Los desnudan para avergonzarlos, los atan a un poste, los muelen a palos, los golpean hasta dejarlos inconscientes, los queman vivos… y la policía llega tarde o no llega.

El hartazgo de pobladores cansados por un sistema judicial poco confiable convoca cada día al linchamiento de personas sintientes como cualquiera a los que jamás se les comprueba el delito por el que fueron perseguidos, avergonzados y torturados hasta la muerte, pero que ante los ojos del pueblo fueron culpables, muy culpables.

El caso de linchamiento más reciente corresponde a Sergio Saavedra Torres, policía ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo que, al intentar cumplimentar junto a otro agente una orden de aprehensión en contra de huachicoleros la noche del domingo 23 de octubre, la comunidad entera de Santa María Asunción impidió la detención de estos y, en cambio, comenzaron a agredir a los uniformados, pese a la presencia de dos policías municipales y dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que en cámara jamás se les vio impedir el homicidio de Sergio Saavedra Torres.

En las imágenes se le ve a la víctima ensangrentada y siendo arrastrada por los pobladores con una soga al cuello, completamente inconsciente.

El otro agente ministerial logró escapar del ataque y alertó a personal de la Cruz Roja que, al arribar al lugar, encontró a Sergio Saavedra Torres inmóvil en el ardiente suelo y con el rostro desfigurado por los golpes, desplazándolo de emergencia al Hospital Regional de Tulancingo, en el que médicos recomendaron su traslado al Hospital del ISSSTE de Pachuca, donde finalmente perdió la vida la tarde del lunes 24 de octubre por la gravedad de sus lesiones.

A dos semanas de su homicidio, ninguno de los habitantes de Santa María Asunción ha sido responsabilizado por su linchamiento a la par que se desconoce si se logró ejecutar la orden de aprehensión en contra de los huachicoleros que los pobladores defendieron a muerte.

Del 2017 a la fecha, noviembre de 2022, han ocurrido 8 linchamientos en Santa María Asunción, Hidalgo, mismos en los que han muerto 10 personas y dos más quedaron con secuelas permanentes, alertando a las estadísticas del violento accionar de sus habitantes.

Y es que distintas comunidades forman sus propios grupos de autodefensa, para advertir abiertamente de la intolerancia que tienen a las prácticas delincuenciales, motivados por la profunda desconfianza en los órganos judiciales para la materialización de condenas efectivas en delincuentes, más recurrentemente en Puebla, Estado de México, Tabasco, Ciudad de México e Hidalgo, las regiones que han liderado las cifras de linchamiento en el país durante la última década.

Ante esto, la académica mexicana Gema Kloppe-Santamaría, autora del condecorado ensayo sobre los linchamientos en la época del México posrevolucionario, En la vorágine de la violencia: linchamientos, justicia extralegal y el Estado en el México posrevolucionario, explicó en entrevista con El País, que la manera en que históricamente los linchamientos han sido leídos por la ciudadanía ha sido:

“’Bueno, esto ilustra la ausencia del Estado’, o se habla de un Estado en crisis porque no hay suficientes policías. Pero no, esto es parte de una larga trayectoria histórica de cómo ha sido la negociación entre Estado y ciudadanos en términos de cómo se administra la justicia”, finalizó la analista.

Otro caso de linchamiento que cobró protagonismo en junio de 2022, esta vez en la comunidad de Papatlazolco (Huauchinango) a 170 kilómetros de la capital mexicana, fue el del joven abogado de profesión, Daniel Picazo Hernández de 31 años, quien fue agredido tumultuariamente por los pobladores luego de que como fuego se extendiera el rumor a través de un audio de la aplicación WhatsApp acompañado de imágenes con el logotipo de la inexistente PGR, hoy Fiscalía, de que foráneos estaban raptando niños para traficar con sus órganos.

He aquí un fragmento del audio:

Supuesto audio que habría incitado linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla.
Fue difundido a través de WhatsApp. pic.twitter.com/oBKzup1ac6

— Dul (@DwllC) June 16, 2022

“Esa información que circuló ya tiene algunos años. Esas mismas fotos corrieron no solo aquí, sino a nivel nacional, en otras partes de México”, explicó para BBC Mundo el periodista Pablo Torres, desde Huauchinango.

Dicho infundio significó la muerte para Daniel Picazo la noche del viernes 10 de junio de 2022, luego de que éste arribara en su furgoneta con placas de la Ciudad de México a la comunidad de Papatlazolco para pasar sus días libres en la casa que heredó de su abuelo.

