El caso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y de seguridad entre México y Estados Unidos acaba de dar un giro explosivo: el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses y ya se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn, Nueva York.

De acuerdo con reportes difundidos este viernes, Mérida Sánchez cruzó solo hacia territorio estadounidense por la Garita de Nogales, Arizona, el pasado lunes 11 de mayo, procedente de Sonora, donde quedó inmediatamente bajo resguardo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mejor conocidos como U.S. Marshals.

Tras una breve comparecencia en una corte federal de Tucson, Arizona, el exmando militar fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las prisiones federales más vigiladas de Estados Unidos, donde también han permanecido personajes ligados al narcotráfico internacional como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

Fuentes periodísticas señalan que Mérida Sánchez estaría separado de otros internos debido al alto perfil del caso y a la sensibilidad política de las acusaciones, aunque oficialmente las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente sus condiciones específicas de reclusión.

El general en retiro es señalado por fiscales federales estadounidenses de presuntamente haber protegido operaciones del grupo criminal “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la acusación, habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares a cambio de alertar sobre operativos policiales y brindar protección institucional.

Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante parte de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también enfrenta señalamientos en cortes estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico. Rocha ha rechazado todas las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque político contra su gobierno.

El caso representa además un golpe político delicado para el gobierno morenista de la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a que desde la oposición y diversos sectores críticos se insiste en que Morena impulsó y llevó al poder en Sinaloa a figuras hoy severamente cuestionadas, como el gobernador Rubén Rocha Moya y otros actores políticos vinculados a ese grupo político. Hasta ahora, la Presidencia de la República ha evitado reconocer cualquier responsabilidad política sobre el ascenso de dichos personajes dentro de las estructuras de poder sinaloenses.

La entrega voluntaria del exsecretario representa el primer golpe directo dentro del grupo de exfuncionarios y políticos sinaloenses requeridos por la justicia estadounidense, y podría abrir una nueva etapa de declaraciones, acuerdos judiciales y posibles revelaciones sobre presuntas redes de protección política al crimen organizado.

El movimiento del general ha provocado fuerte inquietud en círculos políticos de Sinaloa y del gobierno federal mexicano, debido a que Estados Unidos ya elevó el conflicto a nivel diplomático, acusando formalmente a funcionarios y exfuncionarios de haber operado presuntamente en favor del Cártel de Sinaloa.