como si fuera un chisme; son trabajos de inteligencia sobre cómo se hicieron las operaciones, cómo se utilizaban los aviones de Sergio Carmona y cuántos gobiernos estatales fueron financiados”, sostuvo.

Azucena Uresti insistió en saber si él personalmente había entregado nombres, documentos o testimonios bajo juramento.

—¿Tú diste información a las autoridades de Estados Unidos?

—Yo hice lo que tenía que hacer con el trabajo de inteligencia que llevamos a cabo. Tenemos muchos años haciéndolo y ellos lo saben.

—¿Les diste nombres e información?

—Va más allá de eso. No se trata de andar dando nombres como si fuera un chisme.

—¿Has hecho esta declaración bajo juramento en Estados Unidos?

—He hecho lo que he tenido que hacer con base en un trabajo que vengo realizando desde hace muchos años.

Pese a las preguntas directas, Cabeza de Vaca no precisó ante qué agencia compareció, en qué fecha habría entregado la información, bajo qué figura jurídica lo hizo ni si existe una investigación o expediente judicial estadounidense contra los funcionarios mencionados.

El exmandatario calculó que las operaciones de huachicol fiscal durante el gobierno anterior habrían alcanzado los 600 mil millones de pesos y agregó que en la administración actual sumarían otros 87 mil millones. Tampoco presentó durante la entrevista la metodología, documentos contables o investigaciones oficiales que respaldaran esas cantidades.

Aseguró que un negocio de semejante dimensión no podría funcionar sin la intervención de distintas dependencias federales y autoridades portuarias.

“¿Quién da los permisos de la Comisión Reguladora de Energía? ¿Quién tiene la fuerza para permitir que un buque tanque llegue a un puerto y descargue donde no debe? Son siete secretarías involucradas, incluyendo autoridades de Altamira y Tampico”, afirmó.

Las acusaciones alcanzaron también a Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, Mario Delgado y personajes ligados a la dirigencia de Morena. Cabeza de Vaca afirmó que Palacio Nacional habría autorizado operaciones destinadas a financiar campañas políticas, pero no presentó en la entrevista pruebas verificables que demostraran una instrucción directa del expresidente.

Sobre Rubén Rocha Moya, sostuvo que eventualmente será llevado ante tribunales estadounidenses y que, cuando eso ocurra, podrían revelarse mecanismos de financiamiento político que alcanzarían a la dirigencia nacional de Morena.

“Tarde o temprano ese señor va a terminar en las cortes de Estados Unidos. Cuando caiga Rocha Moya se va a desgranar la mazorca”, declaró.

Azucena Uresti hizo notar que, mientras no existan pruebas judicializadas, Rocha Moya conserva la presunción de inocencia y continúa gobernando Sinaloa. Cabeza de Vaca respondió que, a su juicio, el gobernador regresó a su cargo por instrucciones políticas provenientes de “Palenque”, en referencia a López Obrador.

El panista aseguró que el objetivo estadounidense sería desmantelar una supuesta “fusión” entre estructuras gubernamentales, Morena y organizaciones criminales.

“Ellos llegaron con dinero sucio, con dinero del narcotráfico y del huachicol fiscal. Es una red criminal mucho más grande de lo que se ve por encima”, afirmó.

Sin presentar documentos en pantalla, insistió en que parte de esa información ya se encuentra en poder de autoridades y tribunales estadounidenses, y aseguró que algunos funcionarios mexicanos estarían preocupados por posibles procesos futuros.

Al final de la entrevista, Cabeza de Vaca volvió a su aspiración presidencial y aseguró que la reforma sobre doble nacionalidad constituye una respuesta del gobierno a su actividad política desde Texas.

Sostuvo que millones de mexicanos con doble nacionalidad aportan recursos al país mediante remesas y consideró contradictorio que se reciban sus aportaciones económicas mientras se pretende limitar su participación política.

“¿Qué les van a decir? ‘Sí quiero tu dinero, pero no puedes participar políticamente’. Eso es lo que representa esta reforma”, manifestó.

También anticipó que, si la iniciativa es aprobada, podría ser impugnada ante la Suprema Corte y posteriormente ante organismos internacionales, como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabeza de Vaca cerró la conversación presentándose como un perseguido político y como un aspirante capaz de derrotar a Morena en 2030.

Sin embargo, su ruta presidencial enfrenta obstáculos concretos: una orden de aprehensión vigente, su permanencia en Estados Unidos, la posibilidad de enfrentar un procedimiento de extradición y una reforma constitucional que, si fuera aprobada en los términos propuestos, lo obligaría a renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de registrar una candidatura.

El exgobernador no anunció cuándo iniciaría formalmente su campaña, bajo qué partido competiría ni cómo realizaría actividades proselitistas en México sin presentarse ante las autoridades.

Por ahora, su proyecto presidencial comienza desde Texas: lejos de los tribunales mexicanos, sostenido en una estrategia de confrontación política y acompañado por acusaciones de gran alcance que todavía deberán ser demostradas con documentos, expedientes judiciales y resoluciones de las autoridades competentes.