Al instante fue detenido por los habitantes que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo arrastraron hasta la cancha de la comunidad donde lo inmovilizaron con ayuda de unas cuerdas, lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego hasta asesinarlo, sin que nadie tratara de evitarlo.

Este caso en particular fue condenado por la opinión pública, pues Daniel Picazo recién había terminado de cursar una maestría y hasta marzo de este año fungió como asesor de la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Joanna Felipe Torres.

Por lo que familiares y amigos de Daniel Picazo se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal de Huauchinango para exigir justicia.

Días más tarde, detuvieron y vincularon a proceso a cinco responsables, así como también a otros dos hombres asociados al linchamiento por testigos, quienes rindieron declaración a las autoridades ministeriales en las labores de investigación; el desenlace de dicho operativo fue expuesto por el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

En la cancha del municipio, aún con el asfalto ennegrecido por el linchamiento de Daniel Picazo, sus allegados y familiares le dejaron veladoras formando una cruz con ellas, algunas flores y fotografías suyas, brindándole honor a su recuerdo.

A Daniel Picazo le fabricaron el delito por el que murió, hoy sus restos descansan en el cementerio de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, Ciudad de México, donde sus allegados le dieron el último adiós el 13 de junio.

Desde Huauchinango, el periodista Pablo Torres Lerma externó que es poco común este agresivo comportamiento en los habitantes de Papatlazolco, pues es una comunidad indígena de tan sólo 2 mil 600 personas:

“Conozco esas comunidades y las he recorrido. Estas poblaciones no se caracterizan por tener esta conducta de manera recurrente. Yo considero que fue un hecho provocado por la desinformación y la euforia de la gente. Pero no son poblaciones que se caracterizan por la violencia permanente”, explicó para el portal informativo BBC News Mundo.

A su vez afirmó que, aunque estas comunidades tienen algunas posibilidades de desarrollo, presentan cierto rezago porque es gente que, en su mayoría, carece de un buen nivel de estudios:

“Lo que provoca en ellos, en muchos casos, ignorancia”.

Sus palabras coinciden con la académica Gema Kloppe-Santamaría quien, tras haber estudiado 300 casos de linchamientos, determinó que este fenómeno de violencia no es una expresión del rechazo al proyecto modernizador del Estado, uno que cobra impuestos y recluta jóvenes para el servicio militar, sino el resultado de la exposición de estas comunidades a los procesos de urbanización acelerados, pues el gobierno cuando se ha hecho presente actúa de manera reactiva, punitiva:

“No se ha hecho presente en términos de infraestructura o servicios; como el gobierno que debería proveer servicios de salud y transporte digno, ese Estado, se encuentra ausente” explicó Gema Kloppe-Santamaría para El País.

Otro caso que particularmente impactó a nivel nacional, esta vez en septiembre de 2021, fue el linchamiento de José Luis Jaime Vital de 35 años y Enrique Manuel Solano de 21, a manos de pobladores de Huitzilac en Morelos, quienes tras sorprenderlos dentro de una morada robando objetos de valor, los capturaron, golpearon, apedrearon, desnudaron y les arrebataron la vida quemándolos vivos, todo esto frente al propio alcalde de la ciudad.

Oficiales de Huitzilac intentaron salvaguardar la integridad de José Luis y Enrique Manuel llevándolos a los separos policíacos más cercanos, pero fueron superados en número y fuerza por los habitantes que, cubiertos de pies a cabeza para ocultar su identidad, rompieron los candados de las celdas y los sacaron nuevamente a patadas a las afueras de Presidencia para continuar torturándolos.

Como último recurso del ayuntamiento para controlar a la masa enardecida, se apareció el entonces edil de Huitzilac, Ulises Pardo Bastida para intentar mediar la situación con los habitantes, pero éstos en cambio lo hicieron a un lado manoteándolo y empujándolo mientras le reclamaban frente a Palacio Municipal.

La voz del linchamiento era la consigna.

Asimismo, habitantes entre gritos y empujones azorrillaron a reporteros locales para alejar sus cámaras de la zona donde prendieron fuego a los delincuentes para que ninguno de los involucrados pudiera ser incriminado por los homicidios de José Luis y Enrique Manuel.

Obteniendo así, sin la fuerza elemental necesaria de la autoridad para detener las múltiples agresiones, el cometido más atroz que pueden cometer las masas: prender fuego hasta consumir la vida de otros seres humanos igual de sintientes que cualquiera…