La aprobación del llamado “Plan B” de la reforma electoral marcó un nuevo episodio de confrontación política en México, luego de intensos debates entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados, donde se discutieron cambios al sistema electoral y medidas de austeridad.

El dictamen fue avalado entre el 8 y 9 de abril de 2026, primero en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra, y posteriormente en lo particular con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contó con el respaldo de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el contenido aprobado, la reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, entre los principales cambios se establece un límite de hasta 15 regidurías en ayuntamientos, un tope de 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales y restricciones salariales para autoridades electorales, que no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo federal.

Durante la discusión en lo particular, legisladores analizaron más de 60 reservas en una sesión que se extendió por varias horas y estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre bloques políticos. La oposición advirtió que la reforma debilita instituciones democráticas, mientras que el oficialismo defendió que busca reducir gastos y privilegios en el sistema electoral.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada a los congresos estatales, donde deberá ser ratificada por al menos 17 legislaturas para entrar en vigor; el proceso mantiene el debate abierto en el ámbito político nacional, de cara a futuros procesos electorales.