Las cámaras de Comercio de Tamaulipas exigieron a los ayuntamientos eliminar requisitos innecesarios, documentos duplicados e inspecciones discrecionales que dificultan la apertura y operación de pequeños negocios, además de propiciar posibles actos de corrupción.

El reclamo fue respaldado por dirigentes de la Canaco Servytur de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Ciudad Mante, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Ciudad Victoria, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Valle Hermoso y Camargo, quienes pidieron cumplir con el Pacto Nacional por la Simplificación y Digitalización.

“La ley ya cambió. Ahora deben cambiar los municipios”, advirtieron los organismos empresariales al señalar que la digitalización dejó de ser una promesa política y se convirtió en una obligación para los gobiernos municipales.

Un diagnóstico presentado por la Concanaco identificó 171 trámites que afectan a establecimientos mercantiles en el país. De ese universo se seleccionaron ocho procesos prioritarios: cuatro estatales y cuatro municipales.

En los estados se busca simplificar la instalación de anuncios publicitarios, las licencias para venta de alcohol, las gestiones de catastro y las licencias sanitarias. En los municipios, la mayor carga burocrática se concentra en uso de suelo, licencias de funcionamiento, permisos de publicidad y dictámenes de Protección Civil.

Para un proyecto empresarial complejo, el procedimiento podía alcanzar 51 trámites y 466 requisitos, con un tiempo acumulado de hasta 2.6 años. La Ventanilla Digital Nacional de Inversiones pretende reducirlo a 32 trámites y 127 requisitos, con un plazo máximo de un año.

De los 32 procedimientos previstos, cinco corresponderán a la constitución de la empresa, 19 a la construcción o adecuación del establecimiento y ocho a su operación. La disminución representa 19 trámites menos y la eliminación de 339 requisitos, casi tres cuartas partes de la carga documental anterior.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que el propósito es que existan “los mismos trámites, mismos requisitos y mismos tiempos” en los tres niveles de gobierno, mediante una plataforma completamente digital.

Los ejemplos de burocracia innecesaria aparecen cuando distintas oficinas piden varias veces la identificación del propietario, comprobante de domicilio, acta constitutiva, documentos del inmueble, croquis, fotografías y copias certificadas que otra dependencia municipal ya posee.

También se han detectado casos en los que un negocio debe tramitar por separado el uso de suelo, alineamiento y número oficial, compatibilidad urbanística, licencia de funcionamiento, permiso de anuncios, visto bueno de Protección Civil y autorización ambiental, aunque varias revisiones recaen sobre el mismo domicilio y la misma actividad comercial.

En municipios de Colima, un diagnóstico encontró que más de la mitad de quienes solicitaron permisos de uso de suelo, construcción, demolición, alineamiento o número oficial enfrentaron problemas porque los requisitos no estaban publicados claramente o porque recibieron información incorrecta.

En Tijuana, Baja California, la Concanaco promovió la instalación de un quiosco para presentar denuncias anónimas por presuntas solicitudes de dinero y actos irregulares de servidores públicos durante la realización de trámites municipales.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur México, afirmó que el problema principal se encuentra en los ayuntamientos.

“El dolor de cabeza no son los estados, el dolor de cabeza son los municipios. Ese es donde tenemos los problemas en trámites y la extorsión no sucede en el estado, la extorsión sucede en la calle”, declaró el dirigente empresarial.

De la Torre advirtió que trasladar los mismos procedimientos a internet no solucionará el problema si se conservan requisitos repetidos, decisiones discrecionales y plazos indefinidos.

“La digitalización no debe ser pasar la burocracia del papel a una pantalla. Digitalizar debe significar quitar duplicidades, reducir requisitos, dar certeza, fijar plazos y hacer más fácil abrir, operar, cumplir y crecer”, puntualizó.

Las áreas municipales consideradas de mayor riesgo son Desarrollo Urbano, por los permisos de uso de suelo, construcción, alineamiento y número oficial; Protección Civil, por inspecciones, dictámenes y programas internos; Ingresos y Comercio, por licencias de funcionamiento y cobros; Ecología, por autorizaciones ambientales; y las oficinas responsables de anuncios, alcoholes e inspección de establecimientos.

El riesgo aparece cuando los requisitos no están publicados, cambian de una ventanilla a otra o quedan sujetos a la interpretación del inspector. En esas condiciones, el servidor público puede retrasar una autorización, pedir documentos adicionales, amenazar con multas o clausuras y ofrecer posteriormente una supuesta solución.

Los permisos relacionados con la propiedad, el uso de suelo y la construcción figuran históricamente entre los más vulnerables. Los pagos irregulares suelen solicitarse para acelerar un trámite, conseguir su aprobación o evitar una sanción.

“Cada hora que un negocio familiar dedica a trámites interminables es tiempo que no se usa para vender, innovar o generar empleo”, sostuvo Octavio de la Torre.

Hasta agosto de 2026, 168 municipios se habían incorporado a la plataforma nacional para establecimientos mercantiles, pero solamente 23 la utilizaban activamente, lo que refleja la resistencia o lentitud de buena parte de los ayuntamientos para abandonar sus procedimientos tradicionales.

Las cámaras de Comercio informaron que presentaron 2 mil 008 oficios para que gobiernos municipales y otras autoridades informen qué han hecho, cuáles medidas permanecen pendientes y cuándo cumplirán con la legislación.

Los organismos empresariales de Tamaulipas ofrecieron colaboración técnica, pero advirtieron que harán públicos los resultados para que la ciudadanía sepa qué ayuntamientos simplificaron sus trámites y cuáles continúan manteniendo una estructura burocrática que afecta a comerciantes y negocios familiares.

“Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Cada requisito duplicado cuesta dinero. Cada proceso discrecional abre una puerta a la corrupción”, establecieron las cámaras firmantes.

La exigencia se resume en cuatro puntos: menos trámites, menos discrecionalidad, menos corrupción y más oportunidades.