Votó el crimen organizado sin integrar un padrón, sin hacer fila, sin capacitar a funcionarios electores, de montar casillas y de contar los sufragios, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia contra actores políticos dentro del proceso electoral del 2 de junio en México, donde perdieron la vida al menos 57 personas, desde junio de 2023 a la actualidad.

Desde la sede de la CIDH en Washington, funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestaron su preocupación por la violencia contra candidatos fallecidos en el contexto electoral, que viene registrándose por lo menos desde 2023.

En muchas ciudades del país, el resultado formal de los comicios será el reflejo de su voluntad. Gobernarán presuntamente quienes hayan decidido los delincuentes y si estos servidores públicos incumplen con sus expectativas, en breve serán eliminados, como sucedió con un centenar de alcaldes y exalcaldes en lo que va del sexenio federal.

Así le pasó a Noé Ramos Ferretiz, de El Mante, Tamaulipas, que buscaba la reelección y en vísperas de las elecciones a Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, vicecoordinador del PAN en la campaña por la presidencia municipal de Padilla, Tamaulipas.

También asesinaron a Humberto Amezcua, presidente municipal de Pihuamo, Jalisco, que buscaba la reelección; Conrado Mendoza, de San Miguel Totolapan, Guerrero; Guillermo Torres Rojas, de Churumuco, Michocán; Isauro Ambrosio Tocohua, de Rafael Delgado, Veracruz y a Crispín Ordaz Trujillo, que gobernó cuatro veces Ébano, San Luis Potosí.

También fueron asesinados este sexenio Luis Gerardo Ruiz Arriaga, de Huanímaro, Guanajuato; Joaquín Martínez López, de Chahuites, Oaxaca; Julián Bautista Gómez, de Amatenango del Valle, Chiapas; Guillermo Cortés Escandón, de Teotlalco, Puebla; Benjamín López Palacios, de Xoxocotla, Morelos; Manuel Aguilar García, de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; Gregorio Arias Pérez, de Comalcalco, Tabasco, y Carlos Ignacio Beltrán, de Temósachic, Chihuahua.

El proceso electoral, a punto de culminar con los comicios del 2 de junio, quedará marcado por el asesinato contra José Alfredo Cabrera en Coyuca de Benítez. Mientras el candidato caminaba entre sus simpatizantes, en su cierre de campaña en Las Lomas, su comunidad natal, un sicario se le acercó por detrás y le disparó dos tiros en la nuca para después rematarlo en el piso.

En comunicado de prensa, la CIDH aseguró que ha tomado nota de que “desde el mes de marzo de 2024 se registró, por lo menos el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas”, y adicionalmente, el Estado informó sobre el homicidio de nueve personas aspirantes o que no contaban con registro de candidatura oficial, pero que habían manifestado su deseo de competir en la contienda electoral.

A estos datos se le agregan que, entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulaciones habrían sido asesinadas, de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura”, señalaron funcionarios de la CIDH.

Al recordar que el próximo 2 de junio están en juego 20 mil 700 puestos de elección popular, la CIDH advirtió que “se encuentra monitoreando las medidas adoptadas” para la prevención de la violencia y reconoció los esfuerzos del Estado para evitar la violencia y responder cuando ocurra.

¿Y?

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador son “las más libres y limpias de la historia de México”, aunque estén manchadas por la violencia y la intervención constante del mandatario para inclinar la balanza a favor de su partido sin citar al crimen organizado.