El ex presidente municipal de San Fernando, Tomás Gloria Requena, quien fue investigado por las fosas clandestinas encontradas en abril de 2011 en ese municipio tamaulipeco, cavadas para ocultar cientos de cadáveres de víctimas de Los Zetas usando maquinaria que presuntamente era del municipio, aparecerá en la boleta electoral como candidato a diputado federal por la alianza “Juntos haremos historia” bajo las siglas de Morena y los partidos Verde y del Trabajo.

Gloria Requena fue presidente municipal por el PRI en San Fernando, de 2011 a 2013 y posteriormente tuvo cargos directivos en la Confederación Nacional Campesina (CNC). En su trienio se descubrió que 18 policías municipales colaboraban con Los Zetas bajando pasajeros de autobuses -entre mexicanos y migrantes centroamericanos-, que luego fueron encontrados torturados y asesinados  en 47 fosas clandestinas que contenían más de 193 cadáveres. Seis meses antes, cuando aún no gobernaba, en ese mismo municipio se encontraron los cadáveres de 72 migrantes masacrados, asesinados por el mismo grupo criminal en complicidad con los policías.

En la declaración ministerial que el 17 de junio de 2011 rindió Edgar Huerta Montiel, el líder Zeta señaló cómo usaban camionetas y una patrulla pick up de la policía de San Fernando, para llevarse a la gente que bajaban de los autobuses que llegaban a la central camionera el mes de marzo de 2011; “se les formaba a un lado del autobús, se les ataba las manos con candados que son unas tiras de plástico con sierra, luego se les subía a los vehículos mencionados y se les llevaba al monte”.  Si les parecían sospechosos -por tener números celulares de Matamoros, Reynosa, donde estaba el grupo enemigo, el Cártel del Golfo-, los asesinaban. “Se mataron como de 20 a 30 pasajeros por viaje por lo que fueron como 180 muertos”.

En las fosas encontradas en abril de 2011 fueron exhumados oficialmente 193 cadáveres. Personas del municipio aseguran que fueron el doble de esos cuerpos.

“Una vez muertos -prosigue la declaración del detenido-, se hacía un hoyo con una maquinaria de trascabo y enseguida se les enterraba, por lo cual se les echaba cal para que no oliera, luego la tierra encima, el trascabo lo manejaba un ayudante de ‘La Sombra’, el trascabo se obtuvo en préstamo por parte de Tomás, el presidente municipal de San Fernando, este presidente prestaba el trascabo del ayuntamiento, supongo que no sabía para qué era pero se lo prestaba a ‘El Sombra’.  El presidente es muy amigo de ‘El Coyote’, y sí se sabe que ‘El Coyote’ es de Los Zetas, el presidente está puesto con nosotros y al decir ‘puesto’ quiero decir que no hace nada para impedir lo que hacemos, que yo sepa no recibe dinero por parte de la organización, pero como no quiere dinero se hace de la vista gorda y nos dejaba operar”.

Las acusaciones recolectadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/411/2011, indican que los elementos de seguridad y tránsito municipal junto a los Zetas, bajaban a pasajeros de autobuses foráneos y prestaban sus camionetas para trasladarlos a los ejidos cercanos donde los torturaban, asesinaban y enterraban en fosas clandestinas. Recibían un salario de parte del grupo criminal.

La  recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2/2011/2817/Q/VG, sobre estos hechos, muestra los testimonios de sobrevivientes y conductores de autobuses que indican la participación coordinada del cuerpo policiaco y los Zetas, usando unidades del gobierno municipal. Además, refieren en dos ocasiones la utilización de trascabos para ocultar los cuerpos de los asesinados. Esos trascabos, según la declaración de Montiel al momento de ser detenido, eran de  la presidencia municipal.

“Al tercer día (del cautiverio), llegó una máquina de construcción denominada ‘mano de chango’ que hizo un hoyo profundo en las inmediaciones del terreno y ordenaron a dos de las personas que echaran al hoyo a los muertos”, contó un sobreviviente a la CNDH, según se lee en el expediente de la recomendación 2/2011/2817/Q/VG.

Documentos obtenidos por  la National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de la Universidad George Washington, tras litigar usando las  leyes de transparencia mexicana, reveló las siguientes declaraciones del policía -señalado también como sicario- Álvaro Alba Terrazas, “el Junior”: “Sé que los policías y tránsitos  de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”.

Por estos hechos la PGR tomó declaración a Gloria Requena dos meses después del hallazgo, y  -según se lee en el expediente-, el entonces edil dijo que no sabía de los secuestros masivos que ocurrieron en el municipio y aseguró que se enteró “una vez que le dieron manejo los medios de comunicación, tras una denuncia de un familiar de uno de los pasajeros, no recuerdo la fecha en que tuve conocimiento”.