Un migrante venezolano permanece bajo custodia federal después de recibir un disparo de […]
Un migrante venezolano permanece bajo custodia federal después de recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras trabajaba como repartidor de comida en Austin, Texas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 de la tarde del domingo 20 de septiembre, cerca de Research Boulevard y Anderson Square. El herido fue identificado como Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, quien conducía un Toyota Corolla azul para realizar una entrega de DoorDash.
De acuerdo con su testimonio, una camioneta sin identificación golpeó su automóvil en dos ocasiones. Inicialmente, dijo, sus ocupantes no activaron luces ni sirenas que permitieran reconocerlos como agentes federales. Cuando finalmente se identificaron, le ordenaron entregar sus documentos y bajar del vehículo.
Garcés explicó que no intentaba escapar, sino estacionarse en un lugar seguro para evitar dejar el automóvil atravesado en la avenida. Tras realizar una vuelta en U comenzó una persecución durante la cual los vehículos volvieron a chocar y un agente le disparó por la espalda.
El migrante aseguró que permaneció dentro del automóvil después del disparo y que el agente ingresó por la fuerza para apagarlo, pero no le brindó ayuda. “Le estaba diciendo que me dolía demasiado, que no me podía mover. Estaba prácticamente desmayado”, relató.
Fue trasladado al Centro Médico Dell Seton, donde los estudios revelaron que la bala permanecía cerca de la columna vertebral y que también presentaba una fractura de clavícula. Los médicos determinaron no retirar el proyectil por el riesgo de causarle mayores daños.
“Estoy mal, tengo la bala ahí todavía. No he recibido la ayuda necesaria de los médicos”, expresó Garcés durante una llamada telefónica con periodistas. Al conocer que no sería operado, cuestionó: “¿Cómo me va a dejar la bala ahí?”.
Horas después fue dado de alta y trasladado bajo custodia al Centro de Procesamiento del Sur de Texas, ubicado en Pearsall, a unos 200 kilómetros de Austin. Según su relato, pasó la noche sobre el piso de concreto, seguía sangrando y únicamente recibió un analgésico durante la madrugada.
Su esposa, identificada como Elizdar, permaneció afuera del hospital buscando información, pero no pudo verlo y tampoco recibió una explicación clara sobre su traslado. Pasó la noche sin conocer el estado de salud de su esposo hasta que la defensa confirmó que había sido llevado a un centro migratorio.
Al comenzar a perder sensibilidad y movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, Garcés fue trasladado nuevamente a un hospital. “Finalmente recibí aviso de que Wilber fue llevado nuevamente a otro hospital para recibir tratamiento por parálisis en su lado izquierdo”, informó su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
La defensa señaló que el venezolano ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, solicitó asilo y recibió un permiso de trabajo. Sin embargo, se emitió una orden de deportación después de que faltara a una audiencia cuya notificación fue enviada a un domicilio anterior.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Garcés ingresó irregularmente a Estados Unidos y cuenta con una orden definitiva de deportación. La dependencia no ha explicado por qué el agente abrió fuego ni ha revelado si fue separado de sus funciones.
También existen contradicciones sobre la intervención. La Policía de Austin habló inicialmente de una persecución a pie, mientras el venezolano afirma que nunca salió del automóvil y que recibió el disparo dentro de la unidad.
La abogada pidió su liberación, atención médica adecuada y la suspensión de cualquier deportación mientras se investiga el ataque. “No hay ninguna justificación para haberle disparado detrás del cuello”, manifestó.
El alcalde de Austin, Kirk Watson, solicitó una investigación independiente con participación de la Policía local y los Texas Rangers. El Departamento de Seguridad Nacional y el FBI mantienen abierta la pesquisa, mientras habitantes y organizaciones defensoras de migrantes realizan protestas para exigir justicia y esclarecer el uso de la fuerza.
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