El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se volvió a colocar en el centro del debate internacional tras anunciar que su país alcanzó mil días sin homicidios desde que inició su administración en 2019, un logro que según el mandatario refleja que la nación avanza hacia convertirse en una de las más seguras del mundo y que prefirió no dar un discurso oficial sino escribir en sus redes sociales para que la población reflexionara sobre el pasado de violencia que mantuvo con fuerte angustia a millones de salvadoreños.

Durante décadas, el país estuvo dominado por pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que llegaron a controlar barrios enteros, imponer toques de queda y cobrar extorsiones que sumaban miles de millones de dólares al año. En 2015 la situación alcanzó un punto crítico, con más de seis mil asesinatos y una tasa de homicidios que superaba las 100 muertes por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

La ofensiva de Bukele arrancó en marzo de 2022, después de un fin de semana sangriento en el que las pandillas mataron a 62 personas en menos de 24 horas. En respuesta, el Congreso aprobó el régimen de excepción, que eliminó garantías como el derecho a conocer las razones de una detención o el acceso inmediato a un abogado. Desde entonces, soldados y policías han patrullado las calles, se han instalado retenes en comunidades enteras y se han llevado a cabo más de 88 mil capturas, aunque el propio gobierno admite que alrededor de 8 mil personas arrestadas resultaron ser inocentes y fueron liberadas.

El impacto en los índices de violencia ha sido evidente. En 2024 se registraron apenas 114 homicidios y en lo que va de 2025 suman 52, lo que coloca a El Salvador entre los países más seguros de América Latina en términos estadísticos. Sin embargo, estas cifras no incluyen las muertes ocurridas dentro de prisiones ni las derivadas de enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, un penal de máxima seguridad con capacidad para 40 mil internos, el país también se convirtió en la nación con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo: casi 2% de su población está tras las rejas.

El costo de esta política ha generado fuertes cuestionamientos. Organismos nacionales e internacionales han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y al menos 400 muertes bajo custodia estatal. Policías salvadoreños han reconocido presiones para cumplir cuotas de arrestos y se han denunciado irregularidades en la presentación de pruebas. Además, reformas legales recientes que limitan la labor de periodistas y organizaciones civiles han sido señaladas como intentos de silenciar la crítica.

Pese a ello, la popularidad de Bukele no cede. Encuestas locales le otorgan más de 80% de respaldo, en buena medida porque la población asegura sentirse más segura en las calles. El mandatario celebra que El Salvador dejó atrás la etiqueta de “capital mundial del asesinato”, aunque para sus críticos el precio ha sido demasiado alto: un modelo que prioriza la seguridad a costa de derechos fundamentales y que aún divide opiniones dentro y fuera del país.