Un juez de control del poder judicial emitió órdenes de captura para 12 elementos del Grupo Gopes pertenecientes a la Policía del Estado, tras encontrar elementos suficientes donde se les acreditó su participación en la ejecución e incineración de 18 hombres y una mujer, 15 de ellos migrantes procedentes de Guatemala y El Salvador que fueron sacrificados en Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas.

En conferencia de prensa el titular de la Fiscalía Irving Barrios dio a conocer que los elementos policiacos ya fueron detenidos y podrían alcanzar penas hasta de 50 años de prisión por su participación en los hechos donde se les imputan delitos como declarar falsamente ante una autoridad, alterar la escena del crimen, abuso de autoridad y homicidio calificado.

Barrios enfatizó que son al menos doce uniformados los que intervinieron en la masacre dejando entrever que puede haber más tal es el caso de una mujer Policía Estatal con mando en Camargo a la que se le conoce con el apodo de La Gorda, Mayra Elizabeth Vázquez, que se menciona en redes sociales como quien presuntamente dio la orden de ultimarlos, al estar involucrada con grupos del crimen organizado que operan en esa región y se disputan el control del tráfico de personas hacia los Estados Unidos de América.

Hasta el momento oficialmente solo se han identificado a cuatro de los occisos debido a la dificultad por la calcinación de los cuerpos entre ellos a Juan N., dueño de la camioneta Sequoya Toyota, a Daniel P., ambos mexicanos; a Élfego D., y a Marvin los dos guatemaltecos.

Ante esta barbarie el secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas José Jorge Ontiveros Molina, ha guardado silencio pues en torno al grupo Gopes los mismos uniformados en sus incursiones han establecido que dependen directamente de las órdenes del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Este grupo policial especial Gopes apenas unos meses se hacía llamar Caiet (Centro de Análisis Informacion y Estudios de Tamaulipas) creado para combatir el crimen organizado, pero cambiaron de nombre ante las brutales ejecuciones extrajudiciales que realizaron en Laredo, Reynosa, Matamoros y Rio Bravo, donde acumularon muchas denuncias por su letalidad fuera de toda legalidad, actuando sin respetar los derechos humanos.