Subieron por las redes sociales un 16 de octubre, el video cuando supuestos miembros del Cártel del Noreste tenían detenidos 12 camiones en la carretera Matamoros-Reynosa, que transportaban combustible y obligaron a los choferes, a tirar la gasolina en un terreno baldío.

Para Washington, las imágenes se convirtieron en la prueba de que el contrabando de combustible de Estados Unidos de Norteamérica a México, representa una industria criminal de alto crecimiento y hay señales de hacer algo.

El portal Código Magneta, publicó un profundo análisis de los congresistas de Estados Unidos para intervenir, cuyas señales se desglosan desde hace semanas.

El 20 de noviembre, tres congresistas de Texas Vicente González y Henry Cuéllar, uno de los políticos estadounidenses con más conexiones en la clase empresarial de Nuevo León y Tamaulipas, mientras que el otro firmante fue Dan Crenshaw, enviaron una carta a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos.

Allí, advirtieron que el huachicoleo pone en riesgo el T-MEC, el acuerdo de libre comercio que hizo de México el principal socio comercial, pero además, exigieron sanciones arancelarias para presionarlos a cumplir con su parte del tratado.

Pero ojo, Dan Crenshaw, es el republicano que está promoviendo una iniciativa en la Cámara de Representantes, para expandir las facultades y poderes militares de la Casa Blanca, con la finalidad de combatir a las organizaciones criminales mexicanas.

Esto significa que combatientes de Estados Unidos podrían patrullar en Matamoros, compartiendo información con los agentes del bunker instalado en la planta baja del Consulado de Estados Unidos en Matamoros.

La Ley de Declaración de Guerra contra los Carteles, son considerados como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y se enfoca en la estructura financiera de las organizaciones criminales.

Crenshaw es uno de los principales impulsores del nuevo consenso del Partido Republicano, que exige una intervención militar en México para hacer frente a los carteles, de los que se niegan a combatir.
En la carta enviada a Katherine Tai, el segundo párrafo hace referencia al incidente carretero del 16 de octubre de 2023, en Matamoros:

“Este ataque, es de gran preocupación dado que no es un evento aislado. El huachicoleo es una forma de robo y venta ilegal de combustible. Estamos preocupados que esta actividad prácticamente continuará incrementándose y que incluirá a otros bienes importados”.

El contrabando de combustible tiene referencias políticas, porque creció en el primer periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante la gestión de Ricardo Peralta Saucedo entonces administrador General de Aduanas (AGA).

Desde 2019, las actividades de Peralta despertaron sospechas en el aparato de inteligencia estadounidense. Peralta salió de AGA debido a un conflicto con su superior jerárquico, la entonces titular del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat.

El expediente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del Cártel de Los Chapitos, advierte que uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, presumía de un contacto en aduanas, que les permitió hacer del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el centro de operaciones del tráfico de Fentanilo.

Por eso a Peralta lo quitaron de Aduanas, pero se refugió en la Subsecretaría de Gobernación, donde forjó vínculos con grupos de autodefensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió la renuncia a Peralta en su momento, cuando estas conexiones se volvieron públicas.

De acuerdo con el portal Código Magneta, Peralta se convirtió en uno de los operadores electorales exitoso de Morena y ayudó a movilizar las estructuras, que permitieron al oficialismo ganar las gubernaturas de 2021, incluyendo la de Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas y la de los estados de la costa del Pacífico.

Peralta aparece como el estratega entre el negocio del tráfico ilegal de hidrocarburos (huachicoleo) y el financiamiento de campañas políticas.

En noviembre de 2021, el empresario Sergio Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León. En ese entonces, Carmona era considerado el principal operador de contrabando de combustible en el país y el principal mecenas de Morena en Tamaulipas y en la costa del Pacífico.

El hermano de Sergio Carmona, Julio, fue designado por Ricardo Peralta como administrador General de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas en 2019, de perfil bajo, logró introducirse en operaciones con el ahora exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su reducido grupo de amigos.

Después del asesinato de su hermano Sergio, Julio se habría convertido en testigo protegido del aparato de justicia de Estados Unidos, de acuerdo a personas cercanas al asunto, porque el resto de los morenistas de Tamaulipas, niegan conocerlo.

Desde la aduana de Reynosa, en la época de gobernador Cabeza de Vaca, se operó un entramado de tráfico ilegal de hidrocarburos que, según la declaración que Julio Carmona hizo a agentes de la DEA, obtenía ganancias de 360 millones de pesos al año.

De manera paralela, las empresas de los hermanos Carmona, Grupo Industrial Joser y Grupo Industrial Permart obtuvieron contratos federales irregulares por al menos en un mil 500 millones de pesos, de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera mostrada a Código Magenta.

La cercanía de los Carmona con la clase política se hizo patente en los vuelos de importantes figuras de Morena en el avión privado matrícula XB-PND, propiedad de estos empresarios, así como en un mecanismo de préstamo de camionetas de lujo a políticos.

Erasmo González, diputado federal de Morena, muy cercano al dirigente nacional Mario Delgado y presidente de la Comisión de Presupuesto, utilizaba una camioneta Grand Cherokee con placas WTF-420-A, que estaba a nombre de una empresa de los Carmona.

A seis meses de la elección presidencial en México, la carta enviada por González, Cuéllar y Crenshaw vuelve a colocar el caso Carmona en la agenda pública.

Se expone en la carta, de acuerdo con Código Magneta, la conexión de Morena con este expediente, ya habían sido explorados por denuncias públicas independientes de Porfirio Muñoz Ledo, durante la sucesión del partido en 2021, y de Javier Coello Trejo, abogado defensor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en marzo de 2023.
Javier Coello, defensor de Cabeza de Vaca dijo en su momento:

“Recordemos que Sergio Carmona, en colusión con Mario Delgado, se apoderaron de las aduanas y del negocio del huachicol, pretendiendo entregar el estado a la delincuencia organizada, situación que ha sido de conocimiento público a través de los medios de comunicación”.

“El gobierno de Estados Unidos inició una investigación en contra de estas personas mencionadas”, aseguró Coello Trejo, cuyo cliente, Francisco García Cabeza de Vaca, tuvo una relación diplomática estrecha con el congresista Henry Cuéllar, uno de los autores de la carta, pero también con Sergio Carmona.

Aunque los congresistas enviaron este documento a Katherine Tai desde el 20 de noviembre, la carta tomó relevancia pública el 6 de diciembre, dos días después del encuentro entre Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México y Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México.

En la reunión, Gálvez expresó dos preocupaciones: el riesgo de que el país se enfrente a una elección de Estado y a la intervención política del crimen organizado. Por lo tanto Washington ya tomó nota y hace planes.