Dio a conocer la plataforma nacional de transparencia, una parte de los servidores públicos, que se sirvieron de Tamaulipas con su gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sancionados por faltas administrativas detectadas por la Contraloría Gubernamental, hoy Secretaría Anticorrupción y la Auditoría Superior.

Fueron inhabilitados en forma ridícula, temporalmente, la gente de Cabeza de Vaca para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras por infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y otras normas.

De esos ridículos castigos, todos los panistas “sancionados”, ya pueden volver a trabajar en el servicio público y volver a servirse del pueblo, total solo basta con decir: soy de Morena.

El ex secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, Carlos Alberto Chito García González, ex candidato a la Alcaldía por Matamoros y fue derrotado, recibió una sanción por omisiones relacionadas con la entrega-recepción final de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Fideicomiso “Nuevo Santander”.

Tenía entre sus principales finalidades, la construcción y desarrollo de parques industriales, comerciales y de servicios en Tamaulipas y esa entrega debió hacerse a más tardar el 30 de septiembre y se hizo hasta el 19 de octubre de ese año 2022, ya cuando habían transcurrido más de dos semanas de iniciar sus funciones el gobierno de Américo Villarreal Anaya, donde fue designada Ninfa Cantú Deándar como nueva titular de la Secretaría.

Chito García (su suplente era Enrique Salinas, actual secretario de Desarrollo Económico en Matamoros), ni se presentó a concluir el trámite pendiente, pero envió a su ex director de Planeación, Daniel Suárez, por lo que fue omiso en su atribución y se le inhabilitó por un año, que ya cumplió.

El Fideicomiso “Nuevo Santander” es una figura jurídica creada en Tamaulipas para gestionar y administrar bienes inmuebles de propiedad estatal, con el objetivo de destinarlos al desarrollo económico e industrial de la región.

Por otra parte, Mario Alberto Ramos Tamez, ex secretario técnico de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, recibió una amonestación privada por negligencia administrativa.

Se le detectaron anomalías en el análisis del Fondo de Infraestructura Social (FISE) de la cuenta pública 2022 y por lo cual se abrió un expediente de responsabilidad a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) .

Y es que el exfuncionario designado como Enlace del FISE, únicamente registró el 20% de las acciones ejecutadas con el presupuesto asignado a Tamaulipas ese año por 160.6 millones de pesos, para el financiamiento de 9 mil 709 acciones, lo que se consideró una omisión administrativa a su favor.

Isaac Rebaj Sevcovicius, entonces rector de la Universidad Tecnológica de Altamira, fue inhabilitado por responsabilidad administrativa, luego de que la ASF emitió observaciones en la cuenta pública 2022, por negarse a entregar un informe financiero de subsidios federales, estatales y tampoco publicarse en Internet.

Su sanción fue por nueve meses de inhabilitación, mientras su encargada de despacho en la Dirección de Administración y Finanzas, Anabel Cerecedo Camacho, recibió una infracción por un término de 90 días, por la misma omisión administrativa correspondiente al primer trimestre del citado ejercicio fiscal.

Por otro lado, aparece con dos sanciones Luis Fernando Campos, exdirector general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace).

La primera es por seis meses debido a observaciones en el registro de información financiera correspondiente a Subsidios de Organismos Descentralizados de Educación Media Superior.

La falta administrativa, consistió en quew olvidó cancelar la documentación comprobatoria del egreso con el sello de “operado”, el año fiscal, identificando el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo y la fuente de financiamiento en 2020.

La segunda fue por nueve meses, porque no destinó el citado fondo a una sola cuenta bancaria productiva específica, para el manejo exclusivo de los mismos, lo cual fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados.

Otros ahora exservidores públicos del Itace sancionados fueron: Laura Lizett Armendáriz Saldívar, directora administrativa y Oscar Jesús Ballesteros, por presunta negligencia administrativa en el mismo tema.

En otro caso, Adrián Gómez, exdirector general de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, fue sancionado por 28 días de suspensión, además de amonestación pública, tras un presunto incumplimiento de funciones.

No vigiló que se atendieran diligencias ordenadas y ocasionó un daño patrimonial a la FGJT, al no reportar la baja de un elemento y seguirse pagando su nómina por más de dos años, con una erogación total superior a los 600 mil pesos (parte de los empleados fantasmas).

Mónica Guadalupe Navarro Guerrero y Karla Gabriela Navarro López, exjefas del departamento de Recursos Financieros de la Universidad Politécnica de Victoria, en diferentes periodos, recibieron una amonestación privada derivada de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Ello, por la no observancia de la normatividad aplicable a los fondos de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, pues se reintegraron de forma extemporánea recursos no ejercidos en 2021, excediéndose por seis meses la devolución, además de tardarse en la presentación de estados de cuenta.

Noé Fuentes López, quien supuestamente era director del Hospital General de Matamoros, fue inhabilitado por 15 días al no actualizar su declaración patrimonial ante la entonces Contraloría Gubernamental.

Por la misma causa, la ex comisaria de la Universidad Politécnica de Altamira, Carla Patricia Meza Lara, adscrita a la Subcontraloría de Control y Auditoría de la otrora Contraloría Gubernamental, con una infracción de tres meses, ya que le faltó su declaración de salida.

De igual manera, Blanca Margarita Méndez Herrera, jefa de Departamento en la Secretaría de Obras Públicas, con la misma temporalidad y motivo. Cabe señalar que en esta lista no hay exservidores públicos de mayor nivel difundidos como sancionados y no en todos los casos viene la información, observándose muchos cuadros en blanco.

Hasta la fecha, se ha informado públicamente sobre la inhabilitación de 74 servidores públicos en Tamaulipas sancionados por diversas faltas administrativas, de acuerdo con lo declarado en entrevista por la hoy secretaria de Transparencia y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, pero no se habían dado detalles, tal vez, porque la sanciones son seriamente ridículas, que ponen en entre dicho a Morena.