La presión de Estados Unidos contra figuras políticas de Morena escaló con fuerza este martes 12 de mayo, luego de que el titular de la DEA, Terrance Cole, aseguró ante senadores estadounidenses que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, representan “solo el comienzo de lo que viene para México”, declaración que volvió a colocar al país en el centro de la tormenta internacional por el tráfico de fentanilo.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Kennedy cuestionó a Cole sobre la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses, escenario donde el jefe de la DEA lanzó un duro señalamiento al sostener que políticos vinculados con grupos criminales también cargan responsabilidad por la crisis de drogas que golpea territorio estadounidense.

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, declaró Cole ante legisladores, frase que elevó la tensión diplomática entre Washington y la administración de Claudia Sheinbaum

Las declaraciones surgieron mientras el gobierno mexicano mantiene su exigencia para que Estados Unidos entregue las pruebas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios acusados por narcotráfico y posesión ilícita de armas, petición que, según el canciller Roberto Velasco, permanece sin respuesta desde hace casi dos semanas pese a la nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Fiscalía de Nueva York señaló a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios de brindar apoyo a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, grupo acusado de introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Frente al escándalo, la Fiscalía General de la República rechazó ejecutar órdenes de captura con fines de extradición al sostener que el expediente carece de fundamentos y evidencias, postura respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien insistió en que las acusaciones contra Rocha Moya carecen de pruebas suficientes, mientras el mandatario sinaloense permanece separado temporalmente del cargo en medio del vendaval político.