El gabinete de seguridad federal decomisó 750 mil litros de huachicol en ferrotanques pertenecientes a L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., en el Puente Internacional de Nuevo Laredo y Los Tomates en Matamoros, Tamaulipas, en un operativo de dos días de duración.

Durante los operativos ejecutados el 29 y 30 de agosto, procedieron al decomiso del huachicol, perteneciente a la empresa sede en México, pero controlada por los hermanos Steven Mark Mcnear y Laura Jordan Mcnear, empresarios estadounidenses de Texas.

Investigaciones del gabinete de seguridad indicaron que la empresa ingresaba el combustible con la presunta colaboración de autoridades aduanales, presentando el hidrocarburo como gasolina o diésel de baja calidad.

Este modus operandi se ha repetido desde 2023, utilizando pipas, buques y ferrotanques para transportar huachicol.

Todo comenzó tres años después de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó a las Fuerzas Armadas el control total de las Aduanas de Tamaulipas y Nuevo León, la corrupción nunca se erradicó de los puntos de entrada de mercancías al país, sino que, por el contrario, se ha agravado, denunciaron empresarios tamaulipecos.

A finales de junio de 2024, en entrevista, luego de que su organismo demandó el cese del Administrador de la Aduana de Reynosa ante el recrudecimiento del tráfico de combustibles, Julio Almanza, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, dijo que el nuevo Gobierno federal tendrá el desafío de solucionar esta problemática:

“Cuando los militares asumieron el cargo de las Aduanas, pensamos que la corrupción iba a desaparecer, pero no. La fomentaron y se incrementó.

Lo vemos con las pipas cargadas de combustible ilegal que pasan por Reynosa, por ejemplo y nadie las detiene”.

El 1 de marzo del 2021, López Obrador inició la militarización de las Aduanas del país entregando a la Sedena los cruces de Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, alegando que la medida acabaría con la corrupción en esos puertos de entrada.

Desde entonces, el Gobierno de AMLO continuó con la militarización del resto de las Aduanas de México, que quedó en manos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Desde entonces, Julio Almanza fue crítico de la administración militar de las Aduanas, ya que, además de denunciar la corrupción, observaba un retroceso en los procesos para el comercio internacional y la atención a turistas y visitantes, incluyendo a los paisanos.

Y Julio Almanza fue contundente:

“La militarización, ni siquiera le ha dado estabilidad a las Aduanas. En Matamoros se han tenido a 17 administradores en los últimos seis años; no hay estabilidad y no se tiene coordinación entre las corporaciones”.

Para el próximo Gobierno federal, indicó Almanza, cuando asuma Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República tendrá un gran reto porque ahora se tiene más corrupción que nunca, pero ni lo vio, lo ejectaron al salir de la sede de la Canaco en Matamoros, Tamulipas.

Se hizo más patente la ejecución de Julio Almanza, porque ante la importación ilegal sin freno de combustibles, conocido como huachicol fiscal, la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas demandó el cese del Administrador de la Aduana de Reynosa, Erasto Bernardo Pulido Ruiz.

En un oficio firmado por Julio Almanza, presidente de la Fecanaco, se acusan pedimentos apócrifos y corrupción que permiten el cruce de diesel y gasolinas de contrabando.

A su solicitud de remoción adjuntaron pruebas del contrabando, principalmente fotos de cientos de pipas en las que traficaban el combustible.

Es combustible que no paga impuestos de importación, que daña a empresarios mexicanos y al erario y que promueve el crimen organizado, acusaron valientemente.

El documento fue enviado a los entonces titulares de la Agencia Nacional de Aduanas de México, André Georges Foullon y de la Policía Militar, Antonio Ramírez Escobedo.

También al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la virtual Mandataria electa, Claudia Sheinbaum y al entonces Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pero nada pasó.

L.E. International Fuel Supply, S.A. de C.V., se constituyó el 19 de julio de 2017 ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, registrándose como una compañía de “comercio en general” que incluye la importación, exportación, transporte y comercialización de productos petrolíferos.

Nadie investigó que en ocho años, la empresa ha tenido 34 apoderados legales diferentes, una rotación inusual que despertó sospechas entre las autoridades. Actualmente, el apoderado legal es Carlos Alfredo Elizondo Loredo.

Laura Jordan Mcnear, de 58 años, reside en Houston, Texas, y posee el 20% de la empresa. Steven Mark Mcnear, de 65 años, controla el 80% restante y reside en Colorado, Estados Unidos. Ambos poseen múltiples empresas en Estados Unidos,  incluyendo Industrías Petroleras Coloniales INC y Corporación de Gas Natural Aectra, entre otras.

Tras el decomiso, el gabinete de seguridad federal sigue con las investigaciones y prepara acciones legales contra funcionarios de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo implicados en el tráfico de combustible. Las autoridades prevén sanciones penales y administrativas para quienes permitieron el contrabando de huachicol.