La muerte de Monika Silva, activista de origen polaco y residente en la provincia de Santa Elena, Ecuador, generó reclamos de organismos internacionales de derechos humanos y de distintos sectores políticos, luego de que autoridades inicialmente señalaran el caso como un suicidio, mientras posteriormente surgieron nuevos elementos en la investigación que apuntan a una posible muerte violenta.

El fallecimiento ocurrió el 8 de junio y los informes forenses conocidos posteriormente determinaron que la activista presentaba lesiones compatibles con un homicidio, incluyendo un fuerte golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento, por lo que la Fiscalía ecuatoriana investiga el caso como un presunto feminicidio, Silva había denunciado previamente posibles irregularidades relacionadas con tráfico de tierras, corrupción local y otros hechos que involucraban a funcionarios y actores políticos.

Ante la situación, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos y evitar actos de persecución o criminalización, además la Unión Europea, la embajada de Polonia en Perú con representación para Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron una investigación rápida, independiente y transparente para esclarecer el caso